Rotten Tomatoes
Si la historia del Centro de Producción Santa Rita, o como se le conoce más popularmente, los invernaderos de Santa Rita, fueran una película, bien podrían compartir como título el nombre del popular sitio de crítica cinematográfica amateur Rotten Tomatoes.
Y es que la historia de los huertos gubernamentales de Rioverde muestra un proyecto corroído por la corrupción, el despilfarro y los malos manejos. La tragedia se inició con un nacimiento traumático, opaco y lleno de sospechas de corrupción, que quedó impune, bajo el signo de las administraciones del PRI y el PAN; y años después, el relato podría enfocarse en el imparable declive de los huertos como generadores de recursos debido a que sus indicadores de ventas se han ido achicando inexorablemente en el gobierno del Partido Verde Ecologista de México.
El priista Fernando Silva Nieto fue el artífice del proyecto, que fue presentado como una herramienta para tecnificar el campo de la Zona Media. En los planes, el proyecto sería arrancado por el gobierno estatal, pero luego pasaría a control de los campesinos, que pasarían del azadón a la hidroponía en un corto periodo.
Desde luego, eso no ocurrió. En su lugar, los huertos produjeron una truculenta y oscura serie de hechos que pueden resumirse en que empresas e individuos que el gobierno silvanietista contrató para levantarlos, todos de España, hicieron el gran negocio para quedarse con buena parte del préstamo de 28 millones de dólares contratado por la administración para el proyecto.
Destaca Tecnor UT, un entramado empresarial de saliva, que se cansó de engañar a la administración silvanietista. Con todo, los huertos arrancaron en 1999.
Olvidándose del objetivo social del proyecto, antes del término de esa administración, se intentó privatizarlo, pero fracasó.
Llegó el gobierno de Marcelo de los Santos que intentó deshacerse del problema y tratar de rescatar lo que apareciera. En 2003 vende el negocio a una empresa, Natural Valley, pero la falta de pago derivó en una dura ofensiva marcelista para recuperar el proyecto, que incluyó el encarcelamiento de exfuncionarios silvanietistas, pero nunca el gobernador, y directivos de la empresa, que al final, cedieron y lo devolvieron.
Hubo otros intentos de privatizar los invernaderos, pero nunca prosperaron, por lo que las sucesivas administraciones se resignarlos a mantenerlos.
Para la anécdota, uno de esos intentos, registrado en septiembre de 2009, fue supervisado por Transparencia Mexicana. El encargado de monitorear el proceso de licitación fue José Sheinbaum Yoselevitz, tío de la actual presidenta de la república.
Pero al final, nadie en la iniciativa privada se interesó por adquirir Santa Rita. En ese limbo, en las sucesivas administraciones medraron funcionarios que convirtieron los ingresos de los tomates en caja chica de sus finanzas personales.
Los indicios abundaron. La antigua Auditoría Superior del Estado publicaba año con año observaciones millonarias a los huertos y todavía en enero de 2023, la Contraloría General de esta administración difundió que investigaba desvíos de hasta 60 millones de pesos. Eso sí, ocurridas en administraciones anteriores. Pero nunca se supo de sanciones.
¿Y por qué se convirtió Santa Rita en caja chica de privilegiados? Porque seguía generando ganancias. Los contratos de venta en dólares y en euros garantizaban un flujo constante de recursos, pero éstos se están agotando. Y de esto no hay que buscar responsables en el pasado, sino en la actualidad.
El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona es el responsable de una paulatina caída de hasta el 50 por ciento de los ingresos que había antes de que empezara su gobierno.
Las cifras más antiguas disponibles sobre los ingresos de los huertos datan de 2015, cuando, al inicio de la administración de Juan Manuel Carreras López, realizó ventas por 536.3 millones de pesos.
A partir de ahí se empezó a registrar una mejoría constante de los ingresos, que alcanzó su pico en 2020, el penúltimo año de esa administración, cuando vendió el equivalente a 863.2 millones de pesos.
El año siguiente, el de la transición, la tendencia fue ligeramente menor, con ventas por 830 millones de pesos.
Pero a partir de 2022 inició un dramático desplome, que llevó las ventas de los huertos a sólo 468.8 millones de pesos el año pasado, el peor desempeño en una década. Con respecto a su mejor año, los huertos perdieron el 45.6 por ciento de sus ventas.
Esta baja destruyó las expectativas de ingresos que tenía la dirección para 2024, que eran de 711.5 millones de pesos.
Otro indicio del deterioro financiero del proyecto hortícola se puede apreciar en sus pasivos.
En 2015, las deudas de los invernaderos eran de 61.3 millones de pesos. Su pico pregallardista fue de 118.8 millones de pesos en 2019, pero al año siguiente, hubo una notoria baja, que la llevó a los 96.9 millones de pesos, pero luego vino un devastador rebote.
Para 2024, la deuda de los huertos saltó a 266.4 millones de pesos, Santa Rita debía casi el 60 por ciento del monto de ingresos que generó la venta de tomates.
En contraste con estos números rojos, hay un indicador que quedó en negro: la nómina. En 2015, el proyecto hortícola pagaba servicios personales por 151.6 millones de pesos. En 2020, ya eran 236.3 millones y al cumplirse el tercer año del gobierno gallardista, llegaba a los 277.7 millones de pesos.
La suma de la deuda y la nómina que reportó el año pasado Santa Rita superaron en 75 millones de pesos los ingresos de los huertos.
Hace dos años, en marzo de 2023, Gallardo Cardona quiso enderezar el rumbo, reconociendo a medias que las cosas no iban bien. Destituyó a Adrián Tercer Nava como director del complejo agrícola y en su lugar nombró a Óscar Flores García, pero los números indican que el negocio no mejora.
Aún así, hace una semana, Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, proclamó que la paraestatal ya había superado la crisis heredada.
De acuerdo con el comunicado, el funcionario señalaba que había salvado los problemas que dejó el espantapájaros favorito del gobierno gallardista, los gobiernos pasados, y ya tenía ganancias.
Contra lo que dicen los reportes financieros, que indican que el pasivo era de 99.2 millones de pesos, el titular de la Sedarh aseguró que heredaron deuda por 110 millones de pesos. Y no dijo una palabra de la que se ha generado en este gobierno.
Presumió también un saldo de 20 millones de pesos en la cosecha del ciclo 2023- 2024, pero la cifra está muy por debajo de los 468.8 millones de pesos reportados en ventas reportadas, que ya traían un déficit de casi 6 millones de pesos con respecto a 2023.
Esos números ponen en duda que haya recuperación alguna en Santa Rita, un proyecto que surgió de una mala semilla y quizá por eso, no ha dejado de estar podrido desde entonces.
El adios de “Joselo”
Vaya despedida. José Antonio Reyna Espinosa, exfuncionario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presentó el viernes su renuncia al último cargo que desempeñaba, en el documento, exhibió un oscuro cuadro de la vida interna de la institución.
Conocido como “Joselo”, Reyna Espinoza anunció que dejaba su cargo como coordinador administrativo A en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Acumuló más de 20 años de labores en la UASLP, lo que le dio el reconocimiento en la comunidad universitaria.
En marzo de 2020, tras varios años en el cargo, fue retirado, sin explicaciones, del cargo de administrador del Edificio Central.
El cambio ocurrió un mes antes de que Alejandro Zermeño iniciara su primer periodo en la Rectoría.
Reyna Espinosa fue un activo promotor de esa candidatura, y quizá eso le valió para que recuperara su cargo. Pero promesas incumplidas en el ámbito laboral empezaron a distanciarlo, al grado de que perdió el cargo otra vez y fue enviado al exilio laboral en Agronomía.
No se puede negar que hay algo de desquite en la misiva que envió al rector para darle a conocer su renuncia.
Empieza diciendo que su decisión se basaba en el contraste entre sus valores “y la realidad institucional” de la UASLP.
Lamentó que “tras años de servicio, percibo una desconexión creciente entre los principios que deberían regir una universidad pública y las prácticas que hoy definen a esta casa de estudios”.
Reclamó que el escalafón profesional había dejado de ser el principal mecanismo de ascenso laboral en la Universidad, para ser sustituido por “por dinámicas de nepotismo y favoritismo”.
Señala que se resiste a “ignorar cómo plazas clave son ocupadas sistemáticamente por perfiles vinculados a círculos de poder interno, en detrimento de procesos equitativos que garanticen la excelencia académica y administrativa”.
Advierte que el carácter público de la institución se ve contrariado por “la opacidad en el manejo de recursos -independientemente de su origen-“, lo que ha erosionando la confianza de la comunidad universitaria y la sociedad.
En suma, dice el renunciante, en la principal institución educativa del estado se ha establecido “un sistema que parece normalizar la desigualdad y la falta de rendición de cuentas”, que prioriza los intereses individuales sobre los colectivos y margina a las voces críticas en lugar de escucharlas.
En su diagnóstico final, Reyna Espinosa señala tres prioridades que debe cumplir la UASLP si quiere enderezar el barco; transparencia institucional en la gestión de recursos y contrataciones, garantizar la equidad laboral y académica, basada en méritos y no en conexiones y propiciar un diálogo genuino con la comunidad universitaria para reconstruir el tejido social fracturado.
Y aún la despedida esconde una puya: “Confío en que, algún día, la UASLP honrará su legado como faro de educación pública al servicio de todos, no de unos cuantos”.
