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Es necesario garantizar que la población en México tenga acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, una tarea pendiente que se vuelve apremiante en esta emergencia sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el Día Mundial de la Alimentación.
Para ello, es imprescindible que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 cuente con alternativas que mitiguen los efectos de la pandemia, específicamente, en el derecho a la alimentación, agregó el Consejo en un comunicado.
El porcentaje de la población nacional con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% a 20.4% entre 2008 y 2018, lo que representa en términos de la población total de 24.3 a 25.5 millones de personas, de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza que realiza el Coneval cada dos años.
La población hablante de una lengua indígena fue el grupo de población con un mayor porcentaje de esta carencia.
Entre 2008 y 2018, pasó de 42.3% a 33.7%.
En el documento "Consideraciones para el proceso presupuestario 2021", el Consejo detalla que para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación se deben contemplar los derechos sociales como elemento central del quehacer gubernamental. Por ello, identificó qué programas contribuyen al acceso efectivo a los derechos sociales y visibilizó su nivel de relevancia.
En este análisis, que fue entregado a la Cámara de Diputados, el Coneval identificó 30 programas relevantes para la atención del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad: 13 con fuerte contribución, 9 con mediana y 8 que contribuyen ligeramente. Esto quiere decir que de los 149 programas sociales que operan en 2020, poco más de 20% contribuyen al acceso efectivo de este derecho.
El Coneval, propone las siguientes medidas para su atención: consolidar la política nacional en torno al derecho a la alimentación, ya que actualmente esta se encuentra fragmentada en diversas estrategias e iniciativas desarrolladas de manera independiente una de otra y poco vinculadas entre sí.
Garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es una tarea pendiente, y que se vuelve más apremiante considerando que actualmente se enfrenta la emergencia sanitaria. En este sentido, es pertinente considerar nuevas necesidades, debido a que las medidas de distanciamiento para evitar la propagación de la enfermedad podrían ocasionar alteraciones en las cadenas de producción y distribución, lo que afectaría, además, el comportamiento de los precios del mercado.
Se debe garantizar la operación del Programa Abasto Rural (Diconsa), que distribuye 23 productos contenidos en la canasta básica en localidades de alta o muy alta marginación y el Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), esto con las medidas sanitarias adecuadas.
Fortalecer el Programa de Precios de Garantía que compra maíz y frijol a productores locales y pequeños, mismo que se vende en las tiendas Diconsa, lo cual ayudaría a que los productores mantengan su ingreso y aseguraría que las tiendas Diconsa cuenten con el abasto suficiente de estos productos para venderlos a precios accesibles.
Es deseable que los programas que brindan servicios de alimentación en las escuelas, como el programa Escuela de Tiempo Completo (SEP) y el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (INPI) otorguen despensas a las familias beneficiadas mientras las escuelas se encuentran cerradas.
En tanto dure la emergencia podría implementarse un programa con características similares a la Tarjeta Sin-Hambre, que era operada por Diconsa, la cual otorga un apoyo económico a familias de escasos recursos para comprar alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles.
Disminuir la alta prevalencia de anemia que persiste en ciertos grupos específicos, como es el caso de los adultos mayores, mujeres en edad fértil y embarazadas.
Promover una cultura alimentaria que favorezca el consumo de alimentos, cuya composición y tamaño sean adecuados y saludables. Aunado a esto, es necesario crear estrategias de educación y comunicación para que la población tenga acceso a información clara y oportuna sobre salud, nutrición, alimentación y adopción de estilos de vida saludables.
Desincentivar el consumo de productos ultra-procesados con alto contenido de azúcar, sal y grasas para combatir la obesidad y otros padecimientos asociados.
Para ello, es imprescindible que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 cuente con alternativas que mitiguen los efectos de la pandemia, específicamente, en el derecho a la alimentación, agregó el Consejo en un comunicado.
El porcentaje de la población nacional con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% a 20.4% entre 2008 y 2018, lo que representa en términos de la población total de 24.3 a 25.5 millones de personas, de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza que realiza el Coneval cada dos años.
La población hablante de una lengua indígena fue el grupo de población con un mayor porcentaje de esta carencia.
Entre 2008 y 2018, pasó de 42.3% a 33.7%.
En el documento "Consideraciones para el proceso presupuestario 2021", el Consejo detalla que para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación se deben contemplar los derechos sociales como elemento central del quehacer gubernamental. Por ello, identificó qué programas contribuyen al acceso efectivo a los derechos sociales y visibilizó su nivel de relevancia.
En este análisis, que fue entregado a la Cámara de Diputados, el Coneval identificó 30 programas relevantes para la atención del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad: 13 con fuerte contribución, 9 con mediana y 8 que contribuyen ligeramente. Esto quiere decir que de los 149 programas sociales que operan en 2020, poco más de 20% contribuyen al acceso efectivo de este derecho.
El Coneval, propone las siguientes medidas para su atención: consolidar la política nacional en torno al derecho a la alimentación, ya que actualmente esta se encuentra fragmentada en diversas estrategias e iniciativas desarrolladas de manera independiente una de otra y poco vinculadas entre sí.
Garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es una tarea pendiente, y que se vuelve más apremiante considerando que actualmente se enfrenta la emergencia sanitaria. En este sentido, es pertinente considerar nuevas necesidades, debido a que las medidas de distanciamiento para evitar la propagación de la enfermedad podrían ocasionar alteraciones en las cadenas de producción y distribución, lo que afectaría, además, el comportamiento de los precios del mercado.
Se debe garantizar la operación del Programa Abasto Rural (Diconsa), que distribuye 23 productos contenidos en la canasta básica en localidades de alta o muy alta marginación y el Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), esto con las medidas sanitarias adecuadas.
Fortalecer el Programa de Precios de Garantía que compra maíz y frijol a productores locales y pequeños, mismo que se vende en las tiendas Diconsa, lo cual ayudaría a que los productores mantengan su ingreso y aseguraría que las tiendas Diconsa cuenten con el abasto suficiente de estos productos para venderlos a precios accesibles.
Es deseable que los programas que brindan servicios de alimentación en las escuelas, como el programa Escuela de Tiempo Completo (SEP) y el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (INPI) otorguen despensas a las familias beneficiadas mientras las escuelas se encuentran cerradas.
En tanto dure la emergencia podría implementarse un programa con características similares a la Tarjeta Sin-Hambre, que era operada por Diconsa, la cual otorga un apoyo económico a familias de escasos recursos para comprar alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles.
Disminuir la alta prevalencia de anemia que persiste en ciertos grupos específicos, como es el caso de los adultos mayores, mujeres en edad fértil y embarazadas.
Promover una cultura alimentaria que favorezca el consumo de alimentos, cuya composición y tamaño sean adecuados y saludables. Aunado a esto, es necesario crear estrategias de educación y comunicación para que la población tenga acceso a información clara y oportuna sobre salud, nutrición, alimentación y adopción de estilos de vida saludables.
Desincentivar el consumo de productos ultra-procesados con alto contenido de azúcar, sal y grasas para combatir la obesidad y otros padecimientos asociados.
