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Por lo que consideró "un mal manejo de los recursos del Ramo 23 durante el año 2017 en 18 municipios del estado", el miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Juan Ramón Infante Guerrero entregó denuncia por escrito ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En documento fechado de recibido el pasado 23 de mayo, el quejoso señala que del ramo federal se recibieron 750 millones de pesos para el estado durante 2017, recurso que se repartió solamente entre 18 municipios, destacando los casos de Moctezuma que recibió 152 millones y Real de Catorce que recibió 83 millones.
También dijo que en la lista de favorecidos figura Ébano, municipio cuyo alcalde destapó el caso de la "Ecuación Corrupta" y que por cierto fue reelegido para otros tres años de gestión.
El principal argumento del CPC es que municipios como los ya citados registran fuertes carencias tanto en obras y servicios, asegurando que hay casos documentados de obras inexistentes, inconclusas o sobrevaluadas.
Infante Guerrero, acompañado por otros consejeros como José Leyva Nava, Jesús Sierra Acuña y Carlos Espinoza, además de Ramón Pecina como integrante del Comité de Selección del SEA, aseguró que el Consejo de Participación Ciudadana seguirá trabajando "a pesar de ser incómodo, porque no fuimos elegidos a la carta" y criticó que el organismo haya sido tan obstaculizado por nacer "en un estado donde existen prácticas tan corruptas".
Lamentó que integrantes del Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción como Juan Ramiro Robledo Ruiz o Paulina Sánchez Pérez del Pozo no asistan a las reuniones convocadas por el CPC, con la intención de seguir "empantanando" el funcionamiento del Consejo.
