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El proyecto de gasto del Gobierno del Estado para 2020 ya debe estar perfilado y quizá en esta ocasión sí incluya el recurso de ley para el ectoplasmático Sistema Estatal Anticorrupción. El recurso de este año lo debe y será la Suprema Corte quien determine sobre ello en unos meses.
Efraín Arriola Ortiz, José Ismael Leyva Nava y José Jesús Sierra Acuña, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, promovieron un amparo por la omisión de asignar el presupuesto legal que corresponde al SEA para el ejercicio fiscal de este año y la aprobación del presupuesto estatal sin esa partida. Los responsables señalados son el gobernador y el Congreso del Estado.
El artículo 28 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, fracciones I, II y III, establecen que la Secretaría Ejecutiva del SEA debe tener bienes transmitidos por el Gobierno para el desempeño de sus funciones, recursos “asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado” y demás bienes que le sean transferidos.
La Secretaría Ejecutiva del SEA es el organismo con patrimonio propio y personalidad jurídica que proveerá la asistencia técnica y los insumos para que todo el aparato anticorrupción creado funcione y cumpla su tarea. Sin dinero, sin domicilio, sin muebles, el SEA es una entelequia, una entidad ectoplasmática, un fantasma como lo ha sido desde que fue creada con promesas de una vigilancia efectiva y puntual del uso de recursos públicos.
El juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Valles, negó el amparo con un argumento muy técnico: los diputados que aprobaron el presupuesto de este año sin esa partida, están en facultades de aprobar y aún en caso de que los motivos de disenso de los quejosos resultaran fundados, “no sería posible obligar al Congreso del Estado a reparar tal omisión normativa; es decir, a emitir un nuevo precepto que incluya en el mismo lo que la parte quejosa considera que debe ser incluido”.
El juzgador consideró que “constituye un motivo de improcedencia que esa restitución resulte inalcanzable”, pues si ganaran el amparo, tendría que darse una redistribución del gasto estatal todo, no algo específico.
Los promoventes se fueron al amparo en revisión. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito resolvió, por unanimidad, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para conocer del recurso. El punto de controversia es el mismo por el que el juzgado Séptimo les resolvió en contra, que la omisión no daba para cumplir en extenso. Y que sólo una entidad superior y última puede ordenar algo como eso.
El Colegiado, en su dictamen, deja líneas a favor del reclamo de los promotores del amparo, pero destaca que la omisión a la que se hace referencia no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo, pues dadas las características del mismo, en caso de que los motivos de disenso resultaran fundados, no sería posible obligar al Congreso del Estado a reparar tal omisión normativa; es decir, a emitir un nuevo precepto que incluya en el mismo lo que la parte quejosa considera que debe ser incluido.
“Si se obligara a reparar una omisión normativa como la mencionada, primero tendría que establecerse que el amparo es procedente, en seguida que dicha omisión existe, la que puede obedecer a falta de previsión voluntaria o involuntaria de legislador, es decir a negligencia y no se limitaría a asignar una cantidad de dinero para éste, pues ello implicaría una redistribución de recursos, mediante la realización de un acto legislativo con características generales, abstractas y permanentes”, señalan en su resolutivo.
Sólo la Suprema Corte, por facultad de atracción, podría dictaminar con toda validez y suficiente peso. Sin embargo, las señales de coincidencia del Colegiado con los reclamos por el incumplimiento del Gobierno se notan en los planteamientos del tema.
Para los integrantes del Comité que demandaron ya no se trata tanto de la discusión sobre si los ciudadanos del Comité que integra el SEA tienen sueldo o no, va mucho más al fondo: que tenga todo el sistema un lugar donde reunirse, herramientas para revisar y trabajar y recurso propio para operar.
Curioso que conforme los criterios en el Colegiado se fueron marcando en este tema, el secretario de Finanzas se acercó “para ver que se les ofrecía”, así como deslizar la promesa de, ahora sí, algún recurso para 2020. “Primero entreguen el presupuesto de este año”, les respondieron.
Antes, el entonces oficial mayor Elías Pesina también hizo ofrecimientos: un lugar en una finca el Gobierno por Tequis y que fueran pasando lista de los efectos materiales que requirieran, la Oficialía se los daría directo. Los promoventes del amparo hallaron inaceptable la oferta, por la dependencia material que supondría del gobierno estatal.
La Corte le dio entrada al asunto y asignó el proyecto al ministro Luis María Aguilar Morales, quien se encargará de resolver quizá en un par de meses. La proyección del presupuesto de Egresos 2020 del Gobierno del Estado ya debe estar, con la decisión de asignar dinero o no asignarlo para que el hasta ahora etéreo aparato de lucha contra la corrupción en el estado empiece a operar, independientemente de si en el Comité de Participación Ciudadana se ponen de acuerdo o siguen en disputa interna.
Ha sido precisamente el Comité Ciudadano el que ha cargado con la equivocada idea pública de constituir ellos el SEA, ser los responsables de que no funcione y con ello quienes retrasan la aplicación de políticas estatales para que el uso de recursos públicos sea limpio.
Pues no. El Sistema Anticorrupción lo forman también un Comité Coordinador integrado por la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, la Contraloría del Estado, un representante del Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, el presidente de la CEGAIP y el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. De todos esos, nada se sabe respecto de su tarea como parte del aparato.
Si el fallo de la Suprema Corte condena la omisión de darle presupuesto al Sistema, abrirá espacio a cuestionamientos sobre el compromiso del Gobierno del Estado con este tema: paupérrimos, cuando no nulos.
Y si la creatividad permite, abre la puerta a buscar un muy ruidoso mecanismo legal que se lleve de cantarito al gobernador rumbo al juicio político.
ROLLOS SUELTOS
LUZ VERDE A TERRENOS. Y mientras el Gobierno del Estado sostiene como opción su proyecto de Avenida Salk para hacer la vía alterna de movilidad a la Zona Industrial, con predios de tres ejidos por gestionar, la propuesta de prolongación Avenida Juárez concitó un acuerdo de propietarios de 18 predios por donde el trazo pasaría para los cambios de uso de suelo.
ANTE NOTARIO. Según el acta que registró este acuerdo, fechada el 28 de agosto pasado, de la notaría 22, quince propietarios de dieciocho predios, entre empresas y personas físicas, acreditaron derechos para la realización de actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el proyecto Construcción de la Prolongación Avenida Juárez-Eje 140.
EN SUS MANOS. Los propietarios autorizaron en ese documento a la Junta Estatal de Caminos para las gestiones que fueren necesarios para los cambios de uso, acreditado el encargo de esa dependencia, Marco Enrique Rosales Vega. O sea, desconocido para la autoridad no lo es.
MÁS COMPLICADO. En el análisis que la Unión de Usuarios de la Zona Industrial hizo del proyecto de vía alterna por Salk, destaco la inviabilidad por las dificultades para gestionar sin dilaciones el trazo sobre cuarenta predios localizados en tres distintos ejidos en la zona.
LA TRASTIENDA. Antes de que el semanario Proceso hiciera público el trato laboral abusivo a las internas de la Pila que trabajaban en plantas industriales ahí instaladas, Gobierno del Estado adelantó su lacrimosa versión de un cierre por razones no bien explicadas.
SOBRE LAS RODILLAS. La realidad es que la demanda laboral de una interna condujo a su abogado, Joel Hernández, a desmadejar una serie de irregularidades en la operación legal de tres plantas instaladas ahí, entre ellas la paga arbitraria, las nulas prestaciones que la norma laboral obliga y la falta de transparencia en el manejo de un supuesto fondo para el que se les descontaba una parte de su sueldo a las internas. No había ni convenios formales con las empresas, no al menos cuando el abogado los pidió.
ENREDOSO PINEDA. Medio acorralada su dependencia con el tema, el secretario Jaime Pineda recurrió a todo tipo de presiones para que la interna retirara la demanda. Cuando vieron que por ahí no iba a ser su solución, y la empresa temerosa de escándalos que la dejaran mal parada como proveedora de la industria automotriz, es que se acordó el retiro.
BECARIAS ETERNAS. La clave para justificar que se les pagara lo que les vinera en gana es que les daban la consideración de “becarias” a las internas, pasara el tiempo que pasara. Faltaría revisar la sección de varones, donde hay más personal, pero debe andar por las mismas.
LA TIRA DE LAS NETAS
FACEBOOK NO ES DIOS
No creo que la gente quiera vivir en un mundo donde solo se pueden decir y consumir cosas que las compañías tecnológicas deciden que son 100 por ciento verdaderas”.
Mark Zuckerberg, creador y CEO de Facebook, en entrevista con The Washington Post sobre su preocupación las “fake news” en su plataforma. TWP (17/X).
EL DINOSAURIO, 30 AÑOS DESPUÉS
No era tan perfecta, porque finalmente la dictadura desapareció, pero lo que es terrible es que vaya a resucitar, ¿no? Porque yo tengo un poco la impresión de que López Obrador es como la resurrección del PRI, del PRI que formó parte de su juventud”.
Mario Vargas Llosa, escritor, premio Nobel de Literatura y autor en 1990 de la frase: “México es la dictadura perfecta”, por la permanencia de un partido. En entrevista sobre su perspectiva actual de México. Reforma (17/X).
