LA UASLP, DESAMPARADA
En su cruzada por evitar ser auditada por la instancia fiscalizadora local, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrentó una derrota judicial que complica su pretensión.
El litigio que inició con la Auditoría Superior del Estado (ASE) y continuó con su nueva encarnación, el Instituto de Fiscalización Superior del estado (IFSE), a través del amparo 625/2023, tuvo un nuevo capítulo el pasado 4 de noviembre, cuando el Juzgado Sexto de Distrito sobreseyó el amparo universitario al considerar improcedente el reclamo de la UASLP.
Un poco de historia. En abril de 2023, la UASLP presentó un amparo contra la intención de la entonces ASE de auditar su cuenta pública de 2022.
La Universidad objetó, por primera vez, el inicio de procedimiento de fiscalización del manejo de sus recursos. Antes de esa ocasión, había colaborado sin problemas.
Sus argumentos fueron que el Congreso no había seguido el procedimiento para nombrar formalmente a Edith Muñoz Gutiérrez como titular de la ASE.
En diciembre de 2021, la funcionaria entró al relevo de Rocío Cervantes, quedando como encargada de despacho. LA UASLP argumentó que el Congreso, la otra instancia involucrada en el amparo, incumplió la obligación de nombrar a una nueva titular de la ASE en el siguiente periodo ordinario, que empezaba en febrero de 2022.
De hecho, así fue, pues Muñoz Gutiérrez nunca pasó de ser encargada de despacho en los alrededor de dos años que estuvo en el cargo.
Por ello, la UASLP consideró que al iniciar el proceso de fiscalización de sus recursos, Edith Muñoz actuaba de manera ilegal y, por tanto, no tenía atribuciones para revisar los números de la Universidad.
De inicio, el PJF desechó la solicitud del amparo, pero a través de un recurso de queja presentado en noviembre del año pasado, consigue que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, lo rescate y ordene al Juzgado Sexto que le diera trámite.
La ASE se inconforma, pero no logra nada.
El Tribunal procesa el amparo y el pasado 4 de noviembre expone su fallo, en el que sobresee el recurso y señala tres razones principales.
La primera es que el juzgador encontró que “no existe la omisión de la que se duele la parte quejosa” porque no encontró en la Ley de Fiscalización un mandato normativo expreso que obligara al nombramiento de una nueva titular de la ASE en los términos expuestos por la UASLP y, por tanto, no hubo omisión legislativa.
Ese el argumento central del sobreseimiento, pero adicionalmente, el Juez ofrece otro par: en octubre de 2023, desaparece la ASE para ser sustituida por el IFSE, en el que queda al frente Rodrigo Lecourtois López.
Con su nombramiento, “se actualiza una cesación de los actos reclamados”, lo que invalida el amparo.
El tiro de gracia al amparo lo da la propia UASLP, pues el juez anota que la UASLP acudió al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para promover un juicio de nulidad contra el mismo acto, la intención de la ASE, hoy IFSE, de auditar el ejercicio 2022 de la institución. El expediente fue etiquetado con la clave 0477/2024. Fue admitido por el tribunal el tres de julio de este año y está en proceso de resolución.
La Ley de Amparo prevé en su artículo 61 que un amparo es improcedente cuando el hecho que lo generó es impugnado ante un tribunal ordinario.
Con ello, la UASLP dinamitó sus posibilidades con la justicia federal y ahora le apuesta todo al TEJA.
Quién sabe si porque vieron mayores posibilidades de ganar en esa instancia, porque semblantearon que el amparo no tenía futuro o por un error en la estrategia judicial, pero la UASLP ya no litiga ante la justicia federal el ser fiscalizada por el IFSE.
La insistencia le genera polémica a la institución, y al rector Alejandro Zermeño Guerra, que se queda con poco margen para actuar.
También hace crecer el costo, político, administrativo y hasta legal, que deberá pagar si no logra su cometido.
Cuitas judiciales
A la par de la cirugía mayor que lo cambiará radicalmente, el Poder Judicial del Estado enfrenta una crisis financiera de dimensiones mayúsculas, que ya afecta la actividad en los tribunales, por los paros y protestas vistas recientemente.
La combinación de ambos factores, la reforma y la precariedad presupuestal, podría agravar la situación.
En el Consejo de la Judicatura ya avizoran ese riesgo e intentan salvarlo vía la propuesta de presupuesto de 2025.
La iniciativa, fechada el 15 de octubre pasado, la firma el presidente de del STJE y presidente del CJE, Arturo Morales Silva. Y ya está en mano de los diputados.
El escrito puede interpretarse como un llamado de auxilio ante una situación desesperada.
Revela que desde 2021 se le ha retenido el monto del subsidio del Impuesto Sobre Remuneraciones a sus empleados, que en 2024 sumó a 137.2 millones de pesos. Ante ello, los recursos disponibles no cubren ese rubro ni los incrementos salariales acordados. También señala que por la sequía de recursos, ya no se atienden el mantenimiento de inmuebles, incluyendo la limpieza, y vigilancia, pues se ha contratado menos personal externo; tampoco se han reparado los vehículos del PJE ni se han renovado equipos, pese a que los actuales ya son obsoletos.
En 2024, el PJE cumplió tres años con el mismo presupuesto: mil 321.5 millones de pesos. El último incremento se dio en 2021, cuando recibió 5 millones de pesos más que el año anterior.
Para 2025, el PJE propone la misma cifra, pero su líder advierte en la suma “resulta insuficiente para cubrir el gasto irreductible y no es posible mantenerlo con el mismo monto”.
Por ello, el magistrado Morales se arriesga a solicitar una suma adicional, a la que etiqueta como “Programa Operativo Anual Adicional” en el que solicita 438.4 millones de pesos más, suma que equivale al 33.5 por ciento del presupuesto solicitado originalmente.
La lista es ambiciosa. Además de los incrementos salariales de 2% a la nómina correspondientes a 2024 (que se autorizó, pero no se recibió) y a 2025, la suma busca cubrir los haberes de retiro de 8 magistrados del STJE, un consejero de la Judicatura y quince jueces que en 2025 cumplen los requisitos para recibirlo.
Y aquí es donde se refleja el impacto de la reforma judicial: se incluye el monto de la indemnización de 15 magistrados, 3 consejeros de la Judicatura y 62 jueces que se prevé sean relevados de sus funciones debido a las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Federación y de los estados.
En el documento disponible no se precisa el monto, pero como quiera que sea, la reforma es un agravante a la ya precaria situación financiera del PJE.
Nadie sabe, nadie supo
La verdad, no se esperaban respuestas diferentes. Tras la revelación de la visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su séquito a un establo premium de Catar, como actividad oculta dentro de su gira por Oriente Medio, se pidió una de las instancias más cercanas al mandatario, su Secretaría Particular, detalles de la gira. También se solicitó información a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)
La primera dependencia se desentendió de seis peticiones de datos hechos vía la Plataforma de Transparencia.
Dichas peticiones incluían la lista de los funcionarios e invitados que lo acompañaron en la gira que encabezó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona por Armenia, Catar y los Emiratos Árabes Unidos; los gastos que implicó por transporte, alimentación y hospedaje; además de la agenda del mandatario, tanto de actos formales como informales.
En este punto, se pidió especificar la visita a Al-Shaqab, el centro de crianza de caballos de la Qatar Foundation, el 26 de junio y, finalmente, los motivos por los que estuvieron en gira la entonces senadora electa, Ruth González y Andrés Aceves Aceves, el charro estrella del equipo RG2, propiedad del gobernador.
Se supone que la dependencia es la que coordina las actividades y agenda del mandatario. Incluyendo la administración y entrega de recursos para viáticos. Incluyendo, de nuevo es una suposición, las giras.
Pero no. Al menos no parcialmente. Guadalupe Saavedra, encargada de la Unidad de Transparencia de la SPG respondió que tras “una minuciosa búsqueda en los expedientes de trámite administrativos que esta Dirección realiza” la dependencia no tenía información “ya que esta Secretaría no ha erogado ningún recurso destinado a ese fin”.
Y luego procede a escurrir el bulto y a arrojárselo a otro: “Le informo que de este mismo modo esta Dependencia no es la responsable de organizar y/o coordinar las giras del Titular del Ejecutivo por el extranjero, por lo tanto, no es posible proporcionar la información que el peticionario solicita; por lo que le conminó a redirigir su solicitud a otra dependencia”.
La elegida por la SPG para hacer la chamba que le correspondía fue la Secretaría de Desarrollo Económico.
Se siguió el camino sugerido pro al SGP y se envió la misma solicitud a la dependencia que ocupa Salvador González Martínez, al que le tocó acompañar al mandatario a la gira.
La respuesta fue la misma: una negativa. Otra vez una “búsqueda exhaustiva” en los archivos no encontró documentos que respondieran a los datos requeridos.
Pero la Sedeco también cerró el círculo al responder que “se orienta para que presente la solicitud a la Secretaría Particular del C. Gobernador, al ser la instancia competente para atender la solicitud”, pues así lo rodena el decreto de creación de la secretaría.
Y así, la petición se convirtió en el meme de los Hombres Araña que, señalándose mutuamente, evaden la responsabilidad.
