Edén contractual
La sabiduría musical es clara: Tabasco es un edén. Pero para un grupo particular de oriundos de la entidad sureña, San Luis Potosí es el verdadero paraíso, en donde la fortuna les sonríe mediante jugosos contratos estatales entregados a una empresa que en aquellas tierras factura morralla, pero aquí se lleva millones por las más disímbolas tareas.
Desde el 2023, Corporativo Havacuc SA de CV, una empresa creada en 2020 en Villahermosa, ha trabado una relación con diversas secretarías de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, en la que la versatilidad es la constante: lo mismo puede abastecer de kits sanitarios, que vender autobuses y construir hospitales.
Con ello, han obtenido ingresos por 254.3 millones de pesos en contratos para los cuales han ido adaptando su estructura como si sus socios supieran el afortunado futuro que les sonreiría.
Quizá sea la suerte de tener las relaciones correctas, pues se le detectaron nexos con otro tabasqueño que también halló en el gobierno gallardista una cornucopia de dinero público en forma de contratos.
Corporativo Havacuc nació, de acuerdo al Registro Público de Comercio de Tabasco, el 31 de julio de 2020, en Villahermosa.
Apellidos de postín en aquellas tierras aparecen en la empresa. Uno de los dos socios fundadores es José Francisco Garrido Gular, que comparte el apellido del polémico exgobernador Tomás Garrido Canabal.
La otra fundadora es Marlene Gular Santamaría, integrante de un poderoso clan ganadero de la región.
Ambos crean el Corporativo Havacuc con un capital social de 50 mil pesos.
El objeto social original de la empresa es amplio. Abarca conceptos que van de la venta de abarrotes, artículos de oficina, material eléctrico e insumos médicos. También apuntó a la construcción y a la obra pública, los servicios de vigilancia, de limpieza y a toda actividad económica que le sirva para sus objetivos actuales y futuros.
Una navaja suiza adaptable a cualquier contrato, como le gusta a los gobiernos con mucho dinero para gastar.
Nació en tiempos difíciles, en plena pandemia de Covid 19, por lo que no se le encontró actividad comercial inmediata. Aun así, la empresa aumentó su capital social a 550 mil pesos, por una inyección hecha por Marlene.
Sus negocios eran pequeños. Entre julio y octubre de 2021, facturó al gobierno tabasqueño 57 mil pesos en tres ventas de material diverso.
A mediados de diciembre, expande por primera vez su objeto social, para agregar a su rubro la venta de banderas y banderines, material de limpieza, pinturas e impermeabilizantes e insumos médicos e higiénicos.
A partir de eso, todo es Jauja. El movimiento es acertadísimo, porque apenas 15 días después, el 30 de diciembre, la Oficialía Mayor del gobierno estatal le da el contrato DGA-CAASPE-LE-0060-22 para surtir a la SEGE de cinco mil 747 kits de limpieza escolar y poco más de seis mil cestos para basura, por los cuales recibió 19.4 millones de pesos.
Aquí se establece el patrón. Un aumento en el capital accionario o la expansión del objeto social anticipa un gran negocio con el gobierno potosino.
Esto se confirma en febrero de 2023. El RPP tabasqueño inscribe un acta de asamblea en donde el capital accionario del corporativo, “en función de los proyectos en la que la empresa se propone participar”, se dispara a 30 millones de pesos.
Marlene Gular pone 15 millones y el resto, sin algún antecedente previo de venta de acciones, María Esther Garrido Gular, que aparece en sustitución de José Francisco.
El incremento accionario era obligado ante la magnitud del negocio que se les venía. El 16 de marzo, la Oficialía Mayor del gobierno estatal le otorga el contrato DGA-CAASPE-Co014-LPE-001-23 para proveer de las primeras 30 unidades Bus Rapid Transit (BRT) de la Red Metro, por un monto de 164.9 millones de pesos.
La adquisición fue solicitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Leonel Serrato entonces, cuando todavía era amigo del gallardismo.
No se pudo encontrar una copia del contrato, pero sí un reporte de auditoría al proceso de compra, realizado por la Contraloría General del Estado, que no sin sorpresas, certificó una licitación prístina y sin mácula.
El documento revela que Corporativo Havacuc, que se olvidó incluir en su larga lista de servicios el de la venta de equipo de transporte urbano, venció en la licitación a gigantes del ramo, como Daimler, Volvo y Scania.
En junio del año pasado, la empresa engrosó de nuevo su lista de objetos sociales, añadiendo la publicidad, la renta de vehículos, el equipamiento de vehículos policiacos, la renta de autos y equipo para eventos, el servicio de transporte de carga y hasta la venta de aviones y helicópteros. El sueño de cualquier administración que tiene la tendencia a ignorar a empresas especializadas a la hora de otorgar contratos.
De la venta de equipo de limpieza a la de grandes autobuses, la siguiente aventura millonaria del corporativo con el gobierno estatal también implicó un gran giro: la construcción de hospitales.
El 28 de octubre del año pasado, Havacuc firmó con los Servicios de Salud el contrato para la construcción de la segunda etapa de la conclusión del Hospital General de Rioverde. La operación le implicó ingresos por 70 millones de pesos.
En los tres contratos, la empresa sumó 254.3 millones de pesos. También aparecen cifras mucho más bajas en contratos para vender a la SCT impermeabilizante, una laminadora… y un reloj checador. ¿Hay algo que esta empresa no haga o venda?
Contratos de este año no se encontraron, pero sí un nuevo movimiento interno en la empresa que podría ser, otra vez, un antecedente a nuevos contratos millonarios. Y quizá algo más.
En enero de este año, la empresa le otorgó amplios poderes legales, laborales y de dominio a Guadalupe Juárez Ortegón, una exfuncionaria del Servicio Estatal de Bienes Asegurados y de la Secretaría de Finanzas del pasado gobierno estatal tabasqueño.
Esta persona es, también, a la vez, un nexo con otra empresa tabasqueña que ha disfrutado de generosos contratos del gobierno gallardista.
En un proceso licitatorio de la Oficialía Mayor realizado el año pasado para adquirir impermeabilizante para la Sedesore, Juárez Ortegón aparece como representante legal de otro tabasqueño y otro Garrido: Emilio Juárez Garrido.
¿Lo recuerdan? Es un colega charro del gobernador Gallardo Cardona, dueño junto con su hermano Francisco, del equipo del rancho El Bilioso.
En una entrega pasada de esta columna, se narró como su empresa, MB Construcciones SA de CV, una constructora tabasqueña, se llevó junto con otra compañía de por allá, el contrato de más de mil millones de pesos por la ampliación de la pavimentación del Río Santiago, del periférico a Palma de la Cruz, pasando justo al lado de un rancho de propiedad gallardista, aumentando, seguramente de casualidad, sus accesos y su plusvalía.
Dios creo en Tabasco a los Garrido, y los millones del erario del gobierno gallardista los junta en San Luis Potosí.
Falacia laboral
Hace unos días, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un hito laboral: San Luis Potosí registraba 491 mil 265 trabajadores afiliados, la cifra más alta en la contabilidad del indicador, que data de julio de 1997.
Sin duda, una buena noticia, sobre todo en un ambiente en el que la precarización laboral es cada vez más frecuente.
Obviamente, el gobierno estatal se colgó del dato, aunque en términos estrictos, no sea consecuencia de alguna política pública, sino de la dinámica de la economía, sujeta a muchos más factores.
Pero en un comunicado fechado el pasado martes, la administración estatal la atribuyó a “la confianza del sector empresarial en la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona”, “a un clima laboral favorable, estrategias efectivas de vinculación entre talento y empresas y políticas públicas que han impulsado la reactivación económica”.
La de Ricardo Gallardo no es la única administración que se ha jactado de la generación de empleo cuando se registra un auge. De igual manera, rehúyen a la responsabilidad cuando el mercado laboral, sujeto a flujos a veces previsibles, disminuye, atribuyéndolo a fenómenos aislados o estacionales.
La ocasión, sin embargo, abre la puerta a un análisis de la evolución y el grado de avance de los indicadores de la formalidad laboral en esta y pasadas administraciones.
Y con todo y récord conseguido en marzo, el diagnóstico es que Gallardo Cardona demuestra, hasta el momento, que San Luis presenta peores números que los registrados en los periodos de sus cuatro antecesores (que conforman el periodo usado lo mismo como espantapájaros, demonio y chivo expiatorio por su gobierno)… y pinta para que no logre superar a ninguno a fines del sexenio.
En octubre de 2021, primer mes completo de este gobierno, San Luis Potosí, el IMSS contabilizaba 456 mil 972 empleos formales. Tres años y medio, o 42 meses completos transcurridos desde entonces, la dependencia federal tenía 491 mil 265 plazas.
Es decir, el indicador se incrementó en 34 mil 293 registros.
¿Cuál ha sido el comportamiento de sus antecesores en el mismo lapso? El comparativo muestra que todos los superaron y que la brecha se acrecienta conforme a la inmediatez de las administraciones.
El priista Fernando Silva Nieto empezó su gobierno con 192 mil 959 plazas. En marzo de 2001, registraba 236 mil 502, un incremento de 43 mil 543 empleos formales. Casi diez mil más la marca gallardista.
Con el panista Marcelo de los Santos Fraga, el empleo formal tenía 237 mil 744 plazas en su inicio, octubre de 2003, y 42 meses después, en marzo de 2007, sumó 280 mil 962, logrando un superávit de 43 mil 218 plazas, ocho mil 925 registros con respecto al otro gobernador no priista del listado.
El tricolor recobró el gobierno estatal con Fernando Toranzo Fernández, que en octubre de 2009 inició con 277 mil 153 empleos inscritos ante el IMSS. En marzo de 2013, el indicador se ubicaba en 340 mil 166. Aquí la diferencia con respecto a Gallardo Cardona se dispara, pues en el periodo del doctor los empleos formales crecieron en 63 mil 013 plazas, casi 30 mil más que en el periodo más reciente.
Esta situación se agudizó con el antecesor directo del mandatario verde. Con Juan Manuel Carreras López, la cuenta inició con 376 mil 083 plazas formales y concluyó con 447 mil 085. El incremento de 71 mil empleos formales le da la vuelta y pone un poco más allá los números gallardistas.
En resumen, el desempeño en la generación de plazas formales en este gobierno ha estado entre el 26% y el 107 por ciento detrás de los números de sus antecesores.
Los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apunta en la misma dirección, incluso en una dimensión mayor.
Porque hay que recordar que lo que mide el IMSS, el empleo formal, es apenas una fracción de la estadística laboral global, que es la que maneja el Inegi.
Es el caso de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empelo (ENOE), que mide el total de la población en edad laboral de los estados.
En materia de antecedentes, sin embargo, los del Inegi no son tan extensos como los del IMSS y el ejercicio de comparación anterior sólo puede hacerse con las dos últimas administraciones, las de Toranzo y de Carreras.
Así, entre septiembre de 2009 y marzo de 2013, el Inegi registró un incremento de 31 mil 400 personas empleadas en ese lapso, un 3.1%.
Con Carreras López, el alza fue de 4.1 por ciento entre septiembre de 2015 y marzo de 2019.
Con Gallardo Cardona, la información del primer trimestre de 2025 aún no se publica, por lo que se usará la última disponible, la del cuarto trimestre de 2024.
Así, entre octubre de 2021 y diciembre del año pasado, apenas se registra un alza de 0.4 por ciento en la ocupación, francamente, testimonial.
Es decir, el empleo ha avanzado en el periodo actual de gobierno, sin embargo, no al ritmo que tenían sus antecesores.
Es decir, poco que presumir, pero mucho por hacer.
