Con ánimo de joder

El 30 de agosto pasado, el juzgado Tercero de distrito que otorgó el amparo definitivo a Xavier Nava Palacios contra el proceso de inhabilitación que le fincó el Congreso del Estado, en diciembre de 2021, adelantó el criterio final que guio esa suspensión: el objeto de este juicio no es la supuesta violación de un amparo de ejidatarios que el Congreso de mayoría gallardista alegó como motivo, sino “las violaciones procesales que tuvieron lugar en el trámite de un juicio político instaurado en contra del quejoso”

En enero de este año, el nieto del extinto líder civilista Salvador Nava Martínez había obtenido la suspensión, un primer motivo de bochorno para un Congreso del Estado que cantó la inhabilitación con bocinas mediáticas como “irreversible”.

El Legislativo promovió una queja, alegando que la Constitución local establece como irrecurribles todas las declaraciones y resoluciones del Congreso. La presidenta de la mesa directiva en ese momento, la priista Yolanda Cepeda, y el jurídico legislativo, adujeron también intromisión de un poder sobre otro, una verdadera bagatela sostenida en dos patas de cuatro.

El tema del juicio político es un reclamo ejidal, se entiende que auténtico, sobre la propiedad de un terreno en el que va desde los años sesenta del siglo pasado el periférico de la ciudad de San Luis Potosí, una traza vial de jurisdicción estatal. Para resolver un tema de flujo vial en un cruce del Periférico con vialidades de colonias populares, el ayuntamiento capitalino que presidía Nava inició la construcción de un puente con incorporación con brazo de descenso a carretera federal 57.

El gobierno estatal, entonces con el priista Juan Manuel Carreras López como titular, no sólo convino con la alcaldía capitalina la realización de esa obra, sino que otorgó el soporte técnico a través de la Junta Estatal de Caminos.

Ya con la obra en camino, aparece un juicio de amparo promovido por el Comisariado Ejidal del Ejido Rancho Viejo “La Libertad", que señala como autoridades responsables al gobierno estatal, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, a la Junta Estatal de Caminos y a la Dirección de Obras Públicas del municipio. Su motivo de queja es que presuntamente la obra invade propiedad ejidal, la misma que hasta la fecha no han podido comprobar de manera fehaciente porque se basan en que el oficio emitido por el Registro Agrario Nacional con la referencia de dotación original del ejido, no su situación actual.

La traza de ese periférico y la formación de una zona industrial fue posible con una serie de expropiaciones realizadas desde 1963 a ejidos y una comunidad, entre ellos el Ejido la Libertad. Hay además un derecho de vía desde 1973. Todo eso modificó lo que los promotores del reclamo ejidal presentaron como prueba de que la obra se encontraba dentro del Ejido quejoso, ello partiendo de la afirmación.

La demanda ejidal pidió parar todo en el fárrago de los tribunales agrarios y el ayuntamiento continuó la obra hasta su conclusión. Desde la documentación disponible, incluidos planos de desarrollo urbano de distintas fechas, expropiaciones y modificaciones, no quedaba margen para la exigencia de millonaria indemnización a ejidatarios, porque no hay la certeza documental de propiedad que dicen poseer los demandantes. Del amparo, los representantes de los ejidatarios se fueron al juicio político por la inhabilitación de Xavier Nava.

Llegado el gobierno del exalcalde soledense Ricardo Gallardo Cardona, cuyo padre perdió en 2018 la reelección a la alcaldía capitalina con Nava Palacios, el camino de ese juicio se aceleró. Había además otros agravios: 11 denuncias de la administración de Nava en contra de la de su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, por un amplio abanico de señalamientos de corrupción y malos manejos. Algunas de esas denuncias fueron a instancias federales, con el decepcionante perseguidor de delitos de procedencia ilícita Santiago Nieto; otras están en los archivos de la desdentada Fiscalía Anticorrupción de San Luis Potosí. De ninguna se sabe en qué punto va…, si es que algún día fue. 

El gobierno de Gallardo tiene mayoría en el Congreso, con diputados de su partido el Verde, los del PT, sus aliados de Morena y, lo más lastimoso por cuanto se espera de un legislador de oposición, los votos de miedo, conveniencia o vulgar “cargada” de los diputados del anterior gobierno priista y de los panistas con los que el exalcalde terminó mal y encaminado a la perdedora búsqueda de reelección con el registro de Morena.

Se formó la Comisión Instructora en el Congreso, se citó a Nava Palacios para que se cumpliera el derecho de audiencia a su favor. El exalcalde pidió lo obvio: que los promotores de los reclamos ejidales presenten las pruebas documentales de propiedad de los predios de los que se dicen despojados. Y punto. Desde luego, eso no fue posible, no cuadra con la dotación original modificada por varias expropiaciones posteriores. Pero la instrucción superior era inhabilitar al exedil capitalino ya, con los integrantes del cabildo que lo acompañaron en la decisión del puente.

Fueron precisamente priistas y panistas quienes advirtieron que declarar la inhabilitación de Nava a las volandas, porque el titular del Ejecutivo así lo estaba pidiendo, era arriesgado porque no se cumplían las formas.

A los dubitativos diputados “de oposición” acabaron por convencerlos en los despachos del Ejecutivo y se dictaminó la inhabilitación “irreversible” de Xavier Nava Palacios por 18 años, es decir, se dictaminó su desaparición política, si se toma en cuenta que la misma sanción para Emilio Lozoya Austin, el corruptete exdirector de Pemex, es de diez años.

Con esas premuras, dejaron abierta la puerta a la promoción de un juicio de amparo. Para la justicia federal, el Congreso Estatal por conducto de la de la Comisión Instructora que formó para este asunto, resolvió indebidamente sobre la inhabilitación cuando no le tocaba y sin substanciar su resolución. No le tocaba porque su trabajo era decidir dar trámite a la denuncia de juicio político, nada más, u omitir proseguir el trámite mismo de instrucción, no resolver.

En la queja, el tribunal federal deja ver que la decisión del Congreso es inatacable, sí, siempre y cuando se resuelva en definitiva el juicio político, con todo el proceso que corresponde, “no en actos intermedios o respecto de la declaratoria de improcedencia del juicio político”. Por ignorancia o por mala fe, quemaron etapas y se tomaron atribuciones que en ese punto de la instrucción no tenían todavía.

La queja del Congreso fue desechada y el dictamen es bastante ilustrativo. Los diputados quisieron meter al Poder Judicial Federal en el mismo fárrago del enredo agrario y los juzgadores les pararon el carro de guerra: ese no es el motivo de la suspensión, que ni les llevaran ya esa alegadera, sino las fallas en el proceso mismo, una notoria intención de joder, un panzer oxidado, desatinado y burdo que arremetió contra un adversario político.

El Congreso apelará. Y la alcaldía de Enrique Galindo Ceballos, que pagó una millonaria indemnización a los promotores de los amparos ejidales sin demostrar la propiedad, estará atenta, aunque no lo reconozca, porque igual y el actor de un juicio derivado de esto, político o administrativo, termina siendo él.

El panzer de los ataques “irreversibles” por lo pronto se destartaló en un barranco.

ROLLOS SUELTOS

DESCONEXIÓN. Con sus acusaciones reiteradas contra el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, puso en apuros a distinguidos correligionarios potosinos, empezando por la dirigencia estatal y los diputados locales. Se abolló la “conciliación” entre gobierno gallardista y “oposición”, que incluye para algunos de estos personajes panistas empleos y posiciones en el gobierno estatal para amigos y familiares.

POR LA SOMBRITA. Más de uno de estos “enchufados” panistas en el gobierno de Gallardo van a llegar el lunes a sus oficinas pegaditos a la pared, sin hacer ruido, no sea que alguien se acuerde de los compromisos de armonía pactados y eso les afecte.

CHIFLAR PARA ARRIBA. Nada más recuperar las declaraciones más aguerridas de la dirigente estatal, Verónica Rodríguez, se enfilan contra el nivel federal, nunca el local. Marko Cortés puso en riesgo la “buena química” entre dirigentes panistas y el gobierno estatal.

¿LES CUMPLIRÁN? La posición al Senado para mujer y la alcaldía de Valles, los puntos de negociación del PAN con el ex diputado local Luis Romero Calzada y su esposa, la diputada Gabriela Martínez Lárraga, presentados como nuevos panistas.

LA TIRA DE LAS NETAS

TEMAS INCOMPATIBLES

“El oficio periodístico reclama ser muy abierto, no ser sectario; el periodista no puede militar en partidos políticos, tiene que ser libre absolutamente”.

Pedro Valtierra, fotoperiodista formador de generaciones. El Universal (3/XII).

UNA SOLEDAD RODEADA DE OTRAS

“En un vagón del metro lleno de gente malhumorada es donde puedes medir tu nivel de espiritualidad”.

Frances Mirals, articulista, sobre la idea de que la soledad de los místicos como modelo para la meditación y la búsqueda interior. EPS (27/XI).