Fiscalías reprobadas UASLP: ¿en buenas manos?
Para quienes aspiran a que la procuración de la justicia en este país y en la entidad sea una realidad, el informe de la organización ciudadana Causa en Común sobre el estado de las fiscalías estatales es descorazonador.
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Tan mal están las cosas que ninguna instancia logró siquiera el cero, pues todas obtuvieron calificaciones negativas. El rezago es monstruoso.
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Y esto incluye a la Fiscalía General de Justicia, que tuvo resultados negativos en rubros tan importantes como la certificación de elementos de la Policía de Investigación deficientes, seguridad laboral, el régimen de disciplina, profesionalización y carrera policial.
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Destaca la también baja calificación en materia de autonomía.
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El mal de muchos no es un consuelo en este caso. Las fallas de la Fiscalía General del Estado son, innegablemente, graves.
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Pero se trata de una deficiencia estructural que afecta tanto al país como a los estados. El estudio de Causa en Común expone que, antes que la reforma laboral, la prioridad era restructurar las fiscalías, tanto la federal, como la de los estados.
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Desde luego, esa situación no exime a la fiscalía local de tomar las medidas necesarias para sacar a la dependencia de esta situación tan negativa.
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Envuelta en una batalla legal contra el Instituto de Fiscalización Superior del Estado por evitar una auditoría local, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí depende de la oficina de la Abogacía General.
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No ha tenido mucha suerte, pues sólo ha cosechado derrotas en los tribunales federales en las controversias constitucionales que ha presentado.
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Pero no sólo ahí ha tenido malos resultados el área jurídica de la UASLP, a cargo de Urenda Navarro Sánchez.
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El Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado está tramitando el litigio laboral 440/2025, presentado por una trabajadora del área de Orientación Educativa contra la UASLP, representada por Navarro Sánchez
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De acuerdo al listado de acuerdos del TLPJE del 23 de octubre, la jueza Luisa Rojas le da un tremendo varapalo a la abogada universitaria, que había presentado un recurso de consideración contra las medidas cautelares ordenadas anteriormente.
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Lo menos que le dijo era que su recurso era "notoriamente frívolo e improcedente", pues se había confundido al secretario instructor del tribunal como fuente de las medidas, cuando en realidad fue la jueza la que las emitió, por lo que esta desestimó el recurso.
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La abogada universitaria no sólo no corrigió el yerro, sino que lo impugnó, vía un amparo presentado el 5 de diciembre ante el Juzgado Sexto, que quedó inscrito en el juicio de amparo1838/2025.
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De nueva cuenta, la Oficina de la Abogacía General de la UASLP fue zarandeada. El juez del caso detectó al menos tres fallas de novato, contenidas en un ofició de prevención en el que le daba 5 días de plazo para corregir las fallas.
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Estas eran que precisó la fecha de cuándo se enteró de los actos que impugnaba, dato obligado para que se determinara si la demanda se presentó en los tiempos legales. Tampoco escribió en su oficio la fórmula de lo que expresaba se hacía "bajo protesta de decir verdad".
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La abogada general universitaria tampoco demostró ser representante de la UASLP, pues no entregó ni un poder legal que la facultara a defender a la universidad.
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Y finalmente, no entregó el número de copias necesarias de su escrito aclaratorio.
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Así que en este amparo, el juez le dio a la abogada general cinco días para resarcir las temendas fallas en las que incurrió.
