> El peor año > Potencial de desastre
Por segundo año consecutivo, la incidencia delictiva anual reportada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) rebasa el máximo histórico e impone una marca. Con la particularidad de que en 2025, la vara se elevó para rebasar los 60 mil delitos.
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Resulta paradójico, porque el discurso oficial se ha empeñado en presumir que las autoridades han sido eficientes contra la delincuencia y presumen cifras que, desde luego, les convienen.
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En especial lo que respecta a los delitos de alto impacto. Los homicidios dolosos, por ejemplo, se han reducido más de la mitad. Eso es algo que, efectivamente, dicen las cifras oficiales.
Igual ocurre con casi todos los delitos. Feminicidios y todas las modalidades de robos y han presentado bajas.
Si eso es lo que ocurre, ¿por qué entonces San Luis ha impuesto un récord de delitos en un año? La respuesta en una palabra es narcomenudeo.
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El conteo delictivo del año pasado confirmó el lastimoso fracaso de las autoridades de los tres niveles del estado en el combate a la venta de droga al menudeo en San Luis.
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El argumento de que las cifras evidencian lo contrario, es decir, que aumentan porque la ciudadanía reconoce la buena actuación de la autoridad ante el crimen, es una lastimosa postura para evitar reconocer el incremento de esa actividad.
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En todo caso, hay una realidad inocultable en el hecho de que de siete mil 400 denuncias de narcomenudeo se haya saltado a 12 mil 300 en un año. El comercio de droga ha crecido de manera estratosférica.
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El narcomenudeo no es un delito cualquiera, si los hubiera. Implica que en el estado hay demanda de estupefacientes, que deben ser abastecidos por alguien. El enorme nivel de ganancias que produce implica también que debe existir un sistema de seguridad lo suficientemente eficaz para defenderla, de las autoridades y de competidores. Y eso implica la posesión de armas y voluntad de utilizarlas.
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Por otra parte, su carácter de ilegal potencia la posibilidad de generar una fuente de corrupción en ámbitos diversos del servicio público.
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Y ni hablar de la crisis de salud que genera un creciente consumo de drogas.
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Al estar relacionado con delitos de naturaleza federal, pareciera que el combate de esta actividad es relegado por los otros dos niveles de gobierno.
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Pero queda evidenciado que su combate debe ser integral. Presumir que se hizo un buen trabajo en el combate a la inseguridad el año pasado, justo cuando se revela que fue el de mayor número de denuncias es privilegiar el reflector sobre la seguridad de los potosinos.
