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Si se llegan a establecer mesas de debate sobre la legalización del aborto, “tendremos que estar presentes”, declaró Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno de Gobierno (Ssa).
El 21 de abril pasado, autoridades ministeriales informaron que detuvieron a una mujer 19 años en un hospital gubernamental de la capital potosina, quien presuntamente se provocó un aborto, a través de la introducción de dos tabletas de medicamento en la vagina.
La secretaria de Salud expresó que mantiene colaboración con el Instituto de las Mujeres del Estado (Imes), pues en un momento dado, serían los médicos de la dependencia quienes tendrían que realizar estos procedimientos de interrupción–en caso de aprobarse una ley-.
Sin embargo, Rangel Martínez rememoró que ya existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) en donde el doctor puede excusarse, debido a sus creencias o a una situación muy personal, de atender el aborto.
Cuestionada sobre si es necesario legalizar ese procedimiento para evitar casos clandestinos, refirió que en las muertes maternas que llegan a derivar en una interrupción clandestina del producto fetal, no se ha identificado fallecimientos en los últimos diez años
Adujo si en determinado momento se establecen reglas, normas y leyes, la Secretaría de Salud estatal las vigilará y acatará “pero es muy importante escuchara la voz de los médicos, y repito, somos quienes al final de cuentas pues hacemos los procedimientos”, recalcó.
Advirtió que un aborto clandestino es peligroso para quien decide llevarlo a cabo, desde la parte de una perforación uterina que puede llegar hasta la muerte, a través de la hemorragia, o bien, causar esterilidad en la mujer.
Por ese caso, este tema se ha mantenido en la agenda mediática y de diferentes sectores de la sociedad. Por un lado las agrupaciones feministas y académicas plantearon la despenalización del aborto, el clero católico se opone pero pide no criminalizar a la mujer, y en el Congreso del Estado para algunas diputadas el tema ni si toca.
