Supera el 2020 número de víctimas del año anterior, confirma la CEEAV
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El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Jorge Vega Arroyo, reportó que aún sin que haya finalizado el 2020, el número de víctimas de homicidio registrado en San Luis Potosí, en general, ya rebasó la cifra del año inmediato anterior, lo que confirma que el presente, sí ha sido un año más violento.
"Nosotros tuvimos el año pasado un registro de alrededor de 460 víctimas de homicidio, y en el reporte más reciente de este 2020 ya van arriba de 500, pero falta el corte de noviembre, más lo que se acumule en diciembre", declaró.
También resaltó que en muertes violentas de mujeres, igualmente ha habido incremento, aunque no precisó de cuánto ha sido éste. La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva en su cuenta, hasta el momento, 52 muertes violentas, de las cuales, 26 fueron tipificadas como feminicidios.
De todas las muertes violentas de mujeres, dijo el Comisionado, la CEEAV lleva la representación legal de 16 casos, solamente.
En cuanto al seguimiento de víctimas indirectas, el funcionario destacó que desde el año 2018 a la fecha, la Comisión ha dado seguimiento a poco más de 90 menores de 14 años hacia abajo que quedaron en situación de orfandad. En muchos de los casos, las parejas de las víctimas fueron señaladas como probables responsables del hecho delictivo.
Vega Arroyo aclaró que en ninguno de los casos de menores que atiende la CEEAV, éstos han sido recluidos en algún albergue, sino que se encuentran con familiares a los que en su momento se les apoyó para gestionar la custodia provisional y se les sigue asesorando para lograr la definitiva. Añadió que en no pocos casos se apoya a los menores con programas gubernamentales de becas de estudio, alimentación u otros beneficios.
En cuanto al género de los menores, el Comisionado precisó que se tiene prácticamente el mismo porcentaje de hombres que de mujeres.
Sobre el caso de una trabajadora de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) que fue despedida mientras se hallaba embarazada, lo que ameritó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera la recomendación 15/2020 dirigida a la dependencia, además de solicitar que la empleada sea inscrita en el Registro Estatal de Víctimas, Jorge Vega dijo que todavía no se le ha notificado tal solicitud, aunque aclaró que deberá ser la autoridad estatal quien lo pida y no la CEDH.
Concluyó que, hasta ahora, el caso de la Segam es el único del que se tiene noticia en el que una trabajadora o empleado del Gobierno del Estado debe ser protegido ante un despido injustificado que vulneró sus derechos humanos.
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