En disputa, 1,851 mdp en caso de CIBanco

Ciudad de México.- El proceso de liquidación de CIBanco concretó pagos a sus clientes por un total de 4 mil 51 millones de pesos, cifra equivalente a 89% de su base de usuarios, de acuerdo con el reporte financiero al primer trimestre de este año del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Resaltó que el avance en los pagos respaldados a los usuarios de CIBanco, empresa que entró en liquidación a petición propia desde octubre pasado, es resultado de una respuesta operativa eficaz para salvaguardar los recursos de sus ahorradores.

CIBanco solicitó su liquidación después del golpe reputacional provocado por los señalamientos emitidos en junio de 2025 por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculó presuntas operaciones del banco con actividades relacionadas con el crimen organizado.

De acuerdo con los estados financieros del IPAB al primer trimestre de 2026, la liquidación de CIBanco enfrenta en paralelo demandas de acreedores por al menos mil 851.7 millones de pesos y 7.2 millones de dólares.

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Entre esos casos se incluyen embargos precautorios, juicios laborales, amparos y reclamaciones promovidas por empresas y particulares que buscan recuperar recursos o frenar medidas derivadas de la liquidación.

Asimismo, desde noviembre, CIBanco busca modificar el alcance de la orden emitida por FinCEN, como parte de su proceso de liquidación y con el objetivo de avanzar en la venta de subsidiarias señaladas por la autoridad estadounidense.

De acuerdo con el IPAB, las autoridades mexicanas, representadas por la Secretaría de Hacienda y el propio instituto, sostuvieron el 6 de noviembre de 2025 una videoconferencia con funcionarios de FinCEN para abordar la medida. El objetivo era obtener condiciones que permitan disponer de recursos mantenidos en cuentas en el extranjero, estimados en aproximadamente 5 millones de dólares.

El 13 de noviembre de 2025, CIBanco, a través de su asesor legal internacional White & Case, envió una comunicación a la directora de FinCEN en la que reiteró la necesidad de rescindir la medida impuesta por la autoridad.