La elección pobre

Una semana de que se realice la controvertida elección de funcionarios del Poder Judicial, tanto el federal como el local, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no tiene recursos ni para asegurar la compra de garrafones de agua.

Con estos calores que se han desatado en los últimos días, el dato es preocupante sobe lo que  les espera a los funcionarios de casilla que trabajarán en la jornada.

La carencia de hasta lo más vital lo consignó ayer el diario El Universal en su columna “Kiosko”, que trata las polémicas que se registran en los estados:

“La que “está pariendo chayotes” en San Luis Potosí, nos platican, es la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Paloma Blanco López, pues alertó que, en víspera de la elección judicial, el organismo no ha recibido los recursos del gasto corriente por parte de la Secretaría de Finanzas estatal, lo que ha generado una severa crisis. Nos detallan que doña Paloma señaló que no tienen ni para garrafones y, aunque parezca algo simple, el problema es que ahora está trabajando más gente por la elección judicial y con las altas temperaturas en la entidad se carece de cosas básicas como el agua, por lo que urgió a que le liberen los recursos o afectará la operatividad del organismo y hasta el proceso electoral. ¡Vaya alerta!”, señaló el diario publicado en la Ciudad de México en el tema que abrió la mencionada columna.

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Ni para agua. Ese es el resumen de la historia financiera de la controvertida iniciativa de la 4T, nacida con Andrés Manuel López Obrador y que concretará Claudia Sheinbaum Pardo.

Narrativa en la que se han presentado solicitudes insatisfechas, compromisos incumplidos, regateos, abonos chiquitos, pagos sorpresivos y, en general, un resultado que seguramente impactará en los resultados de los comicios judiciales. La historia la cuenta el Instituto Nacional Electoral, en su más reciente Informe sobre la Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales, conocidos en plural como OPLes. 

Este proceso inició a fines del año pasado, con el diseño del presupuesto del Ceepac. El órgano local pecó de muy optimista cuando solicitó 412 millones de pesos para este año, de los cuales, 247.2 serían para el organismo y los 165.1 millones de pesos restantes, para los partidos políticos.

La Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y el Congreso local aterrizaron de fea manera a la autoridad electoral, autorizando sólo 244.7 millones de pesos. La cifra cuidó a los partidos, que tendrían 165.1 millones de pesos, mientras que al Ceepac sólo se le concedieron 79.6 millones.

Ante el desaire, el Ceepac realizó un acto de malabarismo financiero para maquillar el golpe, al señalar que renunciaba a 143.4 millones planeados para “proyectos transversales”, con lo que disminuiría el déficit de 67.8 por ciento a 23.3 por ciento.

En enero pasado, el Ceepac oficializó lo obvio: con el presupuesto otorgado, era imposible financiar la elección judicial, por lo que pidió una extensión financiera de 208 millones de pesos para enfrentar el compromiso. 

Y aquí inició un penoso regateo con la Secretaría de Finanzas. El informe del INE establece que “después de dialogar”, ambas instancias acordaron en febrero que la ampliación sería de 135.8 millones de pesos, perdiendo el Ceepac 72 millones de pesos en esa primera fase.

La brecha sumó 25.8 millones de pesos más en marzo, pues Finanzas comunicó al Consejo que la ampliación sería de 110 millones de pesos.

Pero aún con las rebajas, Finanzas no ha podido cumplir con esa cifra, pues hasta finales de abril, había entregado 67.7 millones de pesos, quedando pendientes 42.3 millones de pesos. 

A eso se sumó una puñalada del INE al Ceepac y otros consejos electorales estatales. En mayo, el instituto informó que traspasaba a éstos la obligación de pagar los sueldos a una buena parte de la burocracia electoral que participa en el proceso de los comicios judiciales, agregándole 15.1 millones de pesos a la carga del consejo.

Éste, a su vez, hizo lo único que le quedaba: pedirle dinero a la Secretaría de Finanzas. Aunque aprovechó para elevar la suma a 21.1 millones de pesos, con lo que el total de pagos pendientes aumentó a 63.4 millones de pesos.

Pero no es la única deuda que el gobierno potosino tiene con el órgano electoral potosino. El reporte señala que hasta mayo, la administración de Ricardo Gallardo Cardona no ha entregado 3.2 millones de pesos de la partida ordinaria del consejo, es decir, de la  suma conveniada para el manejo propio de la institución, totalmente ajeno al presupuesto de la elección judicial.

Todo esto ocasionó que el INE ubicara en el informe a San Luis Potosí en el segundo puesto en el listado de entidades en los que la elección judicial, y en general, su postura presupuestal, esté en riesgo alto.  

Aquí, los efectos de estas peripecias presupuestales están a la vista: Paloma Blanco rogaba el viernes por el pago de 24 millones de pesos “con carácter de mega urgente”. Ahí fue donde la presidenta del órgano electoral reveló que ni siquiera para el agua potable.  

Las personas invidentes, con problemas de movilidad u otro problema físico enfrentarán discriminación, pues la falta de recursos impidió que hubiera material como boletas braille o instalaciones que facilitaran la labor a personas cuya movilidad presentara desafíos.

La delegación del INE salió al quite, anunciando que con “recurso institucional” se solventarían los pendientes y luego verán cómo resuelven con la entidad. ]Por si las dudas, se recordó que el gobierno estatal tenía el compromiso de aportar los recursos.

A ver si no salen cajeados por confiar en que recibirían ese recurso.

En el proceso, ha faltado algo de autocrítica del Ceepac. Al menos ocho entidades pudieron tener algún remanente de ejercicios anteriores, que han llegado hasta los 25 millones de pesos como fue el caso de Baja California. Aquí no se logró ahorrar un peso. 

Parece que la funcionaria electoral no leyó el comunicado emitido por la Secretaría de finanzas el pasado 20 de mayo, en la que se daba por garantizado el presupuesto para la elección.

Tras una contundente reafirmación de que la Sefin va a pagar, La dependencia le pasa, sutilmente, la responsabilidad al Ceepac, al señalar que las ministraciones de recursos se entregan conforme a la calendarización prevista, pero también con la “justificación e información proporcionada por el organismo electoral”.

Y al final, recalcó que hay diálogo entre ambas instituciones, y desmiente al Ceepac al señalar que el gasto corriente se entrega normalmente y no hay adeudos. Esa, se recuerda, es la versión de la secretaría.

Así, nos enfilamos a la elección judicial. La renovación de todo un poder mediante la idea polémica de someterla al voto popular ha sido implementada de manera desastrosa por la 4T.

Parte de ese desastre es el ahorcamiento financiero de los órganos electorales, naturalmente, el Ceepac entre ellos, como si a la 4T le importara nada que el proceso cumpliera las garantías de imparcialidad, limpieza y certeza.

El surgimiento de los “tumbaburros” atribuidos a instancias relacionadas con los partidos político, marcadamente los oficialistas, combinada con la certeza de que la elección judicial tendrá una participación ínfima, por la indiferencia o la oposición de los votantes, dan indicios de que los promotores de la idea esperan un resultado favorable.

Por ende, que esté mal o bien hecha la elección es intrascendente. De hecho, una elección con carencias sería más favorable a esa intención.

Quizá por eso se da la humillante indigencia a la que se han sometido a los organismos electorales, como se está viendo en el Ceepac.