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La falta de estrategia en contra de la inseguridad pública del gobierno de Juan Manuel Carreras López se está reflejando hasta en los pretextos. Ya se les acabaron.
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Ante el incontrovertible desastre de la seguridad en San Luis, evidenciado por las cifras delictivas de 2018, las peores en el tiempo en el que el gobierno federal ha medido su incidencia, el gobernador retornó al discurso de “mal de muchos….”.
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El mandatario reconoció el aumento, pero lo matizó con el argumento de que eso ocurre “no sólo en San Luis, sino en todo el país”.
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Con eso, se declaró muerta la afirmación que hizo en su tercer informe de gobierno, cuando se jactaba de que su administración había podido contener la incidencia delictiva con respecto a la tendencia nacional.
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Y al final, la eterna apuesta al futuro, de que las cosas podrían mejorar gracias a un cambio. En este caso, se trata de la Guardia Nacional de López Obrador, con la que espera que, cuando entre en funciones, ayude a contrarrestar el estallido criminal que él y su gobierno no han podido contener en poco más de tres años.
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Hace poco se hablaba aquí de los encontronazos internos en el Congreso. La obligada reducción salarial los ha exacerbado, al menos en el caso de la bancada morenista.
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La fracción que prometía ser el factor que le limpiara la cara al Poder Legislativo está envuelta en acusaciones y señalamientos que erosionan esa imagen de honestidad austera.
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Ayer se abrieron dos frentes. Un ex colaborador de Edson Quintanar, el líder de la bancada, lo acusa de adoptar la nómina como arma y sancionarlo con el despido por recordarle su promesa de que se recortaría el 50 por ciento de la nómina.
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Juan Carlos Montalvo, ex asesor legal del legislador y suplente de Quintanar, y otro colaborador, fueron despedidos el 19 de diciembre, cuando recibieron sus finiquitos, que no llegó a los diez mil pesos.
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Eso comprueba la historia del despido. Queda pendiente lo de su dicho de que la separación fue porque se le recordó ese compromiso.
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La cercanía que implica haber sido nombrado suplente del legislador evidencia también el grado de la ruptura.
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Mientras que el diputado Pedro César Carrizales reveló que dos de sus compañeras, Paola Arreola y Rosa Zúñiga, se resisten a adoptar la disminución de 10 por ciento adicional a la que ya se aplicó obligadamente.
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Una muestra más de que la austeridad no les está cayendo bien a los políticos.
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Al ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha recibido decenas de llamados en los que se reporta una situación muy peligrosa en un jardín, conocido como la Plaza de la Pradera, que ha sido convertido en un centro de operaciones de delincuentes.
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Narcomenudeo, agresiones a transeúntes, acoso a escolares y otras circunstancias peligrosas son parte de las denuncias, que han sido totalmente ignoradas hasta ahora.
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Que bastante dependencias saben del asunto, pero no han hecho nada.
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Ante el incontrovertible desastre de la seguridad en San Luis, evidenciado por las cifras delictivas de 2018, las peores en el tiempo en el que el gobierno federal ha medido su incidencia, el gobernador retornó al discurso de “mal de muchos….”.
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El mandatario reconoció el aumento, pero lo matizó con el argumento de que eso ocurre “no sólo en San Luis, sino en todo el país”.
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Con eso, se declaró muerta la afirmación que hizo en su tercer informe de gobierno, cuando se jactaba de que su administración había podido contener la incidencia delictiva con respecto a la tendencia nacional.
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Y al final, la eterna apuesta al futuro, de que las cosas podrían mejorar gracias a un cambio. En este caso, se trata de la Guardia Nacional de López Obrador, con la que espera que, cuando entre en funciones, ayude a contrarrestar el estallido criminal que él y su gobierno no han podido contener en poco más de tres años.
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Hace poco se hablaba aquí de los encontronazos internos en el Congreso. La obligada reducción salarial los ha exacerbado, al menos en el caso de la bancada morenista.
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La fracción que prometía ser el factor que le limpiara la cara al Poder Legislativo está envuelta en acusaciones y señalamientos que erosionan esa imagen de honestidad austera.
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Ayer se abrieron dos frentes. Un ex colaborador de Edson Quintanar, el líder de la bancada, lo acusa de adoptar la nómina como arma y sancionarlo con el despido por recordarle su promesa de que se recortaría el 50 por ciento de la nómina.
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Juan Carlos Montalvo, ex asesor legal del legislador y suplente de Quintanar, y otro colaborador, fueron despedidos el 19 de diciembre, cuando recibieron sus finiquitos, que no llegó a los diez mil pesos.
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Eso comprueba la historia del despido. Queda pendiente lo de su dicho de que la separación fue porque se le recordó ese compromiso.
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La cercanía que implica haber sido nombrado suplente del legislador evidencia también el grado de la ruptura.
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Mientras que el diputado Pedro César Carrizales reveló que dos de sus compañeras, Paola Arreola y Rosa Zúñiga, se resisten a adoptar la disminución de 10 por ciento adicional a la que ya se aplicó obligadamente.
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Una muestra más de que la austeridad no les está cayendo bien a los políticos.
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Al ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha recibido decenas de llamados en los que se reporta una situación muy peligrosa en un jardín, conocido como la Plaza de la Pradera, que ha sido convertido en un centro de operaciones de delincuentes.
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Narcomenudeo, agresiones a transeúntes, acoso a escolares y otras circunstancias peligrosas son parte de las denuncias, que han sido totalmente ignoradas hasta ahora.
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Que bastante dependencias saben del asunto, pero no han hecho nada.







