No sólo 3 CEDH, en la mira
La detención de tres personas vinculadas al bar Rich, involucrado en un accidente que dejó a dos jóvenes víctimas, lleva el asunto a una nueva fase, que pondrá a prueba la voluntad sancionatoria de l
as autoridades.
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Los responsables de tramitar permisos varios ante el gobierno estatal y la alcaldía Ulises N. y Nancy N. cayeron en Michoacán, a donde huyeron tras el accidente del
viernes 7 de junio.
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Una persona más fue detenida aquí, aunque no se identificó su función dentro de la organización.
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Habrá que ver si el afán persecutorio de la autoridad se queda ahí o se extiende hacia otros ámbitos.
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Están los funcionarios del ayuntamiento y del gobierno estatal, cuyos incumplimientos en sus labores de vigilancia y verificación de los requisitos de protección civil y en la emisión de permisos y licencias del establecimiento y de la plaza que albergaba el local.
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Hay elementos que justifican la investigación en ambos sentidos. Habrá que ver si la FGE opta por los dos o se inclina en una
sola dirección.
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Y en cuanto a la plaza Alttus, también hay indicios de que la tragedia se debió en buena parte a las condiciones de la sede.
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Circulan versiones de que una tercero que presta servicios en el lugar reportó ya desde hace mucho el riesgo que implicaba la
balconería del inmueble, que resultó un factor determinante para el accidente.
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El asunto, pues, no termina con las tres detenciones de ayer, sino que más bien, inicia.
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A ver cómo le va a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Argüelles, luego de que por segunda ocasión, advierte sobre la ilegalidad que representa la iniciativa de castración química a violadores.
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La funcionaria ha estado bajo fuego desde hace unos meses de parte de un grupo que exige su destitución y que ya involucró a los diputados con la presentación de una solicitud de
juicio político.
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No está claro aún si se trata de un movimiento orgánico o si tiene un impulso externo. Hay que recordar que estamos en un escenario en donde el poder hegemónico local desea el control de los espacios autónomos del estado.
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Pero la situación que enfrenta es independiente de la legalidad (o ilegalidad) de la iniciativa. Y en todo caso, no sería la comisión el obstáculo más fuerte para esta sinrazón, sino los tribunales, que muy seguramente desecharían la nueva norma, en caso de que se apruebe.
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Y no se trata de una defensa de criminales, sino del respeto a las garantías amparadas a leyes
superiores que los afanes populistas de establecer una justicia en exceso punitiva.
