Retrasar proceso electoral divide a legisladores

La afirmación del consejero del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana (Ceepac), Marco Iván Vargas Cuellar, quien dijo que aplazar el inicio del proceso electoral no contribuye a la reducción del gasto público o a una mejor fiscalización de los recursos, provocó diversas reacciones integrantes del Congreso del Estado. 

El diputado Edmundo Torres Cano, recordó que fue el único legislador que se abstuvo de la aprobación del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, misma que se presentó en el Pleno para su discusión. 

Agregó que se abstuvo ya que se encuentra valorando los alcances que puede tener el retraso del proceso electoral al 2 de enero del año 2024, iniciativa que fue presentada por la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, quien aún a la fecha desconoce cuánto es el supuesto ahorro que se lograría. 

“Estoy en abstención en el dictamen hasta no tener todos los elementos sobre cuánto es el ahorro y cuántas las implicaciones que va a tener para el buen desarrollo del proceso electoral”, detalló el legislador. 

Por su parte, el diputado sin partido, Mauricio Ramírez Konishi, aseguró que retrasar los tiempos, podría poner en riesgo el proceso electoral del 2024, generar confusión entre la ciudadana e inclusive poner en riesgo la legitimidad de las elecciones.

“Ante la falta de claridad de cuáles serían los beneficios administrativos o económicos de poder retrasar hasta el mes de enero el proceso electoral, esto puede poner en riesgo de que se judicialice el proceso electoral del 2024, no es momento de presionar”, detalló. 

Consideró que se debe tomar en cuenta la advertencia que realiza el consejero Marco Iván Vargas, sobre las presiones administrativas en la organización del proceso electoral al Ceepac, al acortar los tiempos, por tal motivo, el legislador adelantó que votará en contra del dictamen. 

Aparte, la legisladora Lidia Vargas aseguró que las declaraciones del consejero electoral son erróneas ya que con el ajuste a la duración del periodo electoral se evita la erogación de recursos públicos para la renta de inmuebles, así como los sueldos del personal contratado exclusivamente para la jornada electoral.

“Hago un llamado a la ciudadanía que no se deje mal informar por personas que se oponen a esta medida para racionalizar el gasto con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”, finalizó.