Diputados “home office” Regaño justo
Parece que en el Congreso del Estado les gustó el “home office” al grado de que ya quieren institucionalizar.
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La diputada petista Jacquelinn Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa para reformar el artículo 135 del Reglamento del Congreso, que regula las ocasiones en que las sesiones que comisiones y comités pueden hacerse a distancia por videoconferencia.
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En su exposición de motivos recuerda que esta modalidad se estableció durante la pandemia y quedó ordenado que se realizaran en epidemias, peligro de invasión o fuerza mayor, lo que quedó establecido en el artículo que se quiere modificar.
Para la legisladora, “esta limitación resulta restrictiva y no corresponde a las necesidades contemporáneas de las y los legisladores, en particular de aquellos que residen en el interior del estado”.
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No explica la legisladora por qué no cumplir con su trabajo es una “necesidad contemporánea” de los diputados.
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Pero si explica que las distancias en el estado presentan “desafíos logísticos” para desplazarse a la capital a sesionar.
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Así, plantea quitar el carácter emergente de la justificación del Zoom legislativo para establecerlo en el día a día para acelerar procesos y reducir los
costos operativos”.
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Curiosamente, del ahorro no habla. Hace unos meses, el Congreso defendió furiosamente una partida de 92 mil pesos mensuales para combustible otorgada a 9 diputados, precisamente para sus traslados a la capital.
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Si los diputados se quieren evitar los trabajos de venir a cumplir para lo que los eligieron, al menos que renuncien a ese beneficio.
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Ruiz Contreras, derrapó de mala manera al criminalizar, sin presentar una sola prueba, a la protesta social contra las arbitrariedades de la Guardia Civil del Estado.
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Desde luego, el crimen organizado ha destinado recursos y acciones para hacerse de una base social a la cual manipular cuando lo requiera.
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Y de hecho, que una autoridad admita que esto ocurre es de suyo preocupante.
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Pero que esa misma autoridad, que se supone es uno de los instrumentos para reforzar la Ley, se brinque todos los procedimientos y sin presentar ninguna prueba, declare a las marchas recientemente realizadas como respaldadas por delincuentes
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Por eso, la exhibida que le da desde el Congreso Rubén Guajardo está más que justificada.
En la Secretaría General de Gobierno ven como un “hecho aislado” el ataque que sufrió la alcaldesa de Tampamolón,
Silvia Medina.
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Eso pese a que en entre diciembre y enero, mataron a un exalcalde, a otro alcalde en funciones y el gobernador fue blanco de una campaña de narcomantas. ¿No existe la violencia política en San Luis?
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¡HASTA MAÑANA!
