Alza irregular Temor al costo
Discrecional. Así fue el criterio utilizado este año por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para determinar el alza a la tarifa del transporte urbano. Como dependencia pública, la secretaría no puede hacer nada que no le permitan las leyes.
Y de acuerdo al proceso legal para determinar el incremento anual de la tarifa, el único indicador previsto en la Ley del Transporte Público del Estado es el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o el nivel de inflación.
Que los permisionarios del transporte urbano enfrentan incrementos generalizados de insumos y servicios este principio de año, es cierto. Como todos los que se dedican a actividades empresariales y aún los usuarios del servicio.
Sin embargo, la Ley no permite otro criterio de comparación para definir el alza de las tarifas de su servicio que el INPC.
Sin embargo, la SCT literal se sacó de la manga el tema del salario mínimo para otorgar un alza incluso mayor que la representada por la inflación. El incremento del INPC fue de 4.21%, mientras que el alza adicional por el incremento del salario mínimo fue de 4.26 por ciento, valor toralmente arbitrario y sin justificación legal.
No es la primera vez que la SCT lo hace en este gobierno, el incremento de 2023, de 8.92 por ciento, se componía de un alto 7.82% por el INPC y un 1.1 por ciento adicional por, según el decreto de entonces "el rezago que viene soportando la tarifa en agravio de la capitalización de los transportistas".
Es decir, otro criterio distinto al utilizado este año, pero igual de irregular e ilegal.
El anómalo proceder de la SCT deja en la incertidumbre la permanencia del alza, pues lo expone a ser revertido por la vía del amparo, según abogados consultados.
Sin embargo, parece que los usuarios ya se resignaron al alza y ya ni siquiera los estudiantes, otrora un grupo muy combativo cuando se establecía el incremento, protestaron esta vez.
Si las condiciones de los permisionarios y concesionarios del servicio enfrentan dificultades, quizá sea necesario que dieran un paso de costado para dar espacio a otros que aceptaran el riesgo que entraña toda actividad económica.
O quizá el Ejecutivo y el Legislativo deberían modificar, desde la Ley, el modelo de un criterio único para determinar el alza y agregarle otros indicadores que bien podrían establecer incrementos más aceptables para los prestadores del servicio, pero que generarían el disgusto de los usuarios.
Y para un gobierno que maneja muy mal el costo de tomar decisiones que afecten al bolsillo de la ciudadanía, como lo demostró el asunto del control vehicular, parece preferible hacer las cosas de modo discrecional antes que afrontar la responsabilidad.
Ayer se perfilaba un feo caso en el que se entremezclan el crimen de alto impacto, la política y varios partidos. La bomba puede explotar en Zaragoza.
