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La cancelación de un concierto de Ricky Martin en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) por un incumplimiento comercial de contrato destapó un presunto caso de opacidad de recursos públicos y privados por parte de la administración del patronato actual y anterior en el gobierno del priista Alejandro Tello Cristerna.
Diputados de oposición alegan que hay indicios de que en la edición 2019 de la Fenaza hay una incorrecta aplicación de 54 millones de pesos, porque hubo una triangulación de recursos y contratos a través de una asociación civil.
Sin embargo, Benjamín Medrano, actual presidente del patronato, se defendió acusando a su antecesor Federico Borrego Iturbide (2017 y 2018), de que en la administración del año pasado sí hubo graves irregularidades y nadie cuestionó nada en la aplicación de un presupuesto de 70 millones de pesos.
El problema se ahonda porque la Ley Orgánica de la Feria Nacional de Zacatecas --la cual fue expedida hace 38 años-- es obsoleta y tiene graves lagunas legales que impiden aplicar una estricta vigilancia en la aplicación de recursos, tanto públicos como privados.
El detonante
Con varios meses de anticipación, el gobierno de Zacatecas anunció el programa de artistas internacionales que presuntamente se habían contratado para los conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo de la feria, entre los que destacaban Steve Aoky, Enrique Iglesias, Ozuna y Ricky Martin.
El primer descalabro ocurrió el 14 de septiembre, cuando Benjamín Medrano y un representante de la empresa intermediaria Kasst Agency anunciaron la cancelación del cantante Ozuna; pero la duda la sembró el artista al informar en sus redes sociales que no se presentaría porque nunca fue contratado.
Sin embargo, el último día de la feria (23 de septiembre), ya con las filas de la gente esperando la presentación de Ricky Martin, el boricua notificó en sus redes sociales la cancelación de su presentación en Zacatecas por incumplimiento de contrato de la empresa.
Benjamín Medrano explicó que el patronato que preside sí había pagado la totalidad del dinero para la presentación de todos los artistas, pero habían sido defraudados por Kasst Agency, que no había liquidado en tiempo y forma un millón de pesos a Creative Artists Agency (CAA), la agencia internacional que maneja las presentaciones de Ricky Martin.
Derivado de eso se interpusieron varias denuncias penales en contra de José Tajonar Andere, dueño de Kasst Agency, quien el pasado viernes 4 de octubre fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Se lanzan la bolita
El asunto tomó relevancia cuando el diputado de Morena, Omar Carrera Pérez, exhibió un recurso de revisión del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información (IZAI), en el que se precisa que todos los convenios y contrataciones de la feria se efectuaron por medio de una asociación civil local creada en este año, denominada Promotora de Ferias y Fiestas Populares.
Esta asociación es presidida por una amiga de Benjamín Medrano, pero éste, como presidente del patronato, contrataba a otras agencias para los conciertos de los artistas, pero no informaba sobre los costos ni contratos.
Ante esta acusación, Medrano hizo pública una copia de los presuntos contratos que se habían firmado con los artistas que cancelaron: Ozuna tuvo un costo de 10 millones de pesos y Ricky Martin 7.5 millones de pesos, pero insistió que el incumplimiento de los pagos fue de Kasst Agency y no del patronato.
Respecto a la aplicación de los 54 millones de pesos (30 millones de pesos de recursos públicos y 24 millones de patrocinios comerciales de diversas empresas), Medrano explicó que el patronato no administró los recursos, porque se optó que fuera un comité integrado de forma tripartita por el Sistema DIF-patronato-asociación civil, pues argumentó que de esta manera sí se podrán rendir cuentas pormenorizadas.
El presidente del patronato afirmó que "esta feria es la más exitosa, la más visitada y la más trasparente" y reviró que las verdaderas irregulares se registraron el año pasado con su antecesor Federico Borrego Iturbide, "quien a la fecha sigue sin rendir cuentas".
Reprochó que se haga más escándalo ahora por manejar 54 millones de pesos, cuando el año pasado Borrego Iturbide manejó 70 millones de pesos, con una triangulación de recursos que fueron operados por el empresario Juan Enríquez Suárez del Real y mostró copia del contrato de prestación de servicios.
En dicho documento, el Comité Organizador del Patronato signó este contrato con la empresa denominada Barezzito Zacatecas para efectuar las actividades feriales del 6 al 24 de septiembre de 2018 del Teatro del Pueblo, palenque y todos los eventos especiales, para ello, se realizaron 12 pagos por diversas cantidades que en suma fueron 70 millones 400 mil pesos.
Medrano acusó que el año pasado hubo alteración de precios en la contratación de los artistas y puso como ejemplo que el Conjunto Primavera cuesta 550 mil pesos, pero en 2018 costó 780 mil más IVA (904 mil pesos); así como un elevado costo de 6 millones de pesos por contratar a Alejandro Fernández, más impuestos y más los costos del equipo.
Al respecto, el diputado local (Morena), Omar Carrera, quien preside la Comisión de Transparencia, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que investigue la aplicación de recursos para descartar la existencia de presuntos delitos fiscales.
Por su parte, el gobernador pidió la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que se audite a las administraciones del patronato durante su gobierno.
Diputados de oposición alegan que hay indicios de que en la edición 2019 de la Fenaza hay una incorrecta aplicación de 54 millones de pesos, porque hubo una triangulación de recursos y contratos a través de una asociación civil.
Sin embargo, Benjamín Medrano, actual presidente del patronato, se defendió acusando a su antecesor Federico Borrego Iturbide (2017 y 2018), de que en la administración del año pasado sí hubo graves irregularidades y nadie cuestionó nada en la aplicación de un presupuesto de 70 millones de pesos.
El problema se ahonda porque la Ley Orgánica de la Feria Nacional de Zacatecas --la cual fue expedida hace 38 años-- es obsoleta y tiene graves lagunas legales que impiden aplicar una estricta vigilancia en la aplicación de recursos, tanto públicos como privados.
El detonante
Con varios meses de anticipación, el gobierno de Zacatecas anunció el programa de artistas internacionales que presuntamente se habían contratado para los conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo de la feria, entre los que destacaban Steve Aoky, Enrique Iglesias, Ozuna y Ricky Martin.
El primer descalabro ocurrió el 14 de septiembre, cuando Benjamín Medrano y un representante de la empresa intermediaria Kasst Agency anunciaron la cancelación del cantante Ozuna; pero la duda la sembró el artista al informar en sus redes sociales que no se presentaría porque nunca fue contratado.
Sin embargo, el último día de la feria (23 de septiembre), ya con las filas de la gente esperando la presentación de Ricky Martin, el boricua notificó en sus redes sociales la cancelación de su presentación en Zacatecas por incumplimiento de contrato de la empresa.
Benjamín Medrano explicó que el patronato que preside sí había pagado la totalidad del dinero para la presentación de todos los artistas, pero habían sido defraudados por Kasst Agency, que no había liquidado en tiempo y forma un millón de pesos a Creative Artists Agency (CAA), la agencia internacional que maneja las presentaciones de Ricky Martin.
Derivado de eso se interpusieron varias denuncias penales en contra de José Tajonar Andere, dueño de Kasst Agency, quien el pasado viernes 4 de octubre fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Se lanzan la bolita
El asunto tomó relevancia cuando el diputado de Morena, Omar Carrera Pérez, exhibió un recurso de revisión del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información (IZAI), en el que se precisa que todos los convenios y contrataciones de la feria se efectuaron por medio de una asociación civil local creada en este año, denominada Promotora de Ferias y Fiestas Populares.
Esta asociación es presidida por una amiga de Benjamín Medrano, pero éste, como presidente del patronato, contrataba a otras agencias para los conciertos de los artistas, pero no informaba sobre los costos ni contratos.
Ante esta acusación, Medrano hizo pública una copia de los presuntos contratos que se habían firmado con los artistas que cancelaron: Ozuna tuvo un costo de 10 millones de pesos y Ricky Martin 7.5 millones de pesos, pero insistió que el incumplimiento de los pagos fue de Kasst Agency y no del patronato.
Respecto a la aplicación de los 54 millones de pesos (30 millones de pesos de recursos públicos y 24 millones de patrocinios comerciales de diversas empresas), Medrano explicó que el patronato no administró los recursos, porque se optó que fuera un comité integrado de forma tripartita por el Sistema DIF-patronato-asociación civil, pues argumentó que de esta manera sí se podrán rendir cuentas pormenorizadas.
El presidente del patronato afirmó que "esta feria es la más exitosa, la más visitada y la más trasparente" y reviró que las verdaderas irregulares se registraron el año pasado con su antecesor Federico Borrego Iturbide, "quien a la fecha sigue sin rendir cuentas".
Reprochó que se haga más escándalo ahora por manejar 54 millones de pesos, cuando el año pasado Borrego Iturbide manejó 70 millones de pesos, con una triangulación de recursos que fueron operados por el empresario Juan Enríquez Suárez del Real y mostró copia del contrato de prestación de servicios.
En dicho documento, el Comité Organizador del Patronato signó este contrato con la empresa denominada Barezzito Zacatecas para efectuar las actividades feriales del 6 al 24 de septiembre de 2018 del Teatro del Pueblo, palenque y todos los eventos especiales, para ello, se realizaron 12 pagos por diversas cantidades que en suma fueron 70 millones 400 mil pesos.
Medrano acusó que el año pasado hubo alteración de precios en la contratación de los artistas y puso como ejemplo que el Conjunto Primavera cuesta 550 mil pesos, pero en 2018 costó 780 mil más IVA (904 mil pesos); así como un elevado costo de 6 millones de pesos por contratar a Alejandro Fernández, más impuestos y más los costos del equipo.
Al respecto, el diputado local (Morena), Omar Carrera, quien preside la Comisión de Transparencia, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que investigue la aplicación de recursos para descartar la existencia de presuntos delitos fiscales.
Por su parte, el gobernador pidió la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que se audite a las administraciones del patronato durante su gobierno.
