NO HUBO RECORTE
Aprincipios de diciembre, un atribulado gobernador Ricardo Gallardo Cardona salía al paso de señalamientos morenistas de que su administración había asestado un recorte a las participaciones federales destinadas a alcaldías guindas argumentando que su propio gobierno también había padecido de lo mismo.
“Traemos un desbalance de más de dos mil 500millones de pesos que dejamos de recibir del gobierno federal para el cierre de este año”, justificaba.
“En septiembre nos llegó la mitad, y no nos dieron dinero ni en octubre ni en noviembre, ya no tuvimos dinero desde el cambio de gobierno (de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo). Entendemos a la presidenta porque no le dejaron ni un peso” decía a los reporteros.
Y remataba en tono pesimista: “y no es de que ‘les vamos a dar en el 25 lo que les faltó en el 24’; , ese dinero, en otras palabras, ya chifló a su máuser, ya no va a haber”.
Tras emitir ese tecnicismo financiero, el mandatario explicó las consecuencias del recorte: no se pagarían en tiempo los adeudos con proveedores y obra pública prevista en 2024 no se iba a realizar. Y acabó pidiendo a los municipios que se apretaran el cinturón.
Esta columna tocó el tema del recorte, exponiendo que en las cifras de la Secretaría de Finanzas estatal y la de Hacienda y Crédito Público no había rastro del recorte aludido.
Y ahora, con buena parte de los datos del cierre de 2024 disponibles, se puede decir que no hubo recortes y no sólo eso: en lugar de disminuir el presupuesto estatal, se registró el mayor superávit presupuestal de San Luis en la primera mitad del gobierno gallardista, pues recibió tres mil 251.5 millones de pesos más que lo presupuestado originalmente para el año pasado.
En 2024, se previeron ingresos por 63 mil 400.5 millones de pesos, y de acuerdo a cifras presentadas por la Sefin en la iniciativa de ingresos de este año, presentada al Congreso en diciembre, se expuso que se habían recibido 66 mil 652.1 millones de pesos, un incremento de 5.1 por ciento.
El presupuesto estatal se integra de los ingresos locales, minoritarios, y los federales, que son la columna vertebral de las finanzas del estado. En ambos casos, hubo incrementos.
En el caso de los ingresos locales, de cinco mil 976.9 millones de pesos previstos, se recaudaron seis mil 021.3 millones, una modesta alza de .74%, pero alza al fin.
La bonanza está en los ingresos federales. Las más conocidas son las aportaciones (Ramo 33) y las participaciones (Ramo 28), pero también hay otros subsidios y convenios particulares con secretarías federales, como Hacienda, Salud y Semarnat y las previsiones salariales para empleados federales laborando en San Luis. En total, son nueve conceptos los que incluye la SHCP.
Y todos presentaron incrementos en 2024, para sumar 59 mil 990.3 millones de pesos recaudados, de 57 mil 423.5 millones previstos. Se trata de un superávit de cuatro mil 593.6 millones de pesos, un alza de 8.6 por ciento.
En el caso de las participaciones federales entregadas a los municipios, sí hubo recortes en cinco de los 12 meses de 2024, incluyendo octubre y noviembre, que sumaron en total 407.8 millones de pesos.
Sin embargo, al final casi salieron tablas, pues los ayuntamientos sumaron cinco mil 704 millones de pesos de cinco mil 687.1 presupuestados, un alza de 16.8 millones de pesos, equivalentes al 0.29%.
Hay que hacer una acotación: salvo las cifras correspondientes a las participaciones estatales y el reparto a los municipios, cuyos reportes de diciembre ya fueron emitidos, en el resto de las estadísticas, la suma es hasta noviembre, lo que podría generar diferencias en los totales, pero aún así, ya desde el onceavo mes de 2024 se perfilaba el superávit. Ya con las cifras completas, la suma se ampliará.
Así es como se concretó el alza de tres mil 215.5 millones de pesos en los recursos de los que dispuso el gobierno el año pasado. Se mencionaba que se trata de una cifra récord porque no es la primera vez que la administración estatal disfruta de un excedente presupuestal
De hecho, desde 2021, se han ligado 4 años con números negros. El año en el que inició este gobierno, aunque no corresponde todo a la administración gallardista, se registró un alza modesta de 0.74%, por el excedente de 363 millones de pesos.
En 2022, el excedente fue de dos mil 353.9 millones de pesos y al año siguiente, subió a dos mil 963.8 millones de pesos. Sumada la cifra alcanzada el año pasado, en cuatro años, el gobierno potosino ha recibido ocho mil 932.1 millones de pesos más que la suma presupuestada originalmente en los años que integran ese periodo.
¿Por qué entonces el gobierno gallardista incurrió en el victimismo presupuestal para intentar establecer una realidad inexistente? Podría haber varias explicaciones, todas alarmantes. Desde hacer el teatro de montar una emergencia ficticia, el recorte presupuestal, para presumir que se salvó con medidas efectivas y eficientes, hasta intentar ocultar lo contrario, el derroche y la ineficiencia financiera, achacándola a un cierre de la llave de los recursos.
Sin embargo, lo más preocupante es que afirmar, sin más explicación, que dos mil 500 millones de pesos no llegaron y “chiflaron a su máuser”, podría ocultar la intención de destinarlos a fines que en nada benefician a la sociedad potosina.
Y es que, establecido ya que no hubo ningún recorte presupuestal, cabe el cuestionamiento de qué, entonces, se ha hecho este gobierno con casi nueve mil millones de pesos extra recibidos en 4 años.
En especial si se recuerda que este gobierno, aunque diga lo contrario, tiene varios incendios financieros activos: la deuda con los proveedores, que al tercer trimestre de 2024 sumaba 825 millones de pesos; el pasivo con Pensiones por la omisión de entregarlas partidas que les descuenta a sus empleados y las propias, que llega a los cinco mil millones de pesos; la propia deuda de largo plazo, que con todo y los abonos chiquitos que se pagan, supera los tres mil millones de pesos.
La deuda con la UASLP es de menor monto y, por tanto, fácilmente pagable con ese “surplus”. Las pensiones pendientes por la que protestan trabajadores magisteriales, las desesperadas llamadas de auxilio financiero que piden el Poder Judicial o el Ceepac o las obras verdaderamente necesarias, no faraónicas y para lucimiento, son otros rubros que podrían cubrirse con esa suma.
También pone en duda la adicción de este gobierno a las deudas quirografarias de corto plazo para salvar supuestas emergencias salariales cada fin de año por falta de liquidez. Y es que la cifra acumulada de créditos quirografarios contratados por este gobierno desde que entró en funciones, poco más de 9 mil millones de pesos, es casi igual a la del excedente presupuestal acumulado en el mismo lapso.
En junio del año pasado, el Instituto Mexicano de la Competitividad publicó el estudio “¿Cómo gastan los estados?”, en el que alertó de los efectos de situaciones como las que se presentan en el gobierno estatal: “la subestimación de recursos, aunque parece deseable porque a lo largo del año los gobiernos estatales reciben recursos superiores a los estimados, contribuye a mayores niveles de gasto. Este gasto adicional, si no es fiscalizado adecuadamente por los congresos y órganos locales de fiscalización, puede dar lugar a un uso discrecional de los recursos públicos al destinarse a partidas o conceptos no previstos en la legislación vigente”.
Totalmente aplicable a San Luis.
Daño colateral
El desaforado inicio del segundo mandato de Donald Trump ha sumido al mundo en la incertidumbre desde el pasado 20 de enero por las radicales medidas adoptadas por el rijoso mandatario.
Las desorbitadas posturas de Trump, como al de cambiarle el nombre al Golfo de México o la insistencia en hacerse de Groenlandia darían risa de no ser que el hombre ocupa el cargo con más poder en el mundo.
Y eso hace que sus decisiones reverberen por todo el planeta y San Luis no es la excepción.
Los que están en primera línea son los 40 mil, según cálculos del Instituto de Migración y Enlace Internacional, paisanos que corren el riesgo inmediato de ser deportados.
La economía del estado también está en la incertidumbre, pendiente si se cumple o no la amenaza arancelaria de aumentar 25% los impuestos a las importaciones mexicanas, buena parte de ella integrada por los productos potosinos, especialmente, los automóviles.
Pero hay otros damnificados que a partir de esta semana, sintieron el rigor trumpiano: las autoridades que se benefician con apoyos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en ingles) que ha venido financiando desde hace años programas de apoyo en ámbitos como la justicia, el combate al crimen y la ecología.
Poco después de asumir el cargo, Trump firmó decenas de órdenes ejecutivas, entre las que estaba la de suspender al menos tres meses todos los programas de apoyo internacional financiados por la agencia en todo el mundo. Y el viernes se hizo efectiva para todos los países beneficiarios, excepto Israel y Egipto.
En San Luis Potosí, la agencia ha apoyado programas como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, capacitación para apoyo a las víctimas de la violencia de género.
Se trata de acciones importantes, que sin los dólares del gobierno americano, difícilmente no se realizarían. El estado fue uno de los once estados beneficiarios de una inversión de 68.2 millones de dólares para el NSJP y en 2025, el presupuesto para programas en México fue de 109.7 millones de dólares, principalmente para programas de prevención del delito.
Precisamente en este ámbito, el gobierno de la capital realiza, con financiamiento de la USAID el programa “Enfoque Comunitario para la Reinserción (CBAR)”, destinado a juventudes en riesgo y en conflicto con la ley.
Esta acción fue presentada apenas en diciembre del año pasado, y ahora quedaría en el aire ante el corte de recursos.
Es verdad el dicho de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y ese apoyo no es solidaridad pura, sino que busca evitar que los problemas de México se conviertan en problemas para el vecino. Pero también lo es que muchas de estas acciones no existirían sin ese dinero.
En noviembre del año pasado, Jene Thomas decía al diario Reforma que gracias al financiamiento de la UASID en programas contra el delito, la inseguridad había disminuido en siete grandes ciudades del país, entre ellas, San Luis capital.
Y ahora están en la incertidumbre.
