Un hombre honesto Queja de obviedades

El expresidente del organismo electoral, Juan Dibildox Martínez, falleció este domingo y se lleva con él una trayectoria política que sin ser político, se convirtió en ejemplo nacional, apenas equiparable al que desde otra trinchera llevó Salvador Nava Martínez. El extercer presidente del Consejo Estatal Electoral, dejó una lección que la voracidad de los servidores públicos vigentes no entendió, ni entenderá. Desde Rodolfo Aguilar Gallegos y hasta nuestros días, los participantes en la organización de los procesos democráticos fueron educados para recibir escandalosas cantidades de dinero por ejercer cargos que estrictamente deberían ser honoríficos. Sólo dirigieron el organismo electoral Luis García Julián, Gonzalo Benavente González y el propio Dibildox, cuando el flujo de dinero era impensable después de la sacudida política potosina de 1991, que cimbró estructuras a 

nivel nacional. 

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Todo ese escenario de funcionarios electorales confiables, se cayó con la llegada de Rodolfo Aguilar. Si bien al expresidente le tocó la época de transición entre los consejos que no cobraban sueldo y lo que se asignarían después, está claro que su “proyectito” marcaría importantes diferencias con el estilo de Juan Dibildox. De 2005 hacia atrás, más o menos el inicio de 1993, hay un periodo en el que prevaleció la construcción de la democracia desde el perfeccionamiento de la participación ciudadana hasta la alternancia en el poder sin sobresaltos. Los consejeros eran perfiles de trascendencia histórica, y medidas reglamentarias por aportar, para que cada actor político y cualquier ciudadano tuviera acceso a la misma oportunidad en la toma de decisiones. Dibildox, el ciudadano honesto, deja en su legado un ejemplo y el vivo testimonio dice que la toma de decisiones también es de ciudadanos que no nada más van por dinero.

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Con puras obviedades, el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Luis Ruiz Contreras, describió los casos en que algunos civiles son utilizados como carne de cañón para denostar a las autoridades responsables del orden público y de la procuración de justicia. 

Su declaración sobre el hecho de que se duele de que algunos ciudadanos hagan precisamente lo que no se debe, es decir manifestarse a favor de los delincuentes, de ninguna manera puede representar un alivio para la población. Lo que la gente quiere ver son medidas efectivas para atacar rápido a la delincuencia, no solo cuando los casos se hacen virales en redes. Perder el tiempo en dolerse de una situación tan grave como usar a los ciudadanos para generar una mala imagen de la policía, no es una buena noticia.

 A estas alturas, sus investigadores ya deberían traer en fuga y a salto de mata a quienes son delincuentes y buscan desestabilizar a los cuerpos de seguridad. 

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Usar a la gente para organizar ambientes de conflicto no es un asunto nuevo. Hay corrientes políticas que lo hacen como su modus vivendi, cuando el que se erige como líder se siente incómodo con personas o con instituciones, o justo cuando hay que arrancar algún recurso o alguna dádiva de los gobiernos; es más, las protestas inducidas ocurren casi a diario, y hasta son estrategias políticas para que los adversarios de partido se den patadas por arriba de la mesa. Estos últimos no pasan de ser hechos desagradables o innecesarios, nada más por salud mental. 

La denuncia del jefe policial, sin embargo, es un indicador de que deberán poner cuidado, porque si no son organizaciones civiles las que protestan, y en cambio sí grupos criminales, qué mayor pista pueden tener para desenredar el hilo y desintegrar células delictivas. A trabajar, señores.

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¡HASTA MAÑANA!