Clases de corrupción Plagio mal hecho
El Instituto de Capacitación para el Trabajo es el nuevo epicentro de las denuncias de corrupción que ha realizado esta administración.
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Dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, en esa dependencia se ha denunciado un presunto desfalco por 40 millones de pesos y situaciones de acoso laboral.
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No se precisa si se trata, como la mayor parte de las denuncias hechas en esta administración, de hechos ocurridos en el sexenio pasado, pero resulta significativo que al referirse a los presuntos responsables, se habla de que “hay una mafia ahí adentro. Así, en presente.
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Desde el arribo del nuevo gobierno se hablaba de maniobras poco claras en la asignación de contratos para capacitación laboral, sobre todo en el interior del estado.
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Así habría ocurrido en algunas delegaciones, en especial de la Huasteca, en donde funcionarios regionales asignaban a cercanos contratos de capacitación en las que no se ofrecía ningún servicio.
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Al final, la diputada de MC, Emma Saldaña Guerrero reconoció el señalamiento de que presentó una iniciativa que no era propia, la cual fue transcrita casi íntegra, salvo la inclusión del nombre de San Luis Potosí cuando correspondía. Un plagio “copy paste”, pues.
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Al aceptar que su iniciativa para la creación de la Ley de Cultura de la Paz del Estado es en realidad un clon de una iniciativa que ya había sido presentada en el Congreso de Jalisco, la legisladora le dio la razón a la organización Ciudadanos Observando, que dio a conocer el hecho.
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Tras revelar que la iniciativa no es de su autoría, la legisladora consideró válida la promoción de la agenda de MC, buscando establecerla en otros estados. Y tiene razón, nada lo impide.
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Pero eso no borra la deshonestidad intelectual que mostró al no especificar dentro del texto de la iniciativa que de eso se trataba su propuesta. La diputada no tuvo problema en citar una larga cronología del tema en su exposición. Bien pudo informar a los diputados que la iniciativa no era suya. Además, hay algunas deficiencias.
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Si bien en la copia se tuvo el cuidado de sustituir en el texto el nombre de Jalisco con el de San Luis, en la normatividad “fusilada” se colaron errores visibles y risibles.
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Como en la fracción VII del artículo quinto, relativo a las definiciones, donde se cita una “Ley de Justicia Alternativa del Estado de San Luis Potosí”, que existe en Jalisco, pero no aquí.
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Más adelante, en la fracción XV de ese mismo artículo se menciona a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como la responsable de las atribuciones para “establecer y conducir la política estatal en materia de cultura de la paz”. En la ley jalisciense, la tarea le corresponde a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que no tiene equivalente en el gobierno potosino.
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Sin saberse (al menos no se menciona en la iniciativa) si la secretaría potosina tiene las mismas atribuciones y capacidades que la institución tapatía, la propuesta le carga toda la responsabilidad sobre la instauración de la “cultura de la paz” en San Luis.
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Y también habla de una cooperación de la SSPC con Coordinaciones Generales Estratégicas, que son las áreas en las que el gobierno de MC en Jalisco dividió al gabinete, y que aquí tampoco existen.
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O sea, sí copió. Y lo hizo mal.
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¡HASTA MAÑANA!



