A-AA+
Debido a que la entonces Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no determinó el expediente administrativo de investigación en contra de los servidores públicos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 20/2018 a Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de esa dependencia.
De acuerdo con los datos recabados en el expediente de queja 1VQU-0049/18, el afectado refirió que el 19 de marzo de 2017 la CEDH emitió la Recomendación 4/2017 al organismo fiscalizador, donde en el primer punto recomendatorio, se solicitó que se colaborara en la indagatoria que iniciara el Órgano de Control Interno hacia el referido personal.
El quejoso comunicó que el documento fue aceptado, sin embargo, la Contraloría Interna de esa institución a la fecha no ha determinado el expediente administrativo de investigación en contra de los involucrados.
La ASE informó que de acuerdo con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el nombramiento del Titular de la Contraloría Interna de la Auditoria Superior del Estado, fue abrogado en el decreto No. 639, del 23 de mayo de 2018, por lo tanto la persona electa, pasa a formar parte de la Unidad de Evaluación y Control, de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Según la investigación del organismo autónomo local, se vulneraron los derechos del ciudadano por omisiones que provocaron dilación en la procuración de justicia administrativa, es decir, integrar el expediente y determinar si existen o no las faltas administrativas de los servidores públicos señalados.
“Se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso, se vulneró el derecho al acceso a la justicia en materia administrativa, por dilación en la determinación del Procedimiento Administrativo de Investigación, omisión atribuible a la entonces Contralora Interna de la Auditoría Superior del Estado”, juzgó la CEDH.
De acuerdo con los datos recabados en el expediente de queja 1VQU-0049/18, el afectado refirió que el 19 de marzo de 2017 la CEDH emitió la Recomendación 4/2017 al organismo fiscalizador, donde en el primer punto recomendatorio, se solicitó que se colaborara en la indagatoria que iniciara el Órgano de Control Interno hacia el referido personal.
El quejoso comunicó que el documento fue aceptado, sin embargo, la Contraloría Interna de esa institución a la fecha no ha determinado el expediente administrativo de investigación en contra de los involucrados.
La ASE informó que de acuerdo con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el nombramiento del Titular de la Contraloría Interna de la Auditoria Superior del Estado, fue abrogado en el decreto No. 639, del 23 de mayo de 2018, por lo tanto la persona electa, pasa a formar parte de la Unidad de Evaluación y Control, de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Según la investigación del organismo autónomo local, se vulneraron los derechos del ciudadano por omisiones que provocaron dilación en la procuración de justicia administrativa, es decir, integrar el expediente y determinar si existen o no las faltas administrativas de los servidores públicos señalados.
“Se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso, se vulneró el derecho al acceso a la justicia en materia administrativa, por dilación en la determinación del Procedimiento Administrativo de Investigación, omisión atribuible a la entonces Contralora Interna de la Auditoría Superior del Estado”, juzgó la CEDH.
