Ni tan ciudadanos Crueldad al alza
La intención en el Legislativo de convertir a los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción en burócratas asalariados sería un nuevo golpe al de por sí maltrecho esquema para combatir el dispendio y el desvío de recursos.
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Habrá voces que señalen que alguien en un cargo como ese, que en materia de responsabilidades los equiparan a los funcionarios públicos, al grado de que enfrentan por igual la posibilidad de ser sancionados por incumplimientos y anomalías, merece una compensación.
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Sin embargo, desde su diseño original, se preveía que la preservación de la presencia ciudadana en el organismo era una prioridad.
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El cambio deja claro qué tanto ha cambiado en San Luis Potosí la voluntad de participar en la vida pública del estado sin esperar nada a cambio.
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Sobre todo porque en la entidad ya se ha mostrado que es posible que ciudadanos realizaran labores púbicas pro bono, como las primeras generaciones de consejeros electorales.
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La propuesta en el Congreso se detuvo sólo porque la parte promotora “olvidó” incluir el monto que representaría el pago de honorarios de los consejeros, a los que quizá ya es innecesario considerar como ciudadanos.
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Es innegable que en San Luis Potosí, la agudización de la violencia está llegando a puntos inéditos.
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Así lo refleja el reporte de la organización no gubernamental Causa en Común, que muestra el crecimiento de hechos delictivos considerados atrocidades en la entidad.
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Más muertos y más crueldad, es el signo de estos malos tiempos.
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Y como en el avance numérico de la actividad delictiva, el alza en el nivel de las atrocidades tiene un origen fácilmente identificable: la impunidad.
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En la justificación de la Comisión del Trabajo del Congreso para deshechar las medidas para evitar anomalías en las renuncias voluntarias de los burócratas algo no cuadra.
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La diputada panalista Martha Barajas argumentó que la razón principal era económica pues expuso, sin mucha claridad, que el TECA valide una renuncia voluntaria de un burócrata sólo si éste la ratificara, no se podría atender por carencia de presupuesto.
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Sin embargo, esa justificación no aparece en el dictamen con el que se declaró improcedente la iniciativa.
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El único argumento fue tomado de un posicionamiento de la Oficialía Mayor del gobierno estatal: que la medida vulnera la libertad de los trabajadores.
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Ayer entró en el anecdotario de lo lamentable de los políticos potosinos la diputada federal por Morena, Martina Cázares.
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En la polémica sesión en la que Morena, después de tres intentos, desapareció 109 fideicomisos, la legisladora proveniente de la Huasteca fue captada cacheteando a su colega panista Lizbeth Mata.
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El acto, de por sí reprobable, le ha generado numerosas críticas a una legisladora de gris desempeño, que parece sólo figura por situaciones inconvenientes, como cuando exhibió sus penosas habilidades de lectura cuando ofreció un informe de actividades el año pasado.
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No está de más recordar el modo en que fue postulada por Morena: por el método de la tómbola.
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¡HASTA MAÑANA!
