También son víctimas ¿El que viene paga?
Mala señal para el estado el que las cifras de policías asesinados en el año recién terminado hayan pulverizado las del año previo. Saltar 3 a 19 muertes violentas agentes de distintas corporaciones refleja enormemente el grado de la actividad delictiva en la entidad y manda un mensaje terrible: si los policías, que son el instrumento del estado para ejercer el monopolio del uso de la fuerza apegada a derecho, caen de esa manera ante los delincuentes, ¿qué puede esperar el resto de la ciudadanía?
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Ante todo está la tragedia humana que entraña cada asesinato, sea o no la víctima agente de la Ley. Pero también hay otra lectura escalofriante: los estados en los que presentan un alto grado de mortalidad entre agentes policiacos (Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, por citar a los que sufren escenarios peores que San Luis) son también el teatro de una abierta guerra entre los grupos delictivos por el control de territorio.
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Y eso se traduce, a su vez, en un alto número de civiles asesinados y, ahora vemos también, de policías.
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Tampoco tranquiliza que, literalmente, policías de los tres niveles de gobierno estén incluidos en la estadística mortal: los que más sufren son los agentes municipales, especialmente los de la zona metropolitana de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez.
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Pero también la Policía Ministerial tuvo un año terrible, y hasta un agente federal fue ejecutado en una emboscada en el periférico.
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La cuota mortal no sólo la pagan los civiles, es la conclusión que deja el reporte de la organización Causa en Común.
A contracorriente de lo que el mismo gobierno estatal estableció desde octubre del año pasado en los Lineamientos para el Proceso de Integración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, en el sentido de que el recorte presupuestal dejaría sin recursos a la administración para sostener a los trabajadores por honorarios, ahora se quiere hacer ver esta súbita desocupación como algo normal.
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La suerte de unos mil 400 empleados por horarios no se decidió por la crisis generada por COVID, sino que es parte de un proceso “normal” cada fin de sexenio, es la idea que ahora se pregona.
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Al final, independientemente de que se quiera maquillar su origen, la desocupación en el gobierno estatal será brutal.
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Y queda todavía una cuestión que no se ha definido: ¿quién indemnizará a los despedidos? ¿ésta o la administración que viene? Si los recursos que se inviertan en los finiquitos, y peor aún, juicios laborales perdidos, sobrepasan al pretendido ahorro de los sueldos, el recorte de la nómina resultará un mal negocio.
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El PRI dio señales de vida. Hay cinco personajes que se apuntaron para participar en la elección de candidato. Aunque lo más probable, es que este proceso sea un mero trámite, pues todo se enfila a que el candidato de la coalición Va por San Luis va a surgir del lado panista.
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Quizá los que más esperanzados están en que la versión de que la titular de Salud, Mónica Rangel, sea la carta sorpresa de Morena a la gubernatura estén en la coalición Va por San Luis: tienen suficiente parque para usar ya no en contra de uno, sino de dos adversarios manchados por la sospecha de malos manejos en el erario.
