Redes electoreras Costoso disparate
El jueves pasado, en el salón Pedro Antonio de Los Santos del Palacio de Gobierno se realizó una reunión que llamó la atención por la nutrida asistencia.
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Y cómo no, si se solicitó la presencia de al menos tres representantes de casi todas las dependencias gubernamentales.
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Convocada por la Secretaría Técnica del Gabinete, a cargo del tamaulipeco Miguel Cavazos Guerrero, el tema iba a ser las Redes de Gestión Comunitaria, el instrumento creado para manejar los servicios y acciones de diversas dependencias, que se otorgan directamente a los ciudadanos, entre los cuales está la estratégica gestión de apoyos sociales.
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Pero no se discutió el modo de mejorar las acciones, eficientar las gestiones ni cualquier punto que implicara una mejora para
la ciudadanía.
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Más de uno de los asistentes se sorprendió cuando en la reunión se les soltó que las mencionadas redes deberían ampliarse y que “en agradecimiento hacia el gobernador” Ricardo Gallardo Cardona, las dependencias involucradas debían integrarse una base de datos de los beneficiarios de las actividades gubernamentales, que sería compartida por todas las dependencias y que se actualizaría frecuentemente con la información de los beneficiarios de esas acciones y las personas atendidas.
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Y entre la información requerida está el nombre del beneficiario, fuera directo o indirecto, la CURP, la clave de elector (¡¡!!!), la sección electoral, dirección y teléfono.
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La inclusión de los datos electorales de los beneficiarios de programas sociales estatales se explicó cuando, sin ningún pudor, se les mencionó que servirían para “cuando llegue el momento, se le pida el voto a la gente”. Y se remató con la amenaza de que dependencia que no cumpliera, se atuviera a las consecuencias.
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El asunto no sólo viola preceptos electorales, sino las de Protección de Datos Personales, pero parece que en Palacio, cumplir la ley dejó de ser desde hace rato una prioridad.
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No es accidente que las siglas de las Redes de Gestión Ciudadana y las del nombre del gobernador sean las mismas.
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En teoría, la puntada de “apoyar” con 350 mil pesos al empresario de productos de marcas Premium que sufrió el robo de su mercancía le podría costar al gobierno casi tres mil millones de pesos.
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El torpe manejo que hizo la Secretaría de Finanzas del asunto, al tratar de sacar raja del infortunado suceso abrió el debate sobre si la autoridad debería “indemnizar” a los empresarios víctimas de robo.
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Los reclamos no se hicieron esperar, aún y con el disparatado intento de corregir lo torcido convirtiendo el “donativo” original en un préstamo, el cuestionamiento de empresarios afectados por robos sobre si todos recibirían el mismo trato.
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Si fuera así, y de acuerdo con datos de la Encuesta de Victimización de y Percepción sobre Inseguridad Pública del Inegi, en su versión de 2023, la suma de los daños sufridos por empresas a causa de la inseguridad sumó dos mil 943.6 millones de pesos.
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Con su ilógica medida de privilegiar un solo caso, el gobierno estatal, en teoría, debería de disponer de esa suma para “democratizar” el gesto.
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Desde luego que solicitar lo anterior es un sinsentido, pero el dato sirve para dimensionar el disparate de la Sefin.
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¡HASTA MAÑANA!
