A-AA+
Aprincipios de los años noventa, un grupo de activistas ciudadanos montaron un “juicio político” para el gobernador en turno, un interino, que era la situación normalizada de San Luis Potosí entonces.
Aquello era una forma de hacer patentes molestias y críticas ciudadanas por el desempeño de una administración pública. No existían las instancias, los procesos y mucho menos el reconocimiento de la autoridad a las expresiones críticas y de duda.
Validez no tenían esos montajes en las plazas, pero atraían atención ciudadana, e incomodaban a las autoridades, porque se aireaban irregularidades y abusos. Dependía mucho de la categoría del fiscal popular para el caso; si era bueno en el alegato y espectacular para exponer, el evento daba para hablar y sacar los colores a autoridades por varios días, o semanas.
El notario navista Eduardo Martínez Benavente era muy meticuloso y atinado para nutrir con datos ejercicios como estos, incluso con un soporte documental y de análisis. Otro abogado, Eduardo Izar Robles, fue un fiscal temible en estos juicios callejeros, en San Luis y en Rioverde, por su capacidad de desportillar con un filo de humor descacharrante la dorada consideración social que muchos políticos creen tener.
El juicio político legal se supone que no solo ofrece adecuada atención a la inconformidad de los ciudadanos por abusos, omisiones y desatinos de sus autoridades, pero ya no lo hacen por su cuenta los ciudadanos, o hace mucho que eso no sucede.
Ahora el juicio político es monopolio de nuestros diputados, pero no por ello su práctica es mejor, tampoco más atinada, si acaso sólo con unas consecuencias legales que se supone más justas y objetivas que una rostizada en la plaza pública, a cargo de un esgrimista verbal que hacía las delicias de los presentes y los reporteros en busca de notas políticas con toque picante.
Como toda facultad que cae en manos de los legislativos, los juicios políticos son material de toma y daca, de negociación política o hasta de vil y vulgar chantaje. Y si hay razón para enjuiciar, el caso se vuelve una lamentable maniobra de cansancio por espera para la opinión informada, solo para darlo por improcedente.
Con la moral ajustable que suelen tener nuestros diputados, el objetivo partidista siempre pasará por encima de la verdad, haya hecho el enjuiciado lo que haya hecho.
Indulgentes con la cleptocracia, no se recuerda de los legisladores locales algún auténtico momento de oro contra la corrupción, ni uno solo. Es más probable para un servidor público ladrón ser atacado por un tiburón un Sábado de Gloria en un balneario, que recibir un justo castigo en un juicio político.
Pero si de lo que se trata es de obtener réditos electorales, inhabilitar a un potencial adversario competitivo, desactivar a un contrario o chantajear a alguien, el juicio en el Legislativo es el arma, señores. No tienen ni interés en llegar a un dictamen, se trata de desgastar con el tema y prolongar su definición para mayor daño. Se llenan la boca con invocaciones a la decencia, eso sí.
El juicio como instrumento de presión política acaba siendo una pesadilla barroca, un bocado intragable. Puede que en el papel se vea más o menos aceptable, en la mesa, discutible, y al final indigesto. Son embutidos indescriptibles e impredecibles.
El alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios, tiene en contra varios juicios políticos promovidos por distintos actores, pero a esos asuntos les han movido las agendas de definición con aplazamientos.
Uno tiene que ver con la representación de pueblos originarios en los programas presupuestales y planes. Los réclames son indígenas, “pueblos originarios”, sí… pero de otras entidades. La corrección política reprueba que se piense siquiera y el victimismo salta a la menor provocación, pero la monda y lironda realidad es que el municipio de San Luis Potosí no tiene pueblos originarios, tal y como es el concepto en esencia. En todo caso, los descendientes de tlaxcaltecas, pero la condición étnica la reivindica el propio ciudadano que se ubica en ella y en San Luis eso no ha sucedido. Si hay indígenas en el municipio capitalino son foráneos, migrantes. Hay un activismo con este discurso que tiene bastante relación con la búsqueda de una consideración especial para ejercer el ambulantaje, así como beneficios de apoyo social.
Otro juicio es de la oficial del Registro que se resistió a ser desalojada de la oficina que le asigna el Ayuntamiento. La violencia es muy poderosa cuando se ve en medios, siempre, pero al jefe policiaco al frente de esa operación no le dio la capacidad de reacción ni porque había alguien grabando, ligado a la propia oficial. En términos pragmáticos, debió parar el desalojo de la resistente señora precisamente porque había una cámara grabando con premeditación y regresar otro día. Los desalojos son lo que son, existen en la legislación y son un recurso legal, pero había una premeditada grabación de todo.
El Ayuntamiento ya no tuvo ni el ánimo de dar a conocer puntualmente cuál era el motivo de ese desalojo. Debió hacerlo si es que había razón para una medida tan contundente y que se supone tenía respaldo legal. Debe hacerlo todavía. ¿Qué hizo la oficial para hacerse acreedora a ser sacada por la fuerza pública de una oficina que se negaba a dejar? La ausencia de ese dato sólo conduce a dar por sentado que en efecto se trató de un abuso en toda la línea contra la indefensa oficial.
El escándalo se les salió de las manos. El alcalde, que no encabezó el desalojo ni ordenó la medida de fuerza a aplicar en resistencia, tuvo que tragarse una rueda de molino y dar una disculpa pública a la oficial en calidad de víctima. Todo porque a su jefe policiaco le faltó prudencia y altura. Pero ni así la desagraviada retiró su demanda de juicio político y el tema sigue siendo para ella una bandera que le ha dado foro y hasta la posibilidad de una oferta de participación política en una formación de maneras muy obvias.
Un asunto así, con un alcalde que puntea encuestas de preferencias y conocimiento para la posibilidad de ser candidato a la gubernatura, desde luego que es una deseada oportunidad de sacar raja, de estirar el tema con vida artificial hasta un tiempo en el que se le suponga más vulnerable, un par de meses más, con más ruido en prensa, más manifestaciones, más alegadera interesada de nuestros tribunos y más presión para que el edil no escape a la etiqueta pública de violento, abusivo y represor de empleadas.
La defensa de Nava se enfila a la técnica: sucede que las demandas de juicio datan de cuando los alcaldes no estaban expresamente considerados sujetos de este ejercicio. Y sí, los presidentes municipales son ahora sujetos de juicio político por una reforma posterior a esos recursos.
Otro punto es la recomendación 20/2019, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, generada por la queja promovida por la propia oficial. La CEDH, como especialista en determinar violaciones a derechos humanos, expresamente expuso que, de las evidencias aportadas y que de oficio recabó, el presidente municipal no incurrió en violación a derechos humanos.
Tampoco falta la opción clásica de “solución” en los pasillos del Legislativo para este tipo de asuntos: legisladores que ofrecen apoyar la improcedencia de los juicios políticos, siempre y cuando se les apoye a ellos para salvar juicios políticos de su interés, pero de naturaleza algo cochambrosa e imposible de maquillar.
De normal aburridos, porque los partidos todo lo contaminan y lo alambican para provecho propio y de sus líderes, los juicios al alcalde pueden terminar con un aspirante a gobernador “ponchado”, o lo contrario, que todo se desconche como un montaje.
ROLLOS SUELTOS
VIRAJE. El mismo juzgado que el 18 de agosto emplazó a un MP de la Fiscalía Anticorrupción por no reconocer la calidad de víctima a los denunciantes ciudadanos de los Gallardo, para que presente un dictamen mejor soportado, diez días después da por atendido con suficiencia el dictamen, pero la cabeza de los demandantes, Manuel Nava Calvillo ni siquiera ha recibido una explicación.
????
QUEREMOS SABER. Desde luego, será interesante que se ventile a satisfacción el nuevo dictamen, pues si es a favor de los denunciantes, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que dejarse de hacer como si se le apareciera la Pachamama y atienda si son o no reales los cargos de peculado, corrupción y enriquecimiento ilícito que les hacen más de 400 ciudadano a los ex alcaldes Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona.
????
COSTO DE UN ERROR. ¿Cuánto pagó de indemnización la Junta Estatal de Caminos por invadir propiedad ajena con los nuevos brazos del distribuidor? El secretario general de Gobierno anunció que se habían arreglado, pero no dijo el costo.
????
¿QUÉ NO HAY OTRO? El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Martín Juárez Córdova, ha declarado que el juez Felipe Aurelio Torres Zúñiga va de nuevo como candidato a fiscal anticorrupción. Se ha empecinado tanto el Ejecutivo que de seguro llega, porque la ley le favorece, pero si su falta de trayectoria en el tema era criticable, su evidente imposición lo desacredita aún más. Será otra figurita de Lladró en el tema anticorrupción.
????
LA TIRA DE LAS NETAS
MANTENER “NINIS” NO SACA DE UNA CRISIS
México no ha adoptado nada para enfrentar la crisis. Nada”.
José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia ex secretario de Cepal , el brazo de Naciones Unidas para América Latina, en videoentrevista para advertir sobre el escaso apoyo de los gobiernos latinoamericanos a las empresas para la recuperación de la crisis pandémica. El País (29/VIII).
CUESTIONAN LOS ABRAZOS A DELINCUENTES
El enfoque social de AMLO para prevenir la violencia tomará años para traducirse en un cambio real, si es que funciona”.
Shannon O’Neill, asesor en temas latinoamericanos para el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. Bloomberg.
