Reprueba la Fiscalía Anticorrupción de SL estudio del Tec de Mty

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (FEDRHC) de San Luis Potosí, que ha contado con titulares en forma intermitente desde el 29 de enero de 2018, obtuvo una calificación de cero en eficacia por parte de la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública del Tec de Monterrey.

De acuerdo al documento “Fiscalías anticorrupción: un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados”, la fiscalía anticorrupción potosina no ha emitido sentencia alguna en lo que lleva de existencia. Cuando mucho, de acuerdo a una respuesta ofrecida por la Fiscalía General del Estado, de la que depende la FEDRHC, acordó 6 imputaciones, que no prosperaron porque los involucrados en ellas “se han acogido a salidas alternas”.   

El portal detectó que en una revisión de doce indicadores para conocer su grado de autonomía, la fiscalía potosina sólo cumplió con cinco. Entre las omisiones estaban la de contar con un presupuesto propio, la de fijar una duración concreta de los responsables en el cargo y contar con servicio profesional de carrera.  

En el inventario de asuntos procesados, se refiere a que a lo largo de la existencia de la Fiscalía Especializada, hay ocho denuncias de asuntos relevantes que deberían contar con un seguimiento específico, pero resulta que ninguna de ellas ha derivado en una sentencia condenatoria.

El análisis reconoce en la Fiscalía Anticorrupción de San Luis Potosí, la poca participación del estado para mantenerlo con un fondeo suficiente, y presupuestalmente oxigenado.

También presenta una eficacia de cero por ciento, y es un indicador de que no ha sido capaz de judicializar los casos que lleguen a sus mesas de Ministerio Público.

La judicialización es una obligación del Ministerio Público, con independencia de que los jueces y en su caso magistrados determinen sentencias condenatorias o absolutorias, o en su caso sobre seguimiento de juicios que en todos los casos darían cuenta de que hay participación en la integración de las carpetas de investigación de casos.