¿Sin responsabilidad? Logro en duda
El surgimiento de documentación que desmiente que el bar Rich carecía de autorizaciones estatales, deja sin fundamentos la narrativa de que en Palacio de Gobierno no hay responsables.
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Se trata de una opinión técnica favorable de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), firmada por el encargado de despacho, Mauricio Ordaz, y las constancias de pago de licencias de la Secretaría de Finanzas, ambas tramitadas por la mujer detenida hace unos días en Michoacán y que fungía como encargada de diversos trámites administrativos del grupo que manejaba éste y otros antros.
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Desde que se registró la tragedia del Rich, el gobierno estatal señaló la ausencia total de permisos estatales y, de paso, la de responsabilidades de
sus funcionarios.
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La autoridad estatal señala que la Contraloría General, es decir, el mismo gobierno, investigaría la situación de los documentos, lo que no asegura una indagatoria imparcial.
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La Fiscalía General del Estado debería hacerlo, aunque no se ha pronunciado todavía sobre alguna intención de hacerlo.
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Pero los elementos de una eventual responsabilidad de funcionarios estatales en actos de posible omisión o corrupción están ahí y deberían ser investigados.
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El caso podría dar noticias hoy, que está prevista la segunda audiencia con los tres detenidos que hay sobre el caso.
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La Secretaría de Finanzas presumió en un comunicado que ligará dos años consecutivos con cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de sus cuentas públicas.
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Señala que en la revisión de 2023, que está pendiente de conocerse, no tendría observaciones, lo que se ligaría a 2022 año en que igual colgó el cero.
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Pero la documentación de la ASE dice otra cosa. La matriz de datos del acumulado de las tres revisiones realizadas a instancias del Ejecutivo no aparece en ceros, si no que reporta observaciones por 22.8 millones de pesos. Si bien es una suma mucho menor a las reportadas en años anteriores, el resultado desmiente la presunta perfección presumida por la administración estatal.
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En la UASLP, segundo día de mutis sobre la compleja situación en torno a las dudas sobre el grado académico de su abogada general y el destape de un conflicto interno en la Oficina de la Abogacía General y un sector de los profesores de Posgrado de la Facultad de Derecho.
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Confirmaría lo que se dice de la estrategia de comunicación de la institución en casos complicados: aguantar en silencio y esperar a que los asuntos se pudran.
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¡HASTA MAÑANA!
