FGR: ¿y la otra vía? Reprobados
Con la vinculación a proceso de las tres personas detenidas ligadas a la tragedia del bar Rich, la Fiscalía General del Estado sigue su ruta contra el sector “empresarial” de los presuntos responsables.
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Que la FGR hayan logrado mantener a los tres acusados bajo prisión preventiva es un indicio de que el trabajo de la dependencia ha sido correcto hasta esta fase.
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Sin embargo, está pendiente el otro grupo que podría tener responsabilidad: el de los funcionarios estatales y municipales encargados de la supervisión de las instalaciones, es decir, las instancias de Protección Civil, y las administrativas, que otorgaron las licencias más recientes para que el antro funcionara y pudiera vender alcohol.
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Hasta el momento, el gobierno estatal y la alcaldía capitalina han demostrado que no tienen la intención de someter a sus colaboradores al tamiz de la investigación.
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La Fiscalía no debería descartar ese ángulo, pues las evidencias apuntan a que sin las omisiones de las autoridades, es decir, si hubieran cumplido con sus responsabilidades, la tragedia podría no haber ocurrido.
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La evaluación de los servicios que proporcionan los organismos operadores de agua potable y alcantarillado del estado, realizada por el Inegi, revela el impacto que ha tenido la crisis hídrica en los consumidores.
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Más de la mitad los considera insatisfactorias. Y en lo particular, la potabilidad y el desperdicio del líquido fueron algunos de los aspectos peor evaluados.
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Lamentablemente, parece lejano que se dé una solución rápida a estos problemas, cuando la prioridad es que la ciudadanía no se quede sin abasto.
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Y la lista de problemas de los operadores también es afectada por cuestiones políticas. Hace unas semanas, se reveló la intención del Interapas de canjear la deuda que mantiene con la Comisión Estatal del Agua por la que diversas instancias estatales tienen, a su vez, con el organismo en materia de cuotas de servicios atrasadas. El estado le debe al organismo 145 millones y éste adeuda más de 200 mil.
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La intención quedó cortada de tajo por la negativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de aceptar el trato por la insolvencia del organismo.
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La actitud es cuestionable porque la administración estatal parece más interesada en cobrar ese dinero que en contribuir a solucionar la crisis hídrica.
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Y más porque, al parecer, había buena disposición hacia el trato, al menos hasta marzo pasado, cuando había contactos con la Secretaría de Finanzas, e incluso el visto bueno del mandatario.
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Algo se rompió y ahora, esa posibilidad está cancelada. Esto coincide con la repentina ocurrencia de desaparecer legalmente al Interapas, que el gobernador lanzó y sus obedientes colaboradores legislativos hicieron suya, sin ver que se enfilan a otro desastroso resultado por la evidente intromisión a la autonomía constitucional de los ayuntamientos.
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La sequía es la causa del problema. Las lluvias que trajo Alberto son un paliativo para la crisis, pero no su solución. Enfrentarla sería más fácil si desde la administración gallardista y sus satélites en otros poderes comprendieran que la desesperada situación de los potosinos es más importante que la desmedida ambición del control absoluto.
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¡HASTA MAÑANA!
