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Un caso socialmente relevante, y de enorme carga emocional para la familia del titular de la Fiscalía General, genera vaticinios de un desenlace muy incómodo para Federico Garza Herrera. Pero el momento es aún más complejo, con expedientes congelados de ex diputados acusados de simular apoyos para embolsarse dinero de supuestas gestorías.
Muy temprano el jueves pasado, en la biblioteca del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política acordó citar a comparecencia al fiscal general del Estado para el 22 de mayo, a las diez de la mañana, en la sala Manuel Gómez Morín.
Por la animosidad de los coordinadores de bancadas en esa reunión, tanto el motivo formal como las intenciones reales no hacen pensar en un día de campo para Federico Garza Herrera, fiscal general. Se le alinearon asuntos que enlazados en una temporalidad amenazan con configurar una ruidosa tormenta de incierto final.
No le ha ido bien a Garza Herrera con el juicio de Eduardo Hernández Jannet, el asesino de Eugenio Castañón, novio de la hija del fiscal. Como se esperaba del hijo de un hombre con recursos, Hernández Jannet buscó ampararse y en su defensa reclutaron a penalistas que sí saben de las nuevas formas de procesos. El resultado de ese debate jurídico ha sido una sobreexposición salvaje de los errores cometidos por la Fiscalía, desde su titular, incluso.
Fotos y videos presentados por la defensa mostraron que se contaminó la escena, que el propio fiscal acudió al lugar, en calidad no se sabe de qué, y no debió hacerlo. La Fiscalía cuestionó el origen de ese material, pero no logró invalidarlo como prueba. Un caso relevante socialmente, y ligado emocionalmente a la familia de Garza Herrera, trae en apuros a la Fiscalía en primera línea, incluido el director de la policía, José Guadalupe Castillo Celestino, que aparece en las fotos.
Por fallas garrafales en los primeros momentos de respuesta a los hechos, la defensa de Hernández Jannet ha conseguido cimentar sus argumentaciones y podría lograr que una pena de 20 a 45 años por homicidio termine con una de menos de diez años, reducible ésta incluso. Se alteró la escena del crimen y el fiscal tenía conocimiento, es la conclusión de todo el material gráfico.
Si la Fiscalía de Garza Herrera pierde este caso, el rebote para otros asuntos que involucran política está a la vuelta de la esquina. El más notorio es el de las denuncias por sustracción indebida de recursos del Congreso del Estado y de la ASE por parte de los diputados locales.
Un atolondrado Mariano Niño es la ficha más notoria de la invención de beneficiarios de gestoría del Congreso. Diputados que se inventaban peticionarios de apoyos, sacaban el cheque de los fondos de gestoría legislativa y se embolsaban el efectivo.
La fiscalía asegura que son 15 los ex legisladores denunciados por el traficadero de beneficios simulados, pero no da nombres nunca. Los hay de todos los partidos y en diferentes montos. La autoridad no puede, no debe, salir con castigos para unos y gracioso olvido para otros. En eso trae atentísimos a los integrantes de la Jucopo.
Hay una Fiscalía Anticorrupción de la que Federico Garza Herrera puede echar mano, pero entre los titulares las diferencias no tardaron mucho en aparecer. El fiscal anticorrupción Jorge Vera Noyola depende la visitaduría de Fiscalía General, un tema que ya le ha costado varios corajes; lo han dejado incluso con una audiencia cancelada porque no se presentan los ministerios. Aparte, no porque haya cambiado de nombre la Fiscalía es menos porosa ahora a las ofertas y las presiones de partidos, personajes y los delincuentes.
Por el ex legislador panista Mariano Niño han intercedido influyentes compañeros de partido, así como ex socios de otras fuerzas políticas en la pasada Legislatura. Quedó en evidencia con la citación para Sonia Mendoza, presidente de la Directiva del Congreso, en ocasión del acuerdo reparatorio para Mariano Niño, su compañero de partido.
El argumento de la defensa para Mariano Niño, o su disculpa, es que en la Fiscalía “se han encajado con Mariano, por ser el más torpe y del PAN”.
Quizá haya acuerdo reparatorio de la primera denuncia para evitar el ir a juicio, el problema para el panista es que hay otras más y la reincidencia obliga a vincular a proceso en cuanto se les otorgue ruta de trámite. Las presiones para las fiscalías si se mueven en este sentido van a ser muy insistentes. Y los otros partidos también están atentos a lo que pase con Marianito porque “si Niño va a juicio, los demás acabarán yendo también”.
Y como entorno general, la comparecencia podría estar muy enfocada en el tema de los muchos casos sin resolver, o de los que poco se sabe, entre desapariciones, feminicidios, asesinatos y asaltos.
Reclaman los diputados por la inseguridad, de esperar que hagan eco de la molestia ciudadana. Cierto que el encargado de la seguridad preventiva es el titular de la SSP, Jaime Pineda, pero también se entiende que la impunidad se amplía con la certeza de que no pasará nada si se delinque. El costo es tan bajo para los delincuentes. El secretario Pineda puede seguir bailando calabaceadas en cuanta fiesta lo inviten, ya hizo callo y tiene quien cabildee por él.
El autónomo Federico tendrá que responder por sí mismo.
ROLLOS SUELTOS
CHAMBA DESEADA. La convocatoria para elegir al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado interesó a 22 aspirantes de muy distintas procedencias y filias políticas que se inscribieron. Quien quede en el cargo tiene la facultad de revisar el trabajo de fiscalización que presente Auditoría Superior del Estado y que apruebe o rechace la Comisión de Vigilancia. Podrá entonces meter las narices en las revisiones de cuentas a poderes, alcaldías y organismos autónomos.
TACHANDO NOMBRES. A la primera criba, de la lista rechazaron tres: Evangelina Rodríguez Bravo, ubicable como visitadora ministerial en 2015; Eduardo Zúñiga Sánchez, reciente ex aspirante a contralor interno de la CEDH y eterno aspirante a cargos de fiscalización, y Germán Torres Hernández. Se suponía que la Comisión de Vigilancia ya tendría lista su elección este fin de semana para el pase al pleno.
DIVERSA MILITANCIA. De la lista de 22, reducida en primera ronda a 19, tendrán que haber eliminado ya casi todos los aspirantes. En la lista original aparecían también el coordinador adjunto de Auditorías Especiales, Camerino Hernández Gamboa; el ex subdelegado de Condusef, Jorge Dorantes Hivo; la ex contralora municipal en la administración de Victoria Labastida, Carmen Aranda Manteca, y el ex secretario general del ayuntamiento soledense -con Gilberto Hernández Villafuerte-, Raymundo González Jiménez.
LOS POLÉMICOS. Hay nombres que han hecho ruido en casos de cuentas y asuntos públicos medio socrosos, como Tomás Flores Aradillas, director de Contabilidad en Finanzas en el gobierno de Toranzo y al mismo tiempo consultor para el Ayuntamiento de Cerritos. O Juan Elpidio Rodríguez Viña, ex aspirante a la ASE y ex auditor especial de legalidad, cesado con ruido mediático en octubre de 2014 pues a la vez asesoraba a Interapas.
CAMALEÓNICO POLÍTICO. Listo para encajar donde sea que se pueda obtener un boleto para permanecer en cargos de elección, Óscar Bautista Villegas. El hombre lo mismo aspira a que la dirigencia nacional cenecista le dé la dirigencia potosina de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, que asiste a aplaudir arrobado el trasvase del gallardismo al Verde Ecologista, y se sube al tapanco levantar la mano a las figuras del “Chicken power”, o se coloca en el primer plano de la foto de formación del Partido Nueva Alianza en San Luis, con el argumento de que su origen político está en el magisterio, en las escuelas técnicas agrícolas.
¿NO FUE? Y parece que el primer priista del estado, Juan Manuel Carreras López, tenía mejores cosas qué hacer el día de la reunión de Consejo Político Nacional del PRI, porque no lo vieron y sí en cambio se vio medio sola su silla, identificada con un cartelito a unos metros del atril.
