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Nada halagüeñas, llegan las cifras de robos de vehículos que dejó el año 2018 a San Luis Potosí. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras del año pasado y en ellas arroja un notorio incremento en el robo de vehículos por día en proporción de 10 cada 24 horas, cifra que da una idea de la facilidad con la que los ladrones actúan.
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Las cifras no son sólo porcentajes. Se trata de indicadores de insuficiencia operativa, cantidad raquítica de policías por habitante, deterioro social, crecimiento de las redes de delincuencia, inactividad o incompetencia de las autoridades investigadoras, y falta de recursos para combatir el crimen, esta última, condición principal de la ausencia de equipamiento, medios de transporte, materiales de documentación o para la investigación y hasta de combustibles para acudir de un lugar a otro a construir una historia real y recabar datos de prueba.
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De ninguna manera, esta reflexión se relaciona con la necesidad de militarizar los cuerpos policiales. Gran parte de las deficiencias citadas tienen su origen en el papel ausente u omiso del gobierno para fortalecer los cuerpos de seguridad, de investigación policial y de procuración y administración de la justicia. El retraso es tal, que la reforma penal aún está atorada en formulismos y el nacimiento de instituciones investigadoras especializadas, que no tienen recursos para resolver un caso, o se atoran en medio de una burocracia que vuelve lentas y tortuosas las conclusiones de una investigación formalizada.
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Muestra de ese severo retraso, es la a veces lenta y frecuentemente omisa persecución del delito, para destrabar redes de delincuencia que diariamente quitan a sus dueños vehículos que cuesta toda una vida pagar, para quitarles piezas que colocarían a otros carros, en talleres que en una primer revisión, sin duda estarían observados por el Servicio de Administración Tributaria, por falta de solvencia moral y económica.
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La nueva Legislatura llegó sin sorpresas en lo que se refiere a la habitual pereza legislativa, pero por fin en los métodos de revisión de la organización civil Congreso Calificado, hay diputados aprobados en el cumplimiento de sus funciones. José Antonio Zapata Meraz, se convirtió en el primero que aprueba con una muy alta calificación y tanto Sonia Mendoza como Eugenio Govea son las primeras sorpresas, al consignar una muy baja calificación. De los dos diputados gallardistas, ninguno ofreció reactivos interesantes para calificar al menos con la mitad de los puntos, y dieron testimonio de un desempeño bastante mediocre.
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Ni con un desempeño no tan deficiente, el diputado Edgardo Hernández se salvó de estar reprobado. Los insultos por su condición de género a la diputada Beatriz Benavente Rodríguez, técnicamente anularon la probabilidad de ser tomado en serio, debido a prácticas antidemocráticas y que violan el estado de derecho que como servidor público, debía guardar y hacer guardar.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
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Las cifras no son sólo porcentajes. Se trata de indicadores de insuficiencia operativa, cantidad raquítica de policías por habitante, deterioro social, crecimiento de las redes de delincuencia, inactividad o incompetencia de las autoridades investigadoras, y falta de recursos para combatir el crimen, esta última, condición principal de la ausencia de equipamiento, medios de transporte, materiales de documentación o para la investigación y hasta de combustibles para acudir de un lugar a otro a construir una historia real y recabar datos de prueba.
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De ninguna manera, esta reflexión se relaciona con la necesidad de militarizar los cuerpos policiales. Gran parte de las deficiencias citadas tienen su origen en el papel ausente u omiso del gobierno para fortalecer los cuerpos de seguridad, de investigación policial y de procuración y administración de la justicia. El retraso es tal, que la reforma penal aún está atorada en formulismos y el nacimiento de instituciones investigadoras especializadas, que no tienen recursos para resolver un caso, o se atoran en medio de una burocracia que vuelve lentas y tortuosas las conclusiones de una investigación formalizada.
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Muestra de ese severo retraso, es la a veces lenta y frecuentemente omisa persecución del delito, para destrabar redes de delincuencia que diariamente quitan a sus dueños vehículos que cuesta toda una vida pagar, para quitarles piezas que colocarían a otros carros, en talleres que en una primer revisión, sin duda estarían observados por el Servicio de Administración Tributaria, por falta de solvencia moral y económica.
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La nueva Legislatura llegó sin sorpresas en lo que se refiere a la habitual pereza legislativa, pero por fin en los métodos de revisión de la organización civil Congreso Calificado, hay diputados aprobados en el cumplimiento de sus funciones. José Antonio Zapata Meraz, se convirtió en el primero que aprueba con una muy alta calificación y tanto Sonia Mendoza como Eugenio Govea son las primeras sorpresas, al consignar una muy baja calificación. De los dos diputados gallardistas, ninguno ofreció reactivos interesantes para calificar al menos con la mitad de los puntos, y dieron testimonio de un desempeño bastante mediocre.
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Ni con un desempeño no tan deficiente, el diputado Edgardo Hernández se salvó de estar reprobado. Los insultos por su condición de género a la diputada Beatriz Benavente Rodríguez, técnicamente anularon la probabilidad de ser tomado en serio, debido a prácticas antidemocráticas y que violan el estado de derecho que como servidor público, debía guardar y hacer guardar.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
