Apoyo urgente Avientan la pelota
El enorme incendio que ocurrió en una empresa de la Zona Industrial desató la polémica sobre el impacto ambiental del accidente, pero tiene otra arista de la que no se ha hablado mucho.
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Como en otros casos semejantes, los bomberos capitalinos plantaron cara al fuego y, no sin una dura batalla, lograron controlarlo.
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Con este, son dos las conflagraciones en las que han intervenido en menos de un mes. Por esto y otros casos anteriores, la zona metropolitana les debe mucho.
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Lamentablemente las autoridades le retribuyen poco, muy poco, sin que se le proporcione los recursos equivalentes al peso de sus acciones.
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En cambio, hemos visto que entre el Congreso, el gobierno estatal y los ayuntamientos de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez pelotean la responsabilidad ante los frecuentes llamados del Cuerpo de Bomberos para obtener apoyo. O de plano, negativas tajantes, en el peor de los casos.
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Cuando menudean las evidencias de dispendio en los dos niveles de gobierno en asuntos nimios, el desatender las necesidades de los bomberos podría cobrarle un alto precio a la ciudad.
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El hecho de que una camioneta con rótulos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del gobierno del estado haya sido vista realizando lo que parece una mudanza desde un fraccionamiento residencial de Pozos evidenció el descontrol de la dependencia en el uso de sus unidades.
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El hecho se ve agravado porque la labor que realiza la dependencia ha sido cuestionada por grupos de activistas que buscan a familiares desaparecidos, que verán con malos ojos la acción cuando, en buena parte de su actividad, deben moverse por sus propios medios.
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El artículo 53 de la Constitución estatal le da al Poder Legislativo las atribuciones de fiscalizar las cuentas públicas de las dependencias estatales. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias para realizar las auditorías.
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En ese sentido, la Carta Magna estatal establece que el IFSE proporcionará el apoyo al Congreso, pero también asigna a los diputados la responsabilidad sobre las cuentas públicas.
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Por eso, resulta extraño que, en respuesta a una solicitud de información sobre el proceso de fiscalización de la cuenta pública de la Arena Potosí de 2025, el Congreso se haya negado a responder y remitiera a la persona solicitante a la Secretaría de Desarrollo Económico, de la que depende el centro de espectáculos.
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En contraste, no recomendó acudir al IFSE, la dependencia que sería la alternativa más coherente.
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La atención en la Arena Potosí no es gratuita. La opacidad con la que se ha desenvuelto la dependencia se extiende hasta la cuenta pública del año pasado, que reveló que el destino de lo que recauda por los numerosos espectáculos que ofrece y presenta el particular hecho de que no reporta tener personal y, por tanto, no paga nómina.
