Entre agosto de 2012 y octubre de 2013, elementos de las Secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) torturaron y violaron a siete residentes de San Luis Potosí y uno de Tampacán, revelan diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con las indagatorias de la institución protectora de derechos humanos, algunas de las victimas imputadas como presuntas integrantes de grupos criminales todavía permanecen en la cárcel, mientras que otras han obtenido la libertad de forma sustancial.
En seis documentos recomendatorios emitidos, dos a la Sedena y cuatro a la Semar, la CNDH desglosó las formas inhumanas, crueles, degradantes y violatorias a la dignidad de las personas con que actúan algunos elementos navales y militares al momento de llevar a cabo detenciones y “obtener declaraciones”.
El 9 de agosto de 2012, alrededor de las 9:00 horas en la capital potosina, soldados arribaron a la casa de una mujer, a quien vinculaban con un grupo delictivo. Le pegaron en la cabeza con las armas de fuego que portaban, le dieron choques eléctricos y la golpearon en la cara para que les hiciera sexo oral.
Después de eso, la sacaron vendada del inmueble y se la llevaron a un lugar desconocido, donde la desnudaron y la tuvieron de pie por cierto tiempo, mientras tanto le introducían las manos y dedos en la vagina, así como la jaloneaban.
En un momento de calma, la fémina pensó la iba a ayudar a levantarse uno de los militares, sin embargo, éste dirigió su mano a su miembro viril, la agarró de los cabellos, llevándola hacia adelante y hacia atrás diciéndole “síguele perra”.
Posteriormente, llegó otro elemento que cuestionó a quien la tenía sometida “¿Qué haces?”, respondiendo éste: “Nada, aquí divirtiéndome, también tienes que ser solidaria con mi compañero”.
“Me obligaron a dar sexo oral, me tocaron mis partes, me decían ándale culera para qué te haces si bien que te gusta, eres la puta con los que estabas (…) Llegó otro militar y también pidió que le hiciera sexo oral, al tiempo que otro le pasaba el pene por las mejillas y otros militares le introducían los dedos en la vagina y le tocaban las nalgas y los senos”, se lee el testimonio en la Recomendación 09/2018 a la Sedena.
La brutalidad se replica en la Recomendación 20/2017 dirigida a la Semar, cuyos marinos irrumpieron en la casa de otra potosina en mayo de 2013, a quien despertaron a golpes, diciéndole “vieja guanga” y “correosa”, y que pues “ya se la había cargado la chingada” por no darles la ubicación de un dinero.
En la intervención, los elementos aprehensores la desnudaron, golpearon, violaron metiéndole un tubo por el ano en varias ocasiones y le dijeron que tenía que firmar una declaración donde admitía ser la contadora de una organización criminal.
La victima narró que le “echaron” un líquido por la nariz, le dieron toques en la lengua, la vagina y en la entrepierna, que le provocó sangrado en sus genitales, pero después la “voltearon” contra el respaldo de la silla, con las rodillas en el soporte y “le introdujeron algo por el ano” que le dolió bastante.
Posterior a la violación, expresó que le levantaron la venda, le dijeron que tenían la dirección de sus hijas mostrándosela en una hoja y amenazándola de que eso mismo les iba a pasar a ellas y que además matarían a su hijo;
“En ese momento observó que había dos marinos y uno de ellos le dijo: ‘¿verdad que tú eres (…) y eres del grupo?’, a lo que respondió ‘que sí’ y uno de los elementos navales le dijo que ‘no lo negara o iban a violar a sus hijas’, reafirmó la investigación.
Similar a los casos anteriores, la Recomendación 48/2018, dirigida a la Marina y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), detalló que una mujer acusada de narcomenudista, residente de San Luis Potosí, fue torturada por seis elementos de la Policía Federal (PF) y de la Semar, y abusada sexualmente por uno de ellos, quienes la amenazaron con “cocinarla”.
La víctima detalló que el 10 de septiembre del 2013 a las 3:00 horas, escuchó un fuerte ruido como si estuvieran tumbando las puertas de la casa y rompieron vidrios, rápidamente encendió la luz y observó a un hombre encapuchado que le apuntó con un arma larga a la cabeza, acompañado de otras personas.
Después de ello, narró que comenzaron a propinarle puñetazos en la cara a la altura de la nariz y varias cachetadas, esto frente a sus hijos que se encontraban con ella llorando y su madre, ubicada en otra habitación.
Posteriormente, la sacaron a la cochera en donde la interrogaron, amenazaron con matarla, le golpearon la cabeza y mejillas, además de colocarle una toalla sanitaria en los ojos, la vendaron, le amarraron las manos hacía atrás con una venda, y después de unos minutos se la llevaron en un vehículo.
Según el Dictamen Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura o Maltrato de Peritos Médicos Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, se encontró concordancia entre las fuentes de información y las alegaciones de tortura y malos tratos psicológicos hechas por la afectada.
Las víctimas de las “políticas territoriales”
Sobre los cuerpos de las mujeres violentadas por los militares o el crimen organizado, se inscriben “políticas territoriales” en razón de una guerra de baja intensidad que ha sido silenciada en el país, adujo Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP.
Sostuvo que como consecuencia de la militarización en la vía pública, se genera el despliegue de políticas de territorialidad tanto del estado, a través del ejército, como del crimen organizado, combate que impacta de forma diferenciada en el cuerpo de las féminas.
Navarro Sánchez argumentó que los referidos hechos, son una forma de enviar un mensaje a la delincuencia organizada sobre qué hacen con las féminas relacionados a estos grupos criminales.
A su vez, indicó que surge el revanchismo de los criminales, quienes someten a las mujeres de otros grupos antagónicos a actos de extrema violencia cuando las asesinan. “Esas narrativas corporales nos están enunciando, que sobre los cuerpos de las mujeres se inscriben políticas territoriales en razón de una guerra que ha sido silenciada en nuestro país”.
La académica recalcó que la presencia militar en las calles, obedece a un fenómeno que se ha intentado invisibilizar, como es una guerra de baja intensidad a lo largo de la República Mexicana.
Exteriorizó que dicha política pública de seguridad ha permeado a nivel de las policías locales de los ayuntamientos, pues en los últimos años se han nombrado a mandos militarizados al frente de las corporaciones de policía municipal.
“La militarización tiene un impacto crucial en términos de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y no solo está probado en estos casos, sino también en los recientes hechos que fueron motivo de controversia de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) por el caso de Atenco”, recordó.
De acuerdo con las indagatorias de la institución protectora de derechos humanos, algunas de las victimas imputadas como presuntas integrantes de grupos criminales todavía permanecen en la cárcel, mientras que otras han obtenido la libertad de forma sustancial.
En seis documentos recomendatorios emitidos, dos a la Sedena y cuatro a la Semar, la CNDH desglosó las formas inhumanas, crueles, degradantes y violatorias a la dignidad de las personas con que actúan algunos elementos navales y militares al momento de llevar a cabo detenciones y “obtener declaraciones”.
El 9 de agosto de 2012, alrededor de las 9:00 horas en la capital potosina, soldados arribaron a la casa de una mujer, a quien vinculaban con un grupo delictivo. Le pegaron en la cabeza con las armas de fuego que portaban, le dieron choques eléctricos y la golpearon en la cara para que les hiciera sexo oral.
Después de eso, la sacaron vendada del inmueble y se la llevaron a un lugar desconocido, donde la desnudaron y la tuvieron de pie por cierto tiempo, mientras tanto le introducían las manos y dedos en la vagina, así como la jaloneaban.
En un momento de calma, la fémina pensó la iba a ayudar a levantarse uno de los militares, sin embargo, éste dirigió su mano a su miembro viril, la agarró de los cabellos, llevándola hacia adelante y hacia atrás diciéndole “síguele perra”.
Posteriormente, llegó otro elemento que cuestionó a quien la tenía sometida “¿Qué haces?”, respondiendo éste: “Nada, aquí divirtiéndome, también tienes que ser solidaria con mi compañero”.
“Me obligaron a dar sexo oral, me tocaron mis partes, me decían ándale culera para qué te haces si bien que te gusta, eres la puta con los que estabas (…) Llegó otro militar y también pidió que le hiciera sexo oral, al tiempo que otro le pasaba el pene por las mejillas y otros militares le introducían los dedos en la vagina y le tocaban las nalgas y los senos”, se lee el testimonio en la Recomendación 09/2018 a la Sedena.
La brutalidad se replica en la Recomendación 20/2017 dirigida a la Semar, cuyos marinos irrumpieron en la casa de otra potosina en mayo de 2013, a quien despertaron a golpes, diciéndole “vieja guanga” y “correosa”, y que pues “ya se la había cargado la chingada” por no darles la ubicación de un dinero.
En la intervención, los elementos aprehensores la desnudaron, golpearon, violaron metiéndole un tubo por el ano en varias ocasiones y le dijeron que tenía que firmar una declaración donde admitía ser la contadora de una organización criminal.
La victima narró que le “echaron” un líquido por la nariz, le dieron toques en la lengua, la vagina y en la entrepierna, que le provocó sangrado en sus genitales, pero después la “voltearon” contra el respaldo de la silla, con las rodillas en el soporte y “le introdujeron algo por el ano” que le dolió bastante.
Posterior a la violación, expresó que le levantaron la venda, le dijeron que tenían la dirección de sus hijas mostrándosela en una hoja y amenazándola de que eso mismo les iba a pasar a ellas y que además matarían a su hijo;
“En ese momento observó que había dos marinos y uno de ellos le dijo: ‘¿verdad que tú eres (…) y eres del grupo?’, a lo que respondió ‘que sí’ y uno de los elementos navales le dijo que ‘no lo negara o iban a violar a sus hijas’, reafirmó la investigación.
Similar a los casos anteriores, la Recomendación 48/2018, dirigida a la Marina y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), detalló que una mujer acusada de narcomenudista, residente de San Luis Potosí, fue torturada por seis elementos de la Policía Federal (PF) y de la Semar, y abusada sexualmente por uno de ellos, quienes la amenazaron con “cocinarla”.
La víctima detalló que el 10 de septiembre del 2013 a las 3:00 horas, escuchó un fuerte ruido como si estuvieran tumbando las puertas de la casa y rompieron vidrios, rápidamente encendió la luz y observó a un hombre encapuchado que le apuntó con un arma larga a la cabeza, acompañado de otras personas.
Después de ello, narró que comenzaron a propinarle puñetazos en la cara a la altura de la nariz y varias cachetadas, esto frente a sus hijos que se encontraban con ella llorando y su madre, ubicada en otra habitación.
Posteriormente, la sacaron a la cochera en donde la interrogaron, amenazaron con matarla, le golpearon la cabeza y mejillas, además de colocarle una toalla sanitaria en los ojos, la vendaron, le amarraron las manos hacía atrás con una venda, y después de unos minutos se la llevaron en un vehículo.
Según el Dictamen Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura o Maltrato de Peritos Médicos Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, se encontró concordancia entre las fuentes de información y las alegaciones de tortura y malos tratos psicológicos hechas por la afectada.
Las víctimas de las “políticas territoriales”
Sobre los cuerpos de las mujeres violentadas por los militares o el crimen organizado, se inscriben “políticas territoriales” en razón de una guerra de baja intensidad que ha sido silenciada en el país, adujo Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP.
Sostuvo que como consecuencia de la militarización en la vía pública, se genera el despliegue de políticas de territorialidad tanto del estado, a través del ejército, como del crimen organizado, combate que impacta de forma diferenciada en el cuerpo de las féminas.
Navarro Sánchez argumentó que los referidos hechos, son una forma de enviar un mensaje a la delincuencia organizada sobre qué hacen con las féminas relacionados a estos grupos criminales.
A su vez, indicó que surge el revanchismo de los criminales, quienes someten a las mujeres de otros grupos antagónicos a actos de extrema violencia cuando las asesinan. “Esas narrativas corporales nos están enunciando, que sobre los cuerpos de las mujeres se inscriben políticas territoriales en razón de una guerra que ha sido silenciada en nuestro país”.
La académica recalcó que la presencia militar en las calles, obedece a un fenómeno que se ha intentado invisibilizar, como es una guerra de baja intensidad a lo largo de la República Mexicana.
Exteriorizó que dicha política pública de seguridad ha permeado a nivel de las policías locales de los ayuntamientos, pues en los últimos años se han nombrado a mandos militarizados al frente de las corporaciones de policía municipal.
“La militarización tiene un impacto crucial en términos de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y no solo está probado en estos casos, sino también en los recientes hechos que fueron motivo de controversia de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) por el caso de Atenco”, recordó.
