Juicios a adversarios Peticiones a KCSM
No hay adversario político que no enfrente alguna situación que ponga en riesgo su futuro como aspirante a continuar en la administración pública. Desde hace décadas, en San Luis Potosí se estila encarcelar a exfuncionarios públicos por incurrir en diversas irregularidades y dejar su escarnio como un ejemplo para todo aquel que no comulgue con el sistema político vigente. Así sucedió en la década de 1990 con funcionarios que se sirvieron con la cuchara grande de los bienes del estado, y creyeron que el gobernante sucesor no haría nada. También ocurrió por ejemplo en los meses previos a las elecciones del año 2000, cuando un alcalde con licencia en la Zona Huasteca fue encarcelado justo cuando era candidato a diputado por un partido opositor al entrante, y por estar acusado de un abuso de autoridad con agravantes.
????
El cambio de marca partidista en el año 2003, también trajo como consecuencia diversos actos de persecución política para personas imputadas de diversos hechos en agravio de la hacienda pública del Estado. Así ocurrió por ejemplo con las denuncias que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado recibió por el manejo que se dio en la administración estatal saliente, emanada de un partido político diferente, al Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial de Santa Rita. En unos cuantos meses, el gobierno entrante ya tenía a dos exfuncionarios y algunos cargos gerenciales detrás de las rejas con cobertura periodística en horario estelar (aún no operaba el sistema penal acusatorio).
????
Regresó el partido político anterior en 2009, y ahora le tocó presentar denuncias penales contra exfuncionarios del gobierno que le metió a la cárcel a algunos de los suyos, y mandó a la cárcel a exfuncionarios imputados de diversas irregularidades. Llegó un gobierno del mismo partido político en 2015, y misteriosamente no hubo procesos penales de gran calado contra exfuncionarios. La procuración de Justicia relacionada con las acciones de aquel gobierno gris, quedó en entredicho y no sea por procesos abiertos con motivos políticos, sino por agravios a la hacienda pública del gobierno estatal. Es 2023, y todo parece indicar que un exservidor público de la actual administración estatal que ciertamente es descrito por su marca de incontinencia verbal, se rebeló contra el sistema, y se encuentra en la mira del Congreso del Estado. A ver qué pasa.
????
Los eternos trámites para solicitar permisos de construcción en la obra pública, forman parte de la factura que a los mexicanos nos está cobrando haber permitido que el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León vendiera la administración de los Ferrocarriles Nacionales de México al extranjero. Es 2023, a 13 meses del fin del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es fecha que los gobiernos locales no pueden tramitar permisos para actualizar los cruces ferroviarios de las salidas a Cerritos y Tampico, Laredo y Charcas-Salinas de Hidalgo-Aguascalientes, en el famoso Circuito Potosí, en el tramo del bulevar Manuel Gómez Morín.
????
Son esas, precisamente, las condiciones que han retardado múltiples obras de infraestructura, como la ampliación del paso inferior a desnivel en la avenida Salvador Nava Martínez durante la alcaldía de Xavier Nava Palacios, o el caso del puente vehicular de cruce de río en la carretera de cuota Cerritos-Tula, dañado por las condiciones del clima ya en el sexenio estatal de Ricardo Gallardo Cardona. El puente compromete un cruce sobre las vías del ferrocarril que opera la compañía KCS de México, y vaya que solicitar permisos a la empresa es tardado, si no es que eterno, si se considera que en tiempos de Ferrocarriles Nacionales de México, sólo bastaba con la dotación de la infraestructura, el establecimiento de medidas de protección y la firma de los involucrados.
¡HASTA MAÑANA!
