Los últimos de la fila
La noche del 17 de mayo de 2015, camionetas policiacas de Villa de Reyes rodearon una casa ubicada a la vera de carretera 57, en territorio de otro municipio, Villa de Zaragoza. Supuestamente buscaban a un grupo de jóvenes que los habían agredido en una carrera de caballos. En esa casa vivían Narcisa Herrera Alvarado, su esposo Leonardo y el hijo de ambos, un niño de tres años. Leonardo atendía una vulcanizadora al lado de la vivienda. Sin orden judicial, los policías se metieron a la casa y pretendían que Leonardo “confesara” ser uno de los agresores. Los policías le dispararon y lo mataron
Narcisa, empleada de limpieza en la zona industrial de San Luis Potosí, enfrentó como pudo el trámite legal y el funeral de Leonardo. Un grupo de litigantes inició con ella un largo proceso para conseguir una reparación económica por el abuso policiaco. Un año después del asesinato, demandaron ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa al procurador de Justicia del Estado y al presidente municipal de Villa de Reyes, por la reparación del daño material objetivo y moral. El presidente municipal era Juan Gabriel Ávalos Solís.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí determinó la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado y ordenó la indemnización de un millón 329 mil pesos. Inconforme, Narcisa y sus abogados promovieron juicio de amparo directo para el efecto de que el Tribunal Estatal garantizara la reparación integral del daño. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, concedió el amparo y protección para el efecto de que el TEJA garantizara la reparación integral del daño. El TEJA dictó nueva sentencia y condenó al presidente municipal de Villa de Reyes por el pago total de $2 millones 554mil 120 pesos. El veintisiete de agosto de 2018 se inició el procedimiento de ejecución de sentencia, se habían celebrado elecciones municipales y Ávalos Solís heredó el cumplimiento de la sentencia a su sucesora, la perredista Erika Briones.
El pago no se dio pese a diversos requerimientos y en junio de 2019, la Segunda Sala Unitaria del TEJA emitió la declaratoria de incumplimiento contra la presidenta municipal y se notificó al Congreso del Estado, a fin de que procediera conforme al artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, que considera la destitución del cargo del funcionario incumplido como sanción más alta.
Las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 62ª Legislatura echaron en el frigorífico el tema. La ley les da un plazo máximo “de treinta días naturales, que son improrrogables”. Si no son resueltos en ese plazo, debió ir a una comisión especial para resolver máximo en tres meses. Narcisa se fue a la justicia federal de nuevo, ahora en contra de las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado por omisas para efectos correspondientes a la suspensión o revocación del mandato a la presidenta municipal de Villa de Reyes, por incumplimiento de sentencia.
En junio de 2021, la jueza del Octavo Distrito le da la razón a Narcisa y emplaza al Congreso. Casi para cerrar 2022, la Mesa Directiva informa que en octubre se convocó al Pleno a sesión privada para atender el dictamen presentado por las Comisiones de Gobernación y de Justicia, “en el cual se estima procedente proponer incoación de Procedimiento de Juicio de Responsabilidad Administrativa en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, administración 2018-2021”, pero la situación “ameritó ser cancelada debido al deceso de la presidente municipal”, en un accidente carretero. Años de lucha en tribunales y Narcisa tendrá que replantar su reclamo por si el Congreso decide hacer lo que han hecho todas las autoridades en el caso: escurrir el cumplimento de una responsabilidad institucional, patear el tema a una orilla para dejárselo a los que vengan más adelante.
Si así es en un caso de notorio abuso policial e irresponsabilidad de las autoridades, con un daño irreparable y muy grave, también lo es en muchos otros aspectos. Así es como las deudas se acumulan a niveles escandalosos y los laudos crecen a cifras impagables, por lo más común. Hasta que un agraviado no cede y hace reventar la cuerda al que toque estar y no le quede de otra.
Y no por las consecuencias que saben se detienen para generar más reclamos. Los juicios laborales son cosa común a cada inicio de periodo sexenal de gobierno estatales y trianual de los municipales. Hay que hacer lugar a los propios que llegan, así sea pasando sobre los derechos laborales de quienes y están ahí. Si hay demanda, se “patea al bote” en los tribunales para dejarle el problema del laudo al que viene.
La directora del Museo Virreinal demandó al Gobierno del Estado porque su exempleador usó el cuento de la hoja firmada en blanco, recuperada de los archivos, para presentar su despido como “renuncia voluntaria” en 2007, sin derecho a indemnización. Ganó un juicio de amparo porque la patraña del papel en blanco no se sostuvo, con el consecuente cálculo de derechos adeudados, entre salarios, prestaciones, vacaciones, bonos y demás, con su acumulativo en recargos y actualizaciones.
El pleito legal no acaba y la cuenta de salarios y prestaciones. La cuenta ya va alta. Desde luego, el gobierno ahora de Ricardo Gallardo Cardona no está dispuesto a pagarle; no este gobierno que se negó a pagar adeudos con proveedores con el argumento de que no los había generado, menos va a querer pagar un laudo añejo y, a estas alturas, millonario. No quiere ni asumir la deuda con la Dirección de Pensiones, que los sindicatos de la burocracia estatal observan. Los jubilados no reciben su correspondiente pago de salida desde hace más de un año y a los trabajadores les descuentan su aportación al Fondo de Pensiones pero no lo enteran a esa dependencia: obvio que el dinero de ese fondo se desvía. Y el 2022 cerró con epidemia de reclamos por impago en el sistema Cobach, Conalep, el poder legislativo y el judicial.
Alcaldes y gobierno ahí van dejando todo al que venga después, para no afectar el presupuesto que ven como una propiedad personal. Despedirán a unos para meter a nómina a los suyos a como dé lugar, a fin que ellos no pagarán de sus bolsillos las consecuencias, lo harán los contribuyentes. Los diputados no lo hacen mejor: lejos de vigilar el cumplimiento de la ley en las autoridades y el buen manejo de las finanzas, miran para otro lado hasta que un juez federal los obliga a atender sus responsabilidades.
Repetirán el estribillo de que no “reconocen” adeudos de sus antecesores, que no les “toca” pagar y el tralalá de la “herencia maldita”.
Socarrones, escurren el bulto. En última instancia, los contribuyentes son los últimos de la fila, gobierne el partido que gobierne. Por encima de los derechos de agraviados por el abuso de autoridades, de los compromisos laborales y de la salud del erario público que se les encomienda administrar, el de atrás paga.
ROLLOS SUELTOS
¿LOS ÚLTIMOS DÍAS? Una vez que abra la plaza comercial que recién construyeron junto al Centro de Convenciones, en el bulevar Rocha, la carga vehicular va a cambiar en esa vialidad y, si no hay un estudio y soluciones con alternativas de flujo, ya le podemos ir diciendo adiós a esa ruta como una vía rápida.
NADA CONSTRUCTIVO. Multaron al PRI por no emplear recursos en tareas específicas ni en cursos para jóvenes ni mujeres tricolores. No es menor el tema porque los partidos tienen la obligación de capacitar a sus cuadros y fomentar con ello las ideas de una manera fresca.
LA TIRA DE LAS NETAS
¿COMPETENCIA O RUINA?
“En los próximos cinco años creo que habrá una herramienta de inteligencia artificial para cada trabajo que produzca algún tipo de input informativo. Puede ser una pintura, un artículo periodístico, una receta, un documento legal, una canción…”.
Reid Hoffman, creador de Linkedin, cocreador de la plataforma de pagos Pay-Pal y directivo de OpenAI, desarrolladora de aplicaciones de inteligencia artificial, y la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo laboral. LX Semanal (08/I).
CONDUCTA QUE ES ANUNCIO
“De un juez que compra tesis se puede presumir que va a vender sentencias”.
Germán Martínez, senador, en entrevista sobre su promoción para que la ministra Yasmine Esquivel Mossa renuncie a su cargo de ministra de la Suprema Corte por haber plagiado su tesis. Foro TV (12/I).
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