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El presidente estadounidense, Donald Trump, enfrenta la mayor resistencia de la iniciativa privada y de los actores políticos de su país por las políticas proteccionistas emprendidas por su gobierno.
En los últimos días se han registrado demandas contra la imposición de aranceles a productos por cuestiones de seguridad nacional y por su intento de cambiar los términos de acuerdos comerciales.
La semana pasada, el American Institute for International Steel presentó ante la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos una demanda contra los aranceles que impuso al acero y al aluminio de importación por considerar que es una medida anticonstitucional.
Muchos cuestionan extenderle la facultad que le otorga el Congreso que le permite negociar un acuerdo comercial para presentarlo sólo a los legisladores y que estos lo aprueben y lo rechacen, sobre todo porque se venció el 30 de junio, y si los legisladores no votan en contra o no se pronuncian al respecto, se renovará de manera automática.
Hace más de una semana un grupo de 60 asociaciones de empresas pidieron al Congreso revisar el poder que se otorga a Trump mediante el llamado TPA. Lo que pidieron es equilibrar esta facultad para que el Congreso pueda rebalancear los acuerdos del presidente.
A ello se le agrega la iniciativa de un grupo de senadores, liderados por el republicano Bob Corker, que pretende quitarle al mandatario facultades para imponer aranceles por cuestiones de seguridad nacional, conocido como aranceles bajo la sección 232.
Las iniciativas surgieron por las últimas decisiones de la Casa Blanca, como la imposición de aranceles por cuestiones de seguridad nacional de 10% al aluminio y de 25% al acero de importación de la Unión Europea, Canadá y México.
Así como la investigación que se abrió contra las importaciones estadounidenses de automóviles, camionetas y pick ups a fin de ponerles un gravamen.
Las medidas generaron respuestas similares de los países afectados, los cuales anunciaron decisiones de represalia.
La Alianza de Fabricantes de Automóviles de EU emitió un comunicado en el que informó que los aranceles que se puedan imponer a los autos de importación solamente provocarán aumento de precios de los vehículos y limitarán las opciones que tiene el consumidor.
Si bien hay oposición a las medidas que pueda tomar, la especialista en comercio y directora de LMM Consulting, Luz María de la Mora, dijo que hay que tomar con seriedad las investigaciones, como alertas de lo que quiere hacer Trump, aun cuando la industria o los legisladores estén contra una decisión de la Casa Blanca, el presidente regularmente las lleva a cabo.
Quiere más poder en comercio
La administración estadounidense puede intentar presentar un dictamen que lleve al presidente Donald Trump a tener mayores facultades para imponer aranceles a productos de importación, entre otras decisiones que pueden ser equivalentes a salirse de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Se trata de un borrador en el que se propondrá otorgarle facultades al mandatario estadounidense para tomar acciones que contrarresten las reglas que están aprobadas por la OMC y que molestan a la Casa Blanca, como las medidas de represalia que se pueden imponer cuando Estados Unidos unilateralmente decide imponer aranceles contra algún país, de acuerdo con la publicación especializada Inside Trade.
Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, comentó que no se trata de salir de la OMC sino que están preocupados por diversos aspectos que no son justos y que los utiliza China como otros países a su favor, por ser parte del organismo.
Esto tiene que ver con las últimas decisiones que tomó el gobierno estadounidense por las que impuso aranceles de 10% al aluminio y de 25% al acero de diversos países, entre ellos México, Canadá y la Unión Europea, por considerar que las importaciones de esos productos ponían en riesgo la seguridad nacional de la economía más grande del mundo.
Así como la nueva investigación que inició el Departamento de Comercio de Estados Unidos hace unas semanas contra las importaciones de automóviles de cualquier parte del mundo, porque también argumenta cuestiones de seguridad interna.
Como la respuesta de los países afectados por los aranceles al acero y aluminio fue ir directamente a la OMC a solicitar autorización para imponer represalias, la Casa Blanca manejó un borrador por el que se darían mayores facultades al Ejecutivo y que en la práctica serían como salirse de la organización.
En Estados Unidos hay un problema de falta de recursos, porque el Departamento de Comercio pidió un aumento de presupuesto para tener un equipo dedicado exclusivamente a hacer investigaciones a las importaciones de productos que ponen en riesgo la seguridad nacional, denominada sección 232.
Sin embargo, el Congreso de ese país no dio suficientes recursos para la propuesta.
Por lo anterior, en una entrevista con CNBC, el secretario de comercio estadounidense, Wilbur Ross, culpó al Congreso de querer retrasar las investigaciones de la Sección 232, porque solamente les dio una pequeña fracción de lo que solicitaron de recursos para llevar a cabo esas investigaciones.
Mientras Estados Unidos anunció que seguirá con este tipo de investigaciones, los países afectados mantienen sus discursos contra las medidas. Hace unos días el presidente Trump amenazó con que impondrá aranceles de 25% a los automóviles europeos que lleguen al mercado del país norteamericano, lo que provocó la reacción.
El portavoz de la Unión Europea, Margaritis Schinas, explicó que un primer impacto se va a dar en el mercado de Estados Unidos, donde puede afectarse el Producto Interno Bruto (PIB) en el orden de 13 mil a 14 mil millones de dólares.
Además, advirtió que la imposición de aranceles puede generar represalias globales equivalentes a 300 mil millones de dólares.
En los últimos días se han registrado demandas contra la imposición de aranceles a productos por cuestiones de seguridad nacional y por su intento de cambiar los términos de acuerdos comerciales.
La semana pasada, el American Institute for International Steel presentó ante la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos una demanda contra los aranceles que impuso al acero y al aluminio de importación por considerar que es una medida anticonstitucional.
Muchos cuestionan extenderle la facultad que le otorga el Congreso que le permite negociar un acuerdo comercial para presentarlo sólo a los legisladores y que estos lo aprueben y lo rechacen, sobre todo porque se venció el 30 de junio, y si los legisladores no votan en contra o no se pronuncian al respecto, se renovará de manera automática.
Hace más de una semana un grupo de 60 asociaciones de empresas pidieron al Congreso revisar el poder que se otorga a Trump mediante el llamado TPA. Lo que pidieron es equilibrar esta facultad para que el Congreso pueda rebalancear los acuerdos del presidente.
A ello se le agrega la iniciativa de un grupo de senadores, liderados por el republicano Bob Corker, que pretende quitarle al mandatario facultades para imponer aranceles por cuestiones de seguridad nacional, conocido como aranceles bajo la sección 232.
Las iniciativas surgieron por las últimas decisiones de la Casa Blanca, como la imposición de aranceles por cuestiones de seguridad nacional de 10% al aluminio y de 25% al acero de importación de la Unión Europea, Canadá y México.
Así como la investigación que se abrió contra las importaciones estadounidenses de automóviles, camionetas y pick ups a fin de ponerles un gravamen.
Las medidas generaron respuestas similares de los países afectados, los cuales anunciaron decisiones de represalia.
La Alianza de Fabricantes de Automóviles de EU emitió un comunicado en el que informó que los aranceles que se puedan imponer a los autos de importación solamente provocarán aumento de precios de los vehículos y limitarán las opciones que tiene el consumidor.
Si bien hay oposición a las medidas que pueda tomar, la especialista en comercio y directora de LMM Consulting, Luz María de la Mora, dijo que hay que tomar con seriedad las investigaciones, como alertas de lo que quiere hacer Trump, aun cuando la industria o los legisladores estén contra una decisión de la Casa Blanca, el presidente regularmente las lleva a cabo.
Quiere más poder en comercio
La administración estadounidense puede intentar presentar un dictamen que lleve al presidente Donald Trump a tener mayores facultades para imponer aranceles a productos de importación, entre otras decisiones que pueden ser equivalentes a salirse de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Se trata de un borrador en el que se propondrá otorgarle facultades al mandatario estadounidense para tomar acciones que contrarresten las reglas que están aprobadas por la OMC y que molestan a la Casa Blanca, como las medidas de represalia que se pueden imponer cuando Estados Unidos unilateralmente decide imponer aranceles contra algún país, de acuerdo con la publicación especializada Inside Trade.
Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, comentó que no se trata de salir de la OMC sino que están preocupados por diversos aspectos que no son justos y que los utiliza China como otros países a su favor, por ser parte del organismo.
Esto tiene que ver con las últimas decisiones que tomó el gobierno estadounidense por las que impuso aranceles de 10% al aluminio y de 25% al acero de diversos países, entre ellos México, Canadá y la Unión Europea, por considerar que las importaciones de esos productos ponían en riesgo la seguridad nacional de la economía más grande del mundo.
Así como la nueva investigación que inició el Departamento de Comercio de Estados Unidos hace unas semanas contra las importaciones de automóviles de cualquier parte del mundo, porque también argumenta cuestiones de seguridad interna.
Como la respuesta de los países afectados por los aranceles al acero y aluminio fue ir directamente a la OMC a solicitar autorización para imponer represalias, la Casa Blanca manejó un borrador por el que se darían mayores facultades al Ejecutivo y que en la práctica serían como salirse de la organización.
En Estados Unidos hay un problema de falta de recursos, porque el Departamento de Comercio pidió un aumento de presupuesto para tener un equipo dedicado exclusivamente a hacer investigaciones a las importaciones de productos que ponen en riesgo la seguridad nacional, denominada sección 232.
Sin embargo, el Congreso de ese país no dio suficientes recursos para la propuesta.
Por lo anterior, en una entrevista con CNBC, el secretario de comercio estadounidense, Wilbur Ross, culpó al Congreso de querer retrasar las investigaciones de la Sección 232, porque solamente les dio una pequeña fracción de lo que solicitaron de recursos para llevar a cabo esas investigaciones.
Mientras Estados Unidos anunció que seguirá con este tipo de investigaciones, los países afectados mantienen sus discursos contra las medidas. Hace unos días el presidente Trump amenazó con que impondrá aranceles de 25% a los automóviles europeos que lleguen al mercado del país norteamericano, lo que provocó la reacción.
El portavoz de la Unión Europea, Margaritis Schinas, explicó que un primer impacto se va a dar en el mercado de Estados Unidos, donde puede afectarse el Producto Interno Bruto (PIB) en el orden de 13 mil a 14 mil millones de dólares.
Además, advirtió que la imposición de aranceles puede generar represalias globales equivalentes a 300 mil millones de dólares.
