Reapertura de caso Pontigo, ejemplo a seguir: AI

Así como el caso de Karla pudo reabrirse y en la actualidad se realiza una indagatoria más apegada a Derecho, esto se tiene que hacer en todos los asuntos de feminicidios en México, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional México (AI).

Para lograrlo, se requiere voluntad política de todas las autoridades involucradas, es decir, desde los Ministerios Públicos hasta los policías investigadores, consistente en poder brindar todos los recursos que sean necesarios para acabar con la impunidad de ese delito, argumentó la defensora de Derechos Humanos.

Ello, puntualizó, se traduce en suficiencia de recursos humanos, materiales, cámaras fotográficas, espacios adecuados para el resguardo de pruebas, especialización  técnica, conocimiento sobre los protocolos de acción, así como seguimiento del aparato normativo y administrativo.

Además del dolor  y el duelo provocado por un feminicidio, señal que las familias tiene que “enfrentar” al sistema de procuración de justicia, dado se ven obligadas a exigir la realización de la investigación, incluso, en algunos casos deben impulsar la misma “y pasan a ser revictimizadas”.

"Después de enfrentar el dolor del asesinato de su hija, del feminicidio de Karla, una madre como Esperanza Lucciotto López se ha vuelto casi una experta en cómo se debe de investigar un feminicidio en México”, expuso.

Complejidad para acreditar las razones de género; carencia de recursos materiales por parte de las y los Agentes del Ministerio Público, no solo en términos de capacitación, sino de peritos especialistas; cantidad del personal adscrito a la Policía de Investigación (PDI) y otras que pueden proporcionar datos de pruebas suficientes para integrar las carpetas de investigación, son entre otras causas, lo que genera el bajo número de sentencias por feminicidio, consideró Fátima Patricia Hernández Alvizo, abogada feminista y asesora victimal, quien complementa que tal delito es de acreditación compleja, es decir, genera carga el número y la cantidad de diligencias al Ministerio Público para acreditar las razones de género, y “eso puede llegar a demorar”. 

Posteriormente tiene que ver con el propio sistema penal, que en muchos casos, suele generar cargas adicionales para obtener el estándar probatorio, dependiendo de la etapa judicial en que se encuentre, argumenta.