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El ex titular de la Auditoría Superior del Estado Martínez Loredo cedía a todo lo que exigían los diputados de la Legislatura pasada que lo pusieron en el cargo. Incluso dejó papeles firmados como aval de la nómina discrecional, sobre demanda de los legisladores.
Los responsables de la “nómina secreta” de la Auditoría Superior del Estado no son otros que los diputados de la pasada Legislatura.
Fechado el 1 de febrero de 2017, el auditor superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo envió a su coordinadora de Administración, Finanzas y Servicios, Gloria Raquel Rivera, un oficio en el que hace de su conocimiento “que a partir de esta fecha se realizará una nómina complementaria quincenal retroactiva al 1° de enero del año en curso la cual deberá ser operada, registrada y pagada en forma independiente a la elaborada en el Departamento de Recursos Humanos, la que será manejada por el C.P. Fernando Barrera Guillén; así mismo le instruyo para que el Lic. Abraham Reinhardt Guerrero, coordinador de Auditorías Especiales, sea quien coordine los movimientos de altas, bajas y modificación de salario de dicha nómina, una vez que se cuente con mi autorización”.
En agosto 24 de 2017, tras la renuncia de un Martínez Loredo envuelto en el escándalo de la “Ecuación Corrupta”, la encargada de la ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, envió a la contralora interna de la Auditoría, Rosa María Ruiz Medellín, un grueso legajo de observaciones del Proceso de entrega-Recepción. El documento es más bien una relación de No-Entregas, porque enlista todos los faltantes de reportar, entre muebles, tokens de acceso a cuentas bancarias, informes de gastos, muebles, aparatos de oficina y hasta expedientes.
En el Folio 318 de ese reporte, observa una relación de documentos por cobrar y cuentas por cobrar en una cuenta “a nombre de Fernando José Barrera Guillén tiene un saldo deudor por la cantidad de $2’703,816.00 siendo que ya no es empleado de esta institución”.
Y más adelante, en el folio 354, observa “pagos efectuados por el C.P. Fernando José Barrera Guillén por $2’ 703,816.00”, de los cuales “manifiesta no integró la comprobación de las nóminas dispersadas según autorización del C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo”.
El hombre que controlaría la nómina alterna en la ASE generó también la observación folio 379 por el cheque 2814 de Banorte, el de la llamada “fiesta fantasma”, por $600,000.00, “el cual fue entregado el (sic) C.P. Fernando José Barrera Guillén con fecha 17 de diciembre de 2017, no obra original y copia de la póliza de cheque debidamente firmado de recibido por el proveedor, así como su comprobación y firma de autorización para afectación del gasto”.
Indignado, Martínez Loredo acudió al gobernador para quejarse que se le involucraba en las anomalías encontradas por su sucesora. Inevitable que así fuera: su firma está en documentos como aval de salidas irregulares de dinero, en particular en esa nómina fuera de todo control institucional, pues no le correspondía al funcionario Barrera hacer ese manejo discrecional.
Martínez Loredo firma junto a Barrera Guillén un memorándum dirigido a la coordinadora de Administración, Finanzas y Servicio de la ASE, con fecha 30 de marzo de 2017. En el documento, Barrera informa “la dispersión de la nómina” correspondiente a la segunda quincena de marzo y que el suscrito “se ha cerciorado de las actividades realizadas de dicho personal, y corroborado el cabal desempeño de sus funciones”, por lo que el retiro de esa quincena sería de $391,000.00.
El 12 de mayo de 2017, la coordinadora de Administración dirige un memorandum a Barrera Guillén para solicitarle “la relación de personal de los movimientos que maneja a partir del mes de febrero a la fecha, así como el importe retenido para efectuar su entero”.
La administradora loria Raquel Rivera le recuerda también que a esa fecha no ha entregado la documentación correspondiente (póliza original y comprobación con validez fiscal) “en referencia al cheque número 2814 a nombre del proveedor Francisco Benjamín Lozano Canseco de fecha 17 de diciembre de 2016; por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de gasto navideño mismo que fue entregado a usted por el área de Recursos Financieros para su trámite de pago con el proveedor”.
El 18 de mayo siguiente, Barrera Guillén, como “Supervisor Técnico Contable de la Coordinación de Auditorías Especiales”, le contesta con todo de superioridad “debo recordarle que la información que solicita es de carácter confidencial, por lo que lo aquí solicitado por usted no está en condiciones de ser proporcionado, ya que por instrucciones específicas, certeras y directas, ésta sólo podrá ser proporcionada al titular de esta Auditoría Superior, debiendo ser necesaria que su solicitud planteada la realice a través de una petición directa que éste me realice”.
Incluso le reprocha: “Lo anterior había sido establecido y platicado ampliamente con usted, por lo que creo prioritario acatar las instrucciones giradas por el titular”.
Luego, se pone en plan transparente con una promesa: “Sin embargo, y con el afán de tramitar y no obstaculizar lo aquí requerido, podemos agendar junta en las oficinas del Titular a la brevedad posible para darle en mano propia la lista, sin que para esto pasen días de opacidad y retraso en la información”.
Del cheque de la “fiesta fantasma”, sin referirse nunca al documento, se hace el que no entiende, echa una maroma laberíntica y vuelve a escudarse en Martínez Loredo: “voy a permitirme adivinar que se refiere a los impuestos federales”.
Arguye que en la junta prometida “con el Titular” le darán la información “manifestándole que de igual forma por instrucciones específicas encomendadas, los originales y cualquier otra documentación requerida quedará en mi poder por instrucción del Auditor Superior hasta que los trámites de revisión por parte del Congreso del Estado hayan concluido, tarea asignada verbalmente por el Funcionario Superior”.
Ante el evidente involucramiento, la ASE promueve en octubre de 2017 una denuncia en contra de su extitular, José de Jesús Martínez Loredo, e involucra a cuatro ex funcionarios, entre ellos Fernando Barrera Guillén y el ex coordinador de Auditorías Especiales Abraham Reinhardt Guerrero.
En diciembre de 2017, la Contraloría Interna de la ASE reporta una denuncia del 11 de octubre anterior en la que aportan una lista “de las personas favorecidas por tal nómina”, entre ellas Brenda Esmeralda Toledo Coronado, hija del ex diputado local y ex dirigente municipal del PAN Vicente Toledo Álvarez; Griselda Mezquida Saldaña, hoy directora de la Instancia Municipal de la Mujer en Ciudad Valles; Mariel Morales Martínez, Blanca Margarita Esquivel Loredo, Luis Gerardo Zapata Martínez, Aarón Emanuel Rivera Castillo, María de Lourdes Gámez de León, José Guadalupe Díaz Araujo, Galilea Maribel Cruz Velázquez, Diana Nayelli Mendoza Navarro, Gabriela Gutiérrez Díaz de León, Gabriel Pérez Galván, la ex candidata panista a diputada local plurinominal suplente Diana Ilse Carvajal Guevara (la titular era Leticia Loera Medellín, suegra del ex diputado panista Enrique Flores); Laura Elena Luna García, ligada a la priista Martha Orta Rodríguez desde la Comisión de Atención a Víctimas; Nancy Vite Barrera, Germán Ignacio Vázquez Loredo, Ismael Saldaña Padrón, María Guadalupe Muñoz Escalante, Sandra Mendoza García, Eduardo Reyna Rocha, Yajaira Wendoli Medina Arias, Valentín Ibarra Rodríguez, Juan Gabriel Gutiérrez García y José de Jesús García Sánchez, éste ligado a los manejos directivos del Partido Verde.
Qué hacían o qué servicio prestaban a la ASE, sólo lo sabía Barrera Guillén y se supone que su jefe, Martínez Loredo. Menis se conocen los perfiles profesionales o de especialidad y experiencia de los nominados. Al menos eso es lo que dejó claro por escrito el ex funcionario. Para la quincena que cerraba el 28 de abril, el retiro para esa nómina era ya de 440 mil pesos.
Por el tipo de nexos de algunos supuestos beneficiarios de la nómina secreta identificados, los integrantes eran “asistentes”, amigos, conexiones o “asesores” de diputados, o simplemente correligionarios a los que buscaron favorecer con cargo a la Auditoría porque ahí se podía. Martínez Loredo accedió a todo porque les debía el cargo, lo pusieron ahí para que dejara refulgentes las cuentas, como así lo hizo, del ex gobernador Toranzo y del alcalde capitalino Ricardo Gallardo.
Se supone que hay una investigación, eterna como todas las que tienen como foco a servidores públicos. Indagatoria que no avanzará ni tocará a nadie. Como siempre.
ROLLOS SUELTOS
FOTOS, FOTOS. La efervescencia por el futurismo político anda muy afecta a las imágenes. Primero fueron los panistas, de gira por la Huasteca, que se reunieron con su dirigente estatal. Los aspirantes que sí militan se fotografiaron rodeando a su presidente estatal muy sonrientes. Y acá en la capital, el alcalde Nava, que no milita en el PAN, en el cumple de un panista y bien sonriente con el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga. En el grupo también el secretario Sebastián Pérez y el director del Interapas, Ricardo Purata.
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EL CAMINO DE CÁNDIDO. Y por los tumbos del Verde, el diputado local y ex secretario de Gobierno Cándido Ochoa Rojas, muy disciplinado en la gira, también Huasteca, del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona.
LA TIRA DE LAS NETAS
“LO QUE NATURA NO DA…”
“La Universidad tiene un doble filo: abrir el mundo o se puede convertir en una expendedora de diplomas. Entras imbécil, sales imbécil con título. Hay gente maravillosa que no acabó la Universidad. El título no quita lo pendejo”.
David Pastor Vico, filósofo español, catedrático en la UNAM y autor del libro “Filosofía para desconfiados”, sobre el valor de la educación. Sin Embargo (20/VII).
PLEITO ENTRE DINOSAURIOS
“Ni siquiera voy a pedir que se ponga esto en el diario de los debates, porque estoy seguro que se lo hizo alguien que sí sabe escribir y que, entonces, lo trajeron para hacer escándalo”.
Carlos Aceves de Olmo, líder nacional cetemista, senador y presidente del Congreso del Trabajo, rechazando una ponencia del eterno líder ferrocarrilero Víctor Flores Olea, enzarzados en una bronca en el Parlamento Abierto sobre la reforma laboral después de que el rielero arremetiera en tribuna contra los legisladores federales. Reforma (25/VII).
