Coleaderos antes que hospitales

A principios de febrero del año pasado, Adán promovió un amparo en contra del Director del Hospital General de Zona 50 del IMSS, en reclamo por la falta de atención médica a un traumatismo en el hombro derecho, después de un accidente en motocicleta. El IMSS respondió que sí se le atendía: lo revisaron, diagnosticaron traumatismo del manguito rotatorio y lo canalizaron al área de ortopedia en donde ordenaron unos estudios por probable fractura. La cita para los estudios especializados se la dieron para el siguiente veintitrés de junio, casi cuatro meses después.

Cuando Adán interpuso juicio de protección a sus derechos, ya había perdido movilidad del brazo y se le entumecieron los dedos; no iba a esperar más. Con la suspensión de oficio, el IMSS halló la forma de acelerar (siempre la hay) y lo canalizaron a un hospital privado con coste a la institución, o subrogado. Como era de esperar, requirió cirugía y se ordenó la intervención en marzo. El juicio se resolvió a su favor de fondo el 22 de abril, más de dos meses después, pero el acicate del proceso movió al IMSS. A la fecha, la ejecutoria de ese juicio no se ha cerrado, resmas de un proceso.

Ana Carolina promovió el año pasado juicio de amparo en contra de la clínica “Pedro Bárcenas Hiriart” del ISSSTE por la afectación del derecho al acceso a la salud pues no le daban el medicamento necesario, 2 ampolletas de 100 mg. De Pembrolizumab cada 21 días para quimioterapias contra el diagnóstico de cáncer de colon, de tipo muy invasor. Las quimios de Ana Carolina le fueron programadas para comenzar el diecisiete de febrero de dos mil veintidós; después de mucho batallar, la primera le fue aplicada hasta el diez de marzo siguiente.

Igual, el ISSSTE se defendió diciendo que el medicamento se le entregaba; tarde, pero se le entregaba. El dato objetivo estaba, pero no el contexto: los tratamientos contra cáncer no pueden abandonarse ni relajarse sin padecer un costo. Además de la enfermedad, la paciente tenía que lidiar con la incertidumbre por no tener fecha ni idea de cuándo habría el medicamento para la quimio.

El dictamen del juzgado federal destaca que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. Se le concedió el amparo y se le ordenó al ISSSTE que garantizara con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, con la secuencia continua de tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento. Hasta la fecha, el jurídico del ISSSTE acompaña con reporte obligado sobre el estado del tratamiento al juzgado federal que lleva el caso.

Y si hace algunos años derechohabientes de IMSS e ISSSTE se presentaban al Hospital Central como desventurados ciudadanos sin afiliación a seguridad social para hacerse atender ahí, como la escuela de especialistas en muchos ramos médicos, ahora no escapa a la presión de tribunales promovida por pacientes quejosos.

Ángel recurrió al juicio de amparo en septiembre pasado contra la directiva el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, en manos del Insabi, y de los Servicios de Salud en el Estado por afectación a su derecho a la salud. Se quejó en concreto porque no se le proporcionaba atención médica integral, oportuna, debida y urgente, pues requería una cirugía para corregir una pseudoartrosis (fractura) de tibia izquierda, con los estudios previos necesarios. Los médicos del Hospital Central se la habían diagnosticado en agosto, había pasado un mes y al momento de promover el juicio, ya le habían programado la cirugía varias veces sin que se concretara “por falta de camas”.

Con la sola suspensión de plano inicial del juicio, el Hospital respondió. Lo operaron, le colocaron un injerto seco y se cumplió esa parte. Pero igual, un proceso legal de ires y venires hasta no cerrar el juicio. De igual forma, sólo con la presión de una suspensión de plano, una madre consiguió que el Central despertara y promoviera para su hija menor la atención que no le daba. La quejosa asume que le ordenaron tratar a su hija en otro lugar por “su condición de pobreza”; el hospital respondió que la menor requería de un tratamiento que estaba al alcance del central y se le promovió cita al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México para tratamiento endovascular. La decisión quedó en manos de la madre pero el juzgador ordenó que el Central otorgue el medicamento necesario y acompañe a la paciente, pues el juicio no ha cerrado hasta cubrir la atención requerida.

Derechohabientes o no derechohabientes, el sistema entero de salud pública no camina en muchos casos si no se consigue el apercibimiento de un juez federal y la advertencia de un desacato. A este paso, los jurídicos del IMSS, ISSSTE, Insabi y servicios estatales de Salud van en camino de convertirse en aparatos más grandes y ocupados como única vía para conseguir que los ciudadanos tengan la atención, medicamentos, estudios y tratamientos que necesitan. Como normalizamos muchas situaciones anómalas en este país, se ha vuelto lugar común aguantar tres meses, seis o hasta ocho para que se cumpla una cita para radiografías, exámenes de laboratorio o citas con especialista; eso si la enfermedad no es de las que lo mate a uno antes.

A los médicos y personal de sanidad pública tampoco les resulta cómodo ni justo trabajar sin el material adecuado, los medicamentos ni el equipo necesario. Se las apañan como pueden y cargan con el enojo en directo de los derechohabientes, algunos de ellos ya muy poco empáticos. El gobierno prometió hospitales nivel Dinamarca y está más ocupado en financiar clientelas electorales que en cumplir su promesa de invertir en Salud Pública. Estúpidamente creen nuestros gobernantes que meternos en el cascarón precario de nuestros hospitales públicos ya cuenta como “atención médica”. Uno tiene que aguantar lo que le da el Estado, una premisa falsa porque no es ninguna dádiva, pues nos cuesta.

El gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona se ocupó del tema en su campaña y, en el efectismo que lo caracteriza, ofreció cinco hospitales de 800 millones de pesos cada uno para las distintas zonas del Estado. “Está hecho una porquería el sistema de salud”, dijo. A dieciséis meses en el cargo anda más ocupado en defender de las críticas su proyecto de arena para charrería, actividad a la que es muy afecto, porque SLP será sede de un eventazo que meterá ahí gente con espuelas, botas y sombrero procedentes de Canadá y Estados Unidos, sin diferenciar si aquello es rodeo, jaripeo, charreada o un batidillo de todo ello.  Descalificó las tundas que se llevó en redes sociales por priorizar sus aficiones hípicas sobre urgencias reales con el muy racional argumento de que procedía de “mentes chiquitas” o algo así. Ahora resulta que “pensar en grande” y con sentido de progreso se cimenta en que te alucine colear reses y las manganas a pie y a caballo.

De la gran promesa de hospitales de especialidades brotando como hongos por todas las regiones del estado, sólo puede anotarse una muy publicitada inauguración de una sala de emergencias y la entrega de equipamiento básico para el Hospital Central. La máquina de fanfarrias oficiales estuvo a tope.

Probablemente la gran inversión que sí asoma sea la de los hospitales privados a los que se contratará Gobierno del Estado para atender a la burocracia, una vez que la administración gallardista ha retirado el IMSS a los empleados del gobierno. El alegato de esta medida, unilateral y motivo de protestas sindicales, es que se gastaba doble en seguridad social:  IMSS y servicio médico privado, con la preferencia de los burócratas por éste último. El gobernador asegura que la nueva cobertura incluirá hasta enfermedades catastróficas, como los seguros médicos de nivel premium.

Oportunidad de negocio grande, muy grande, en el sector médico privado.

ROLLOS SUELTOS

JUICIO A ALCALDÍA. El Congreso aprobó en la semana la creación de la Comisión Jurisdiccional para Substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que ordenó la justicia federal en contra de Erika Briones Pérez, la finada alcaldesa de Villa de Reyes, así como el síndico y regidores del Cabildo de ese municipio. El Legislativo atiende el dictamen federal para no incurrir en desacato, derivado del juicio de amparo de familiares de un hombre asesinado por policías de Villa de Reyes, en una administración anterior a Erika.

NO LE ALCANZÓ. La muerte sorprendió a la edilesa en el proceso de enfrentar el reclamo económico de los abogados de la viuda, pues su administración alcanzó acuerdos de indemnización con los padres de la víctima, quienes murieron en este largo proceso y el pago se trasladó a su vez a dos herederos. En cuanto a la viuda, todavía sin acuerdo con sus abogados por las cantidades que solicitan para ella y su hijo, la alcaldía de Villa de Reyes dispuso pagos en vías de ejecución ante tribunales, por lo que de alguna manera esta responsabilidad, “heredada” de dos alcaldías anteriores, ha tenido disposición para solucionar y reducir el adeudo para indemnizaciones.

LE TOCA AL SUCESOR. Y aunque el reclamo monetario le tocó a Erika Briones, finalmente la Comisión Instructora llevará el juicio a quien ostenta el cargo que ella dejó a su muerte, pues se aplica la responsabilidad a quien lo desempeña en tiempo real al proceso.

¿PELEA POR TESLA? Desde que la empresa de Elon Musk expresó interés por instalar una armadora de sus coches en México, se desató una competencia entre estados por la armadora. No es para menos. Primero levantó la mano Nuevo León, sólo para hacer corajes porque el gobierno federal metió al juego de opciones al Estado de México, Sonora e Hidalgo. Y por si no estuviera ya algo concurrido el mismo plan, se sumaron Guanajuato y San Luis Potosí, el primero más como una iniciativa del alcalde de Salamanca y sin el apoyo del gobernador.

MUCHO, MUCHO ESPACIO. Si San Luis aspira en verdad a una oportunidad con Tesla, deberá tener asegurado un gran espacio. En Nuevo León, por ejemplo, se sabe a través de inmobiliarios que la firma está interesada en adquirir mil 600 hectáreas, utilizables en una primera fase sólo 600 y el resto para amortiguamientos de seguridad y ambientales, así como expansiones futuras. El alcalde de Santa Catarina, como puerquito con mazorca, le contó a la prensa regia que ya había firmado unos papeles relacionados con Tesla y “el hombre más rico del mundo” iría a su municipio. Y Salamanca ofrece 973 hectáreas que fueron adquiridas en 2009 para una refinería prometida por Pemex que nunca se hizo.

LA TIRA DE LAS NETAS

“Si un fulano dice que es un gatito, por mí perfecto. Pero que no nos exija que lo tratemos de minino. Resulta que si no lo haces, eres transfóbico o enemigo de lo gatuno…”.

Bret Easton Ellis, el “niño malo” de la literatura americana y autor de American Psycho”, sobre la intolerancia “progre” y la cultura de la cancelación que limita libertades expresivas y creativas por supuesta superioridad moral. LX (6/II).