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¡Por fin! ¿Quién miente?

 

Se terminó. De una manera patética y sin la menor gloria, pero la LXI Legislatura termina esté día. Se cierra así un capítulo terrible en la historia del servicio público en San Luis Potosí, en la que uno de los poderes del Estado pervirtió su funcionamiento.

De esto hay muestras varias. En lugar de lograr del beneficio público, los diputados buscaron hacerse de la mayor parte del erario que pudieron. No legislaron para la ciudadanía, sino que lo hicieron para el poder. Y al final, optaron por la salida a escondidas, por la puerta trasera antes que cosechar el natural rechazo que sembraron.

La tarea de minar la credibilidad y legitimidad del Congreso potosino en estos tres años no fue labor aislada de un grupo de diputados  o de una fracción. Los 27 son responsables, por obra, por omisión o por ambas.

El insulto final de los 27 integrantes de esta Legislatura a la ciudadanía es su nula capacidad para la autocrítica. Ninguno ha ofrecido una disculpa por los escándalos, nadie ha reconocido las trapacerías financieras y todos se han evadido de la obligación de admitir que en múltiples ocasiones actuaron de manera equivocada.

Antes al contrario. Todo tiene justificación. Hasta el vergonzoso robo de cacahuates y botellas de agua en que fue pillado el petista José Belmares.

Esa capacidad infinita refractaria a asumir responsabilidades es el fundamento en el que se asienta el desastre que fue la legislatura saliente.

Y, desde luego que involuntariamente, su mejor aportación fue despertar el enojo ciudadano de tal modo que se organizó para responder a las trapacerías. Estos diputados no fueron los primeros en incurrir en anomalías, en especial las relacionadas con el desvío de recursos.

Pero sí fueron los primeros en tener la lupa de la ciudadanía de forma casi permanente y serán los primeros en enfrentar denuncias penales relacionadas con casos de corrupción.

Con fallas y excesos, como el de los activistas de Ganemos que se enfrascaron en un pleito de barrio bajo con Sergio Desfassiux y José Luis Romero, pero ese despertar ciudadano basado en el enojo es, quizá, lo único que se le va a agradecer a la LXI Legislatura.

Y ahora, choque de trenes entre la Policía Federal y la Fiscalía General del Estado. El presunto montaje del hallazgo de la menor Mya Fernanda ya tiene entre sus consecuencias las discrepancias entre ambas dependencias, que generó un reproche en red nacional del comisionado de la PF, Manelich Castilla, hacia el fiscal general, Federico Garza Herrera.

El “balconeo” que le dio la fiscalía potosina a la corporación policiaca al revelar la versión de que fue un civil, y no la PF, la que encontró a la niña fue la causa de que el comisionado Castilla afirmara que el fiscal se “anticipó”.

En la misma entrevista, el comisionado ratificó las versiones de sus subalternos de que el video es veraz. La escueta respuesta de la Fiscalía sobre este punto, de que ya dieron a conocer su versión, deja ver una negativa a cambiarla.

Van de frente y ninguno tiene intenciones de quitarse del camino. Pero por lógica, una de las dos dependencias está mintiendo.

¡HASTA MAÑANA!