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La exclusión laboral en la planeación para el retiro es más aguda entre quienes trabajan por su cuenta que para quienes no, aseguró la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Casi todas las personas que permanecen en la informalidad no tienen seguridad social y, de este total, el 75 por ciento no tiene un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, por ello, la reforma al sistema de pensiones presentado resulta insuficiente.
En el sexto informe del Observatorio de Trabajo Digno, presentado este martes, la asociación mostró datos que develan la profundidad de la exclusión en el mercado laboral en México. Con base en la información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en particular de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Acción Ciudadana destacó la importancia de una reforma al sistema de jubilación.
El Observatorio destacó que el proyecto de modificación al sistema actual, planteado por el Gobierno federal la semana pasada, resulta insuficiente porque excluye a millones de trabajadores que carecen de seguridad social.
“Mientras se mantenga la dualidad ‘formal/informal’ habrá millones de trabajadores sin protección social y sin derechos laborales”, observó el estudio.
La reducción a las semanas de cotización y el aumento en el monto de la pensión mínima garantizada son medidas indispensables y urgentes, destacó el grupo, pero dejan fuera al 99 por ciento de la población que, pese a tener un trabajo, no tiene acceso a la seguridad social y, por tanto, no cotiza en el sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ni tendrá derecho a una jubilación en el nuevo sistema de pensiones planteado.
De acuerdo con los datos planteados por la administración federal, los cambios a las semanas de cotización, pensión mínima garantizada y una mayor aportación de la patronal para el retiro, beneficiará a más de 67 millones de trabajadores que poseen una cuenta individual de Afore.
Fuente: Observatorio de Trabajo Digno.
Para Acción Ciudadana el problema de la exclusión laboral no es menor, porque el 62 por ciento de la población trabajadora en el país no tiene seguridad social lo que equivale a 34.2 millones de personas sin acceso a una jubilación. Además, 12.4 millones de personas que trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social.
El problema es impactante para quienes se encuentran en una situación laboral con un salario establecido, el 42 por ciento de ellos, 15.1 millones tampoco tiene acceso a la seguridad social.
Fuente: Observatorio de Trabajo Digno.
La presentación del Observatorio destacó también que 8.2 millones de personas en el país carecen del ingreso suficiente para comprar 2 canastas básicas, es decir, el mínimo requerido para mantenerse a si mismos y una persona más. Pero también más de la mitad de la población asalariada carece de ingreso suficiente: 18.1 millones.
Además, la mitad de quienes tienen un empleo asalariado están bajo un esquema de contratación inestable, por lo que son personas sujetas a despidos injustificados. Un ejemplo de lo ocurrido, destacó la asociación, fue la liquidación de 18.9 millones de personas durante la contingencia sanitaria del nuevo coronavirus.
Fuente: Observatorio de Trabajo Digno.
Incluso antes de la pandemia de la COVID-19, los datos de la ENOE demostraron que el 60 por ciento de la población económicamente activa carecía de afiliación a la seguridad social y al sistema de ahorro para el retiro (SAR).
“También quedan fuera del sistema de pensiones quienes están desempleados, así como millones de mujeres que realizan trabajos no remunerados de cuidados y domésticos, pero no tienen participación laboral”, expresó la Asociación.
Un aspecto que acendró el número de despidos fue que el 87 por ciento de quienes tienen empleo asalariado no tienen acceso a una organización sindical, para su defensa y negociación colectiva.
Fuente: Observatorio de Trabajo Digno.
Para Acción Ciudadana la falta de seguridad social que constituye la “marca distintiva” de un sistema laboral excluyente. La mayoría de las personas trabajadoras en el país carece del ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas, pero además entre quienes tienen un empleo asalariado y subordinado, la mayoría no tiene organizaciones laborales que defiendan sus derechos.
“Tenemos un sistema laboral excluyente que produce pobreza y desigualdad” afirmó Frente a la Pobreza y agregó que “para la mayoría de las personas jóvenes y también para las mujeres, un trabajo con flexibilidad de horario o que permite trabajar al menos unas horas desde casa, es mucho más valorado. Las prestaciones de ley, la seguridad social o el ahorro para el retiro, están fuera del horizonte mental pero también de ser una posibilidad real para millones de personas, especialmente para jóvenes”, expresó María Ayala, responsable del Observatorio de Trabajo Digno.
Este escenario es un reto para la recuperación económica nacional, por lo que la agrupación consideró como una “buena noticia” que los organismos empresariales hayan promovido la reforma a sistema de pensiones, además de la disposición que mostraron para aumentar sus aportaciones para el retiro de las personas trabajadoras.
Pero este cambio de actitud puede complicar la generación de nuevos empleos y la recuperación de los millones de trabajos perdidos en esta pandemia, alertó Acción Ciudadana. Propuso una solución de fondo que promueva la creación y garantía de servicios de salud y protección social a todas las personas para “romper el cordón umbilical entre salud y trabajo, como un primer paso para construir el primer pilar de un sistema universal de protección social”.
