> ¿Deben o no? > Cuentas a modo
Algo no cuadra entre las declaraciones públicas de la Dirección General de Pensiones en torno a lo sucedido con la onerosa deuda que tenía (¿tiene?) el gobierno estatal con el sistema de retiro de la burocracia estatal.
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El contexto de esta discrepancia es que las pasadas administraciones de la Dirección publicaban la información sobre el monto y el desglose del pasivo del gobierno estatal en las actas de las sesiones mensuales de su Junta Directiva.
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Pero, quizá porque el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se hartó de ser exhibido cada mes por el incremento constante del adeudo, que evidenciaba que no pagaba ni las cuotas que descontaba a los trabajadores ni la parte proporcional que legalmente estaba obligado a hacer.
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No es que antes no ocurriera esto. Las administraciones anteriores dejaron a la DGP un adeudo de mil 196.7 millones de pesos al inicio de este gobierno.
El problema para su sucesor es que en poco menos de dos años disparó ese adeudo hasta los cuatro mil 843.5 millones de pesos. El 75% de esta suma, tres mil 646.8 millones de pesos, le correspondía al actual gobierno gallardista.
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O al menos eso era lo que la propia DGP informó en mayo de 2024, ya con Arturo Coronado Puente, el actual titular. Al mes siguiente, con el pretexto de una supuesta conciliación propuesta por Finanzas, las actas dejaron de publicar el adeudo y su desglose.
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La conciliación se hizo interminable y nunca se informó sus resultados, pero Pensiones ya no volvió a publicar las cifras.
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Así siguió hasta febrero de 2025, cuando la Secretaría de Finanzas afirmó, sin documentarlo, que la deuda ya no existía, algo que se apresuró a corroborar la propia DGP.
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Sin embargo, había un dato de la propia dependencia que no concordaba con eso. Como obligación de transparencia, las dependencias estatales están obligadas a publicar sus estados financieros mensuales.
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La DGP lo ha venido haciendo. En esos documentos, además de los cuadros con información contable, aparecen las notas a los estados e informes contables, que muestran desgloses más detallados de sus movimientos financieros.
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Entre estos rubros detallados, aparecen los derechos a recibir efectivo y equivalentes.
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En la nota 2 de dicha sección, se consignan mensualmente las cuentas por cobrar a corto plazo, que incluyen impuestos por recuperar, la renta de cajones del estacionamiento o de despachos del edificio sede.
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Pero la cuenta más interesante es la cuenta de la Tesorería del Estado, definidas como las aportaciones de esa dependencia de la Secretaría de Finanzas por cuotas a la DGP. En julio de 2025, ese monto era de tres mil 366.1 millones de pesos, una suma muy cercana al adeudo estatal del que se dejó de informar un año antes.
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Pero de nuevo, cayó en la opacidad. Se cita el reporte de ese mes porque fue el último en el que aparecieron las citadas notas. Los reportes de agosto, septiembre y octubre, el último publicado, omiten las casi 20 páginas de las notas en las que aparece el monto de las cuentas por cobrar al gobierno estatal. Se ve que le aprendieron.
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A octubre de 2025, el monto de los derechos a recibir efectivo registrado por la DGP es de 4 mil 788.9 millones de pesos. Un año antes, era mayor: 5 mil 650 millones.
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No es posible ahora precisar cuánta de esa suma corresponde a la Tesorería.
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Pero no parece probable que tal cantidad de dinero lo generen los cajones de estacionamiento.
