La otra corrupción Efectos de la deuda
El caso de la exalcaldesa de Villa Hidalgo, Eurídice Meza Mendoza, detenida por presunto uso indebido de funciones públicas, es una advertencia para que la lupa pública y de las autoridades apunte con más atención a lo que pasa en los municipios.
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Los escándalos financieros y de corrupción suelen centrarse en las administraciones estatales y en los ayuntamientos más populosos y cercanos, la capital y Soledad de Graciano Sánchez.
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Sin embargo, el caso de Villa Hidalgo, un municipio que estaba en poder del movimiento antorchista hasta las pasadas elecciones, pone de manifiesto que en el interior del estado es muy factible la práctica de la corrupción.
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Esto parece confirmarlo el informe final de la Auditoría Superior del Estado al último año de gestión de la exalcaldesa presa.
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Y es que el documento revela una situación escandalosa: el monto de las irregularidades detectadas superó con mucho la suma auditada inicialmente. De los 53.7 millones de pesos revisados, la ASE reportó casi 119 millones de pesos en anomalías.
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Será interesante escuchar la explicación de la ASE sobre cómo se propició esto, aunque algún norte da el hecho de que unos 60 millones de pesos, entre los que se incluyen los 27 millones de pesos que aparecieron en la cuenta privada de la expresidenta municipal, procedentes de la venta de un predio municipal a una constructora.
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El informe final de la ASE apunta a que el ayuntamiento tuvo ingresos extraordinarios que estuvieron por poco tiempo en las arcas municipales antes de depositarse en cuentas no autorizadas.
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No escapa a la atención el origen antorchista de la administración. El polémico grupo ligado al PRI ha dejado muchas dudas sobre la limpieza en el manejo de recursos, no solo aquí, sino en todo el país.
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En el caso de Villa Hidalgo, que el antorchismo tenía en su poder hace tiempo, se refleja el estilo del grupo político para gobernar: a través de funcionarios foráneos “importados”, procedentes de bastiones de la agrupación: el Estado de México y Puebla. Sería interesante que la FGE indagara si los recursos presuntamente desviados no acabaron en esos sitios.
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El incremento de los pasivos involucrados en los riesgos presupuestales que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona admite que enfrenta no generan impactos sólo al ámbito financiero.
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La morosidad en la que ha caído esta administración con varias instituciones ya le ha generado algo de inestabilidad, sobre todo con los maestros.
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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y la Dirección General de Pensiones han sido blanco de airadas manifestaciones.
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El Colegio de Bachilleres también ha protestado por la falta de pagos estatales… y podría volver a hacerlo pronto.
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Es previsible que entre más tarde la administración gallardista en cubrir sus obligaciones financieras, más crezca la inconformidad de los afectados y, por tanto, sus protestas.
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¡HASTA MAÑANA!
