A-AA+
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inválidas las fracciones XXXI y XXXII del artículo 57, así como el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, reconoce al ayuntamiento capitalino su facultad para enajenar y disponer de su patrimonio sin la sabia, honesta y siempre desinteresada tutela de nuestro Congreso del Estado.
No ha faltado quien ponga el grito en el cielo por ello, aunque esa aspiración a hacer respetar un cambio constitucional federal nunca adecuado en la legislación potosina, no es algo nuevo. Lo mismo peleó Jorge Lozano Armengol con la concesión de agua a particulares y los parquímetros. Y un adelanto consiguió Victoria Labastida, relacionada con una venta para amigos, en abonos chiquitos y a plazos, de los predios para Monterra.
No sabemos si el actual presidente municipal tenga planeado vender o concesionar algo, pero cualquier mexicano entiende que “los bienes son para remediar los males”, y males financieros el ayuntamiento padece muchos.
Ciertos historiales de administradores municipales de antifaz, jersey a rayas y cachiporra para el descontón matrero no ayudan mucho a confiar en la facultad a los ayuntamientos para enajenar bienes de la municipalidad o dar concesiones a particulares. Sin margen para defensa, nuestra pasarela histórica de pillastres en la Alcaldía mueve a sospechar.
Sin embargo, la famosa tutela del Congreso del Estado, en su facultad y obligación vigilante del actuar de los gobiernos y poderes, tampoco ha estado a la altura. A los diputados les sobran siempre razones para poner barrera a los planes de enajenación de bienes de los ayuntamientos, o a las concesiones de estacionamientos, servicios o negocios.
El primer motivo para “atorar” una propuesta municipal va desde la simple oposición por ventaja política, a la vulgaridad del “pay per view” o “pago por evento”, o sea, el voto a subasta.Hay que echarle ponchallantas al paso de quien pretende sacar adelante una autorización para vender o concesionar algo. No sea que crezca, o bien ya creció y es un riesgo político.
El presidente municipal capitalino Xavier Nava Palacios hizo promover la controversia 109/2019 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, resolvió al declarar innumerables referidos, por ser contrarios a lo dispuesto en el inciso b) de la Fracción II del Artículo 115 de la Constitución General de la República.
El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales se hizo cargo, que fue votada por unanimidad en cuanto a la anulación de la impedimenta constitucional local para los ayuntamientos.
Las fracciones eliminadas facultaban a la legislatura local para autorizar la enajenación de bienes municipales y también su gravamen cuando este exceda el término de una administración de un ayuntamiento, así como para autorizar las concesiones que otorgan los ayuntamientos cuando su vigencia exceda el término de su administración y, además, los ayuntamientos no podrán celebrar acto o contrato alguno que grave o comprometa los bienes y servicios públicos de los municipios sin tener la autorización del Congreso del Estado, so pena de que sean nulos.
Observaron los ministros que mientras que la Constitución General de la República reconoce a los municipios la facultad de manejar su patrimonio inmueble, con la sola limitante de que las decisiones se tomen por el ayuntamiento mismo y sean en acuerdo con las dos terceras partes de sus integrantes, la Constitución local, por su lado, establece diversos requisitos para la validez de ciertos actos jurídicos inherentes a la manera de afectar el patrimonio inmobiliario y de enajenaciones de bienes municipales y su gravamen.
La Constitución federal obligaba los poderes legislativos estatales a adecuarse, pero en San Luis no se hizo nunca. “Los Estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001. En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes”, les ordenaba el decreto federal.
Simplemente no lo hicieron. Pero no solo “se les olvidó”, si no que además generaron otras leyes y reformas ligadas a los requisitos. Anular esos impedimentos legales fue del parecer de todos los ministros. Lo que se llevó una discusión más amplia fue el alcance de la sentencia para esos efectos: si era para los 58 ayuntamientos o solo para el que promovió la controversia constitucional.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa recordó que la invalidez debe tener efectos generales cuando la sentencia es aprobada por ocho votos, mucho menos de los que los ministros dieron ese día, y si esta protección alcanza aún a los cincuenta y siete municipios restantes que no la impugnaron. “Me parece que resulta ilógico que una norma violatoria de la Constitución se mantenga intacta y siga causando efectos respecto de los ayuntamientos que no la reclamaron o, peor todavía, que ese trato desigual dependa del nivel de gobierno u orden al que pertenezca el actor, como si fuera menos trascendente lo que los municipios están impugnando”, expuso.
Finalmente acordaron que el dictamen surtía efecto de inmediato tras la notificación; para el Ayuntamiento de SLP que lo promovió, para el resto, el Congreso está obligado en seis meses a transformar las normas liberadoras. Es decir, en seis meses, las facultades de enajenar bienes universitarios estarán listas. Todos los ayuntamientos estarían en su derecho de enajenar y concesionar.
Obligado entonces el ciudadano a tener los ojos muy abiertos, para decidir mejor por quién votar. Y obligados los ayuntamientos a ser más transparentes con sus patrimonios. Sería interesante saber cuántos predios tiene la Alcaldía por daciones en pago.
Por lo que respecta a los alcaldes, buena falta les hace la transparencia para que sus gobernados tengan claro cuántos predios administra. La legislación en materia urbana y obra obliga a desarrolladores a entregar superficies, de las que no sabemos.
Y si las venden para reponer, que sea lo más claro y limpio posible.
ROLLOS SUELTOS
CON EL FRENO PUESTO. Ahora es la crisis por la pandemia la que genera augurios de más retraso en la construcción de la primera línea de la Red Metro. El gobierno estatal ha tenido que fondear de aquí y de allá los gastos generados por la pandemia y ello significa “patear” las obras a más plazo. El decreto de creación del organismo público descentralizado Red Metropolitana de Transporte Sustentable, se publicó el 24 de julio de 2018.
PLAZOS DE AVANCE. El decreto ordena la creación de una Junta de Gobierno y una directiva de la Red, que encabezan el secretario de Comunicaciones y Transportes y de Finanzas del Estado. Se dieron 280 días naturales de plazo para que la junta elaborara su reglamento interno y 300 días naturales a partir de la publicación para preparar la obra y la administración.
SI NO HAY DINERO. Ese decreto faculta a la Junta de Gobierno para supervisar obras y programas del proyecto. Incluso se les faculta para conseguir financiamiento y crédito en caso de protección por sospecha de coronavirus.
EL “PANDEMIAZO”. Fue lo que hicieron los legisladores del Congreso del Estado para quitarse de encima el tema del aborto legal, sin enfrentar a las feministas y en general a un segmento de población que esperaba separaran con independencia de criterio las leyes de las cuestiones de fe. La pandemia les cayó “como anillo al dedo”, un parapeto perfecto para no tener que dar más explicaciones. Las pintas hasta en la sede de Morena eran de esperarse.
REGRESO. General Motors de México tubo el reinicio paulatino de operaciones en sus complejos de manufactura de Ramos Arizpe, Coahuila y Silao, Guanajuato, incluidas plantas de Motores y Transmisiones. Al menos al cierre de la semana, la firma señaló que se está determinando la fecha de reinicio de operaciones para los complejos de manufactura en Toluca y San Luis Potosí, aunque se sabe que ya hay preparativos de las líneas de producción.
LO ESPERADO. Y con el regreso del sector industrial automotriz, esperan un ascenso de contagios de la COVID-19, con todo y los protocolos exigidos a esas plantas.
LA TIRA DE LAS NETAS
EL INEGI-GESTAPO DE MORENA
“El Inegi debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años, debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena y su propuesta de cinco reformas constitucionales. Trasculcar en el patrimonio de los mexicanos, una de ellas. Reforma.com (17/V).
“LEGISLATURA MAZACOTE”
“No podemos ser una borregada porque las tómbolas no tienen ideología”.
Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena en conversatorio vía Zoom sobre Salvador Nava Martínez, sobre la no independencia de criterio de los diputados, en referencia a los de su propio partido, elegidos como candidatos al azar. (18/V).
OBSESIÓN POR LA MUERTE
“Algunas personas ven el vaso medio vacío, otras lo ven medio lleno. Yo siempre veía el ataúd medio lleno”.
Wody Allen, escritor y cineasta, en su biografía “A propósito de nada”, sobe uno de sus grandes temores y fascinaciones: la muerte. Sin Embargo (23/V).
