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En la presente Legislatura hay dos casos registrados de carpetas sobre sanciones a servidores públicos que se extravían en forma extraña. No va demás tener claro dónde están y en qué estatus los expedientes de asuntos como la “ecuación corrupta”, el “hackeo” a una cuenta de la ASE y la “nómina fantasma”.
Como parte de la entrega que hiciera Héctor Mayorga Delgado a su salida como coordinador de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, hay un informe de gestión de lo que le alcanzó a actuar.
En el penúltimo párrafo de su reporte de salida, advierte que “dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa que quedan pendientes, existen algunos que revisten una gran importancia y que requieren de una atención inmediata, tales como el adeudo de la Auditoría Superior del Estado con la Dirección de Pensiones, el asunto de la ecuación corrupta, el hackeo de las cuentas bancarias de la Auditoría, las indemnizaciones laborales convenidas con ex funcionarios de la Auditoría, la nómina secreta y la factura que ampara una comida inexistente”.
En ese mismo documento, sencillo y sin florituras gráficas, con la firma al calce de Mayorga, el saliente coordinador asienta que recibió “diversos procedimientos administrativos de responsabilidades y que formaron parte, en su momento, de las obligaciones del órgano interno de control de ese ente fiscalizador".
Se llevó a cabo el análisis y revisión de algunos de ellos, sin embargo, al no dotarse a la Unidad con el personal necesario para establecer la Autoridad Investigadora y la Autoridad Substanciadora que señala la Ley de Responsabilidad Administrativa, no fue posible emitir la Resolución correspondiente”.
El párrafo no es una justificación a hombros encogidos, sino buena parte de los motivos de Mayorga para dejar una unidad evaluadora a la que extrañamente no se dotó de recursos, no obstante que abundaba el discurso de perseguir y castigar, ahora sí, la corrupción que parasitó desde la cúpula la ASE en la gestión de José de Jesús Martínez Loredo.
Mayorga estuvo en calidad de refugiado en una sala que ocupa como oficina otra área del Congreso del Estado, sin computadora siquiera. Parte de una ministración económica para dotar de infraestructura fiscalizadora a la naciente unidad, fue presentada como “ahorro” del Congreso en el ejercicio 2018. No solo no le dieron, le quitaron con qué arrancar.
Marite Hernández Correa, presidenta de la Comisión de Vigilancia, recibió los reportes, documentos y los archivos que entregó el saliente evaluador de la ASE, un cargo de nueva creación para el que fue electo apenas en agosto de 2018.
La entrega incluyó una relación pormenorizada de los archivos en varias cajas. Tocará al nuevo titular de la Unidad de Evaluación y Control, Ovidio Robledo Gómez, retomar esos asuntos y resolver. Por su trayectoria de burócrata bidimensional en la SEGE, sin profundidad ni tema para resaltar, los diputados panistas se han referido a él con el sospechoso cartelito del “vigilante carnal”.
No es inusual que en el actual Congreso del Estado se “extravíen” expedientes a la vista de todos, como por artes de ilusionismo. Traen “perdida” un acta “de exoneración” que otorgó la Comisión de Vigilancia de la anterior legislatura a la llamada “fiesta fantasma”: la sustracción de 600 mil pesos de las arcas de la ASE en diciembre de 2016 para un evento navideño que nunca se realizó.
La “exoneración” fue una medida desesperada y cínica de los diputados que la votaron (Martha Orta, J. Guadalupe Torres y Oscar Bautista), aunque legalmente insostenible, pues por mucho acuerdo que tomaran no tenían facultades para dictaminar algo que sólo corresponde a la ASE.
En marzo pasado, los diputados Martín Juárez Córdova, del PRI, y Rubén Guajardo Barrera, del PAN, solicitaron al contralor del Congreso, Juan de Jesús Rocha, que investigara y sustanciara procedimiento de responsabilidad por la desaparición del oficio TESLP/581/2018, el documento que contenía un procedimiento sancionador del Tribunal Estatal Electoral al ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez.
De que en el Congreso del Estado “se pierden” documentos de temas polémicos, se pierden.
ROBOS, SUPUESTOS “HACKEOS”
Y OTROS MENEOS
El miércoles pasado, un juez de control encontró indicios suficientes para vincular a proceso al ex titular de la Auditoría Superior del Estado, a tres de sus colaboradores y al emisor de facturas de la llamada “fiesta fantasma”. Unos días antes, resolvió vincular a otro ex funcionario que pidió acortar plazo. Los involucrados estarán sometidos a una investigación de cinco o seis meses para resolución judicial.
Si buscan una reparación del daño, tendrán que pedírsela a la víctima, la Auditoría Superior del Estado. Los diputados a quienes se relaciona con este tema parece que sí se fugarán de rositas, técnicamente no ha sido posible trazar una ruta que los confirme como beneficiarios; muy peregrino, pero otra cosa será si los ex funcionarios vinculados los involucran.
El mismo plazo de cinco meses tendrá para su proceso el ex diputado Mariano Niño Martínez, vinculado a mediados de mes por haber gestionado la salida de cheques para “cubrir” supuestos apoyos a peticionarios en necesidad. Una vez que el caso reactivó un clima de indignación en contra del ex diputado, los legisladores de todos los colores han emitido posicionamientos en el sentido de que no se le facilitarán las cosas con la reparación del daño. Lo intentó el diputado y también algunos conspicuos panistas que lo protegían, pero no consiguieron salvarle del juicio.
En los cinco meses próximos, en el momento que considere adecuado a sus intereses, Mariano puede ofrecer de nuevo la reparación y quizá para entonces encuentre un mejor clima, si el olvido público ayuda. Tendría que reparar el daño económico y pagar una multa. De lo que no se libraría, en caso de llegar a acuerdo reparatorio del daño, es de la inhabilitación en proceso administrativo.
Del hackeo de cuentas de la ASE, en noviembre de 2016, fue el propio auditor titular, José de Jesús Martínez Loredo, quien hizo público el faltante de unos siete millones y medio de pesos de pesos de una cuenta con Banorte. Una parte del dinero se envió a Guadalajara para comprar tres autos Audi por seis millones 200 mil pesos. Se dijo que el dinero aplicado en esos vehículos de lujo fue devuelto a la ASE, pero ya no se supo más sobre este caso. Tampoco hubo una comprobación pública que lo confirmara. El caso está en la Fiscalía.
Más de un millón de pesos faltante fue a dar a otra cuenta. Ese dinero no ha sido reintegrado primero porque fue depositado a la cuenta de una persona física en un banco distinto al de las cuentas de la ASE, al parecer en Michoacán, y en segundo lugar, porque el banco encontró que el dinero fue sustraído con un token y una clave del cuentahabiente, es decir, por alguien en la ASE con acceso al dispositivo electrónico de seguridad para hacer movimientos en la cuenta.
“Hackeo”, lo que se dice “hackeo”, entonces no hubo tal. Se habla de algo más próximo a un vulgar robo mediante abuso de confianza, un problema de seguridad que la propia ASE propició, no el banco.
Personal de entonces en la ASE no encuentra sorprendente que eso ocurriera porque la cúpula del órgano fiscalizador era una fiesta con los manejos bancarios a distancia: la administradora tenía que lidiar con el hecho de compartir el “control” de cuentas bancarias con otros cinco funcionarios que también tenían token y contraseña para movimientos. Las cuentas eran unas pilas de agua bendita donde varios podían meter mano. Cuánto más se tardará la Fiscalía en darle promoción a proceso, no lo ha dicho. Como no sea que el expediente se pierda en un traslado de cajas.
La “nómina fantasma”, una colección de “enchufados” al gasto de plantilla de la ASE, elevó el costo y dañó al erario. También es materia de denuncia penal y a la ASE los responsables tendrán que pedirle un arreglo, una reparación del daño. La titular de la ASE, Rocío Cervantes, ha sido muy cauta, a diferencia de los diputados, que han buscado con avidez prometer mediáticamente que no habrá perdones ni facilidades para Mariano Niño y lo que salga al paso en vinculaciones a proceso por corrupción.
La “nómina fantasma” se integró con los compromisos y afectos de los diputados de la pasada legislatura, pero también con los del staff que rodeaba al auditor. Lo grave para ese auditor titular es que su firma respaldaba contrataciones y salidas de pago. Algunas personas han declarado el uso de sus nombres y datos como “beneficiarios”, o bien se reconocen como “aviadores”. Además de la turba de “enchufados”, también se daba el caso de cheques de pago que se expedían a un nombre y los cobraba alguien más.
La titular de la ASE llevará una gran presión en promover el merecido castigo a la cleptocracia de brocha gruesa que le antecedió, pero también la Fiscalía, porque no está para dejar pasar. Personajes de la pasada legislatura interesados en bloquear procesos, torcer o gestionar dispensas, los hay, pero también en la actual, si se hace memoria a la forma como instalaron desde el gobierno de Toranzo a un auditor vulnerable, rodeado éste por un staff que hizo lo que quiso porque se lo permitió la patente de unos diputados corruptos hasta la médula.
Hay un par de iniciativas para reformar el Reglamento de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, así como la Ley de Fiscalización porque Mayorga tuvo razón en cuanto a las fallas en la articulación del nuevo ente evaluador de la ASE, que ahora coordina Ovidio Robledo Gómez. Por ejemplo, dejaron sin contraloría interna a la ASE, así que le nombrarán un contralor nuevo, que puede ser clave del manejo de temas como los del “hackeo” y la “nómina fantasma”. La guerra por las posiciones va a jugar mucho, por el poder que puede desdoblar y movilizar.
Las iniciativas también definen cargos de los colaboradores del coordinador de evaluación, puestos clave para fiscalizar obras, manejos y aspectos jurídicos: si ponen a más burócratas grises y hechos al modo de intereses partidistas, va a ser otro fracaso para la vigilancia puntual del actuar de los gobiernos y las instituciones autónomas en todos los niveles.
ROLLOS SUELTOS
ÉPICA ESTUDIANTIL. La primera edición de “El acecho conservador y el oportunismo político”, la trama histórica de las movilizaciones estudiantiles en la UASLP que fueron repercusión del 68, se publicó en condiciones precarias y casi de clandestinidad. Uno de los autores recuerda haber “rescatado” algunas decenas de ejemplares en la presentación, cuando se dieron cuenta que unos sujetos se llevaban lo que podían sobre la mesa de ventas.
REPENSAR LA HISTORIA. José Luis Sandoval Torres, José Javier Martínez Ramos y Pedro Hernández Sánchez hicieron una segunda edición, enriquecida con una vasta hemerografía y una mejor producción, publicada por Colofón. Tendrá dos presentaciones: en el Centro de las Artes, el 13 de junio, con Eudoro Fonseca Yerena como comentarista, y al día siguiente en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UASLP, comentado por la diputada morenista Marite Hernández Correa.
