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Más allá de los conversatorios, los seminarios, los cursos y la promoción formativa contra la violencia de género, si no hay condiciones concretas de seguridad y de justicia, asesinar mujeres tendrá un bajo costo para los feminicidas.
Asesinar a una mujer en México sale prácticamente gratis: sólo el 10% de los casos ha recibido una sentencia condenatoria”, reseñó el diario español El País, a partir del informe ONU Mujeres 2018.
La declaratoria de alertas de género produjo expectativas desproporcionadas de compostura en los estados en donde se hizo. Después de casi dos años de trámites, San Luis Potosí la obtuvo el 21 de junio de 2017 para los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
Desde luego, la declaratoria de Alerta de Género por sí sola no acaba en vía económica con la violencia contra las mujeres; el documento es una colección de compromisos de autoridades de distintos niveles para conseguir un entorno protector para las mujeres. Y si los compromisos no se cumplen, lógica e ineludible consecuencia es que la violencia de género y los feminicidios sigan ocurriendo.
Asesinatos de mujeres jóvenes como los casos de Karla y la maestra Mitzi han cimbrado a los potosinos. Y meses antes el de Paola, la joven alumna de la Politécnica. La sociedad reclama justicia y las autoridades, con cara de circunspección, anuncian medidas y acciones “a fondo” y se ofenden si les recuerdan que revuelcan en vano las mismas promesas de tiempo en tiempo.
Se hizo ya un dictamen de cumplimiento muy de conformes. Cursos, acciones de empoderamiento, papelería, nuevos espacios, todo eso está. Son los entornos donde la calidad de víctimas de las mujeres se potencia los que rara vez se reconocen como precarios. Si no se cumple ni en lo básico, poco queda esperar de mejoría.
Nuestras autoridades se comprometieron a diseñar y ejecutar de inmediato una estrategia para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia. Se comprometieron a reforzar los patrullajes preventivos y a mejorar sustancialmente algo tanelemental como el alumbrado público. No han cumplido.
Prometieron Gobierno y ayuntamientos colocar videocámaras en las calles, así como la creación de una app de auxilio y apoyo inmediatos. Nada de eso está. El Ayuntamiento sigue entrampado en el contrato de luminarias heredado de Panavi y la ciudad está hecha un lugar oscuro en amplias zonas y propicio para ataques a las personas en la calle.
Las videocámaras son otra cuestión. Si es que funcionan, las imágenes no suelen ser concluyentes para identificar un rostro o están de adorno, eternamente por falta de mantenimiento. Le pongan los moños que le pongan a los otros compromisos, si lo básico no se cumple, lo general, no hay mucho qué hacer.
Si las corporaciones municipales y estatales no pueden siquiera disuadir a los ladrones, a los asaltacuentahabientes, a los ladrones, a los extorsionadores, a los agresores, menos podrán garantizar seguridad a las mujeres.
El transporte es otro problema, un lugar en donde los potosinos se sienten inseguros. Les metieron videocámaras a más de doscientos pero los problemas no terminaron. No se les ha ocurrido que los parabuses ya son unos cacharros en muchos puntos y esperar un camión ahí antes de que amanezca es un riesgo para cualquiera, para mujeres más aún.
Que tengamos un miserable 1.1% de las denuncias generales finalmente vinculadas a proceso y un 54.1% de las carpetas de investigación de 2018 hayan acabado acumulándose en la fiscalía como “archivo temporal” por falta de avance, en datos de México Evalúa, es un indicativo de peores noticias para las mujeres como víctimas de delito por el solo hecho de ser mujeres. Si la justicia anda mal en general, no se puede esperar que sea mejor para los delitos de violencia de género, durante generaciones considerados “asunto menor”, y hasta “no delito”, sino mera nota colorida o idiosincrática familiar.
Los cursos de empoderamiento, los conversatorios sobre la equidad en ejércitos y corporaciones policiacas, los seminarios sobre las luchas femeninas de puño en alto están bien para ir haciendo algo por la cultura antimachista, pero si no hay una eficiencia en los hechos en las condiciones urbanas de seguridad, si no hay una eficiencia en investigar los delitos, poner ante el juez a los responsables y que éste los procese y sancione sin taxativas, todos esos esfuerzos educativos y de cultura de la equidad serán pájaros volanderos.
No desprovistas de interés político le han caído al alcalde capitalino Nava críticas por incumplir su parte en la Alerta de Género. Que ni se enoje y mejor la relea, porque sí, le toca. Como le toca al gobernador, a las corporaciones, a la Fiscalía y al sistema de justicia.
Tener la facultad de prevenir un delito y no hacerlo, es participar en él como factor propiciatorio por omisión.
ROLLOS SUELTOS
LENTA, LENTA, LENTA. Si queda firme un amparo en revisión que recién ganó el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, la Auditoría Superior va a tener que meter celeridad a sus lentísimos procesos. Sucede que la ASE le fincó a Crispín responsabilidades administrativas por observaciones no solventadas de su cuenta pública 2010, en la segunda ocasión en la que fue presidente municipal.
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PUNTO DE PARTIDA. Crispín presentó recurso de revocación en julio de 2015 y la ASE de la era de los “moches” y el saqueo dejó pasar tiempo, hasta una resolución de abril de 2018, con una multa superior al millón y medio de pesos que le fue notificada al sancionado el 2 de mayo de 2018. Crispín era alcalde por tercera ocasión, buscaba la reelección y promovió amparo alegando prescripción de las sanciones, pues transcurrieron más de cinco años desde que los auditores dictaminaron.
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LE NIEGAN AMPARO. El juzgado Séptimo, con sede en Valles, le negó el amparo tomando como criterio de prescripción de cinco años a partir de la notificación tras el recurso de revocación dictaminado en abril de 2018, pero el edil promovió revisión con su alegato de prescripción con fecha anterior.
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RECURRE Y GANA. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa falló a su favor y ordenó que se emita otra resolución bajo el criterio de prescripción a los cinco años a partir de que los auditores de la cuenta dictaminan, plazo que en este caso ya había corrido.
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NEVERA PARA EXPEDIENTES. Sabida es la lentitud infame de nuestras autoridades, tanto de vigilancia como fiscalías, para resolver sobre irregularidades cometidas por servidores públicos. Fincan unas indagatorias ruidosas que avanzan como por espasmos sólo cada que alguien se acuerda y menciona o mueve el tema, pero en cuanto pueden regresan a hibernar los expedientes. Así, desde luego que cualquier posibilidad de sanción prescribe.
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EL TRATO. El año pasado, el Congreso del Estado autorizó modificar el título de concesión a Coconal para incluir un nuevo tramo de cuota SLP-Villa de Arriaga a Villa de Reyes y otro desde entronque San Lorenzo a a carrtera 57, tramo San Luis-Matehuala. A cambio, la concesionaria debe realizar un tramo carretero, un puente para comunicar dos parques industriales, otro puente en carretera San Luis-Rioverde y un distribuidor vial de acceso a otro parque.
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TRAMO LIBRE. Empresarios locales traen la inquietud de que el acuerdo con Coconal se modifique liberando unos diez o más kilómetros desde carretera 57 hacia parques industriales, para facilitar accesos a recinto fiscalizado, parques, servicios y desarrollos inmobiliarios. El argumento: la carretera de cuota impide desarrollar el área y nuevas inversiones.
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ENGARROTADA. Y mientras Villa de Reyes tiene en su territorio una zona de crecimiento industrial y proyección inmobiliaria sin precedentes, la cabecera municipal se estacionó en el tiempo. Se nota que no se le invierte en infraestructura urbana desde hace tiempo y es un verdadero desorden vial, atascada de vehículos, sin estacionamientos, fincas derruidas y comercios precarios dispuestos donde más estorben a la circulación.
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¿EL RESCATE ESPERADO? Que serán los herederos del Edificio Ipiña, uno de los más bellos de la ciudad, quienes lo rehabiliten con un proyecto empresarial importante.
LA TIRA DE LAS NETAS
CUESTIÓN DE TALLAS
A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”.
Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, responde en Twitter a las burlas de López Obrador que lo comparó con el “Comandante Borolas” por la ocasión que usó chaqueta y gorra militar de talla evidentemente más grande. (23/VIII).
TRATO DE CRIMINALES
Los senadores están creando cárteles en este país por disposición de ley y pues esperen a ver quién invierte en México”.
Carlos Absalón Copete, investigador del Tec de Monterrey en Políticas Públicas, advirtiendo a senadores sobre la inconstitucionalidad de castigar como delincuencia organizada la evasión fiscal de empresas, en una iniciativa en discusión. (24/VII).
REVIRE DE GÉNERO EN CLAVE HUMOR
He puesto a Siri voz masculina y se ha puesto a explicarme cosas sin preguntarle nada”.
Ache @soynormal, seleccionado entre los tuits de humor más logrados. Verne (24/VIII).
