A-AA+
Para tratar de justificar el impago a Pensiones, la pasada directiva de la Auditoría Superior recurrió a un enredo de ampliaciones reales y supuestas que subraya los manejos erráticos y poco solventes del dinero en el organismo facultado para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos.
Entre los asuntos que dejó pendientes el ex titular de la Auditoría Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, la Contraloría Interna del organismo revisor, registró un enredado e inexplicable adeudo con la Dirección de Pensiones del Estado.
La entrega administrativa se realizó en julio de 2017. Para el 18 de septiembre de ese mismo año, una vez cotejada, se corría turno al área de Denuncias e Investigación de la Contraloría Interna para que instaurara procedimiento a quien resultara responsable.
Dos años después, en septiembre pasado, la ASE anunció que su equipo jurídico presentaba denuncia penal contra ex funcionarios de la anterior administración por un daño patrimonial de 34.5 millones de pesos, derivado éste del desvío sistemático de las aportaciones de los trabajadores a Pensiones del Estado: la ASE descontaba puntualmente a cada empleado, pero las contribuciones no llegaron nunca a Pensiones.
La administración de Martínez Loredo pidió y obtuvo una ampliación presupuestal de 20 millones de pesos para pagarle a pensiones, pero sólo empleó en eso la tercera parte, según lo poco que permite documentar un intercambio de oficios entre Finanzas, los diputados de la Comisión de Vigilancia de ese entonces (sí, la de “La ecuación corrupta”) y un desesperado Jesús Martínez Loredo.
En el turno para investigación de la ASE, se sintetiza el asunto “que al cierre del ejercicio 2016, el adeudo con la Dirección de Pensiones del Estado ascendía a $17,772,258.00, asimismo que se solicitó a la Comisión de Vigilancia la autorización (de ampliación presupuestal) por la cantidad de $36,118,279.30, no obstante la Secretaría de Finanzas únicamente depositó la cantidad de $20,000,000 quedando un saldo pendiente de $16,118,279 y según se manifiesta por este motivo no se cubrió el total del adeudo”.
Seis meses antes de que se fuera Martínez Loredo, la lideresa del SUTSGE, Bernardina Lara, envió una carta al gobernador con varios motivos de queja, entre ellos el los impagos de la ASE a Pensiones. La dirigente sindical atribuyó el problema a un desvío de “los recursos que corresponden a la aportación de los trabajadores ante la Dirección de Pensiones del Estado, se informó a esta organización sindical que con ese monto se completa la nómina”.
Ya como encargada de la ASE, la ahora auditora Rocío Elizabeth Cervantes Salgado advierte por oficio en agosto de 2017 que hay un adeudo con Pensiones “con un saldo de $33’750,015, por lo que es importante mencionar el rezago que se tiene al día 15 de junio por el concepto mencionado que ya asciende a la cantidad de $35’346,740.00, a lo cual se le debe dar seguimiento al acuerdo establecido del C.P. José Luis Montes Ugalde (sic) Secretario de Finanzas en el Estado, en reunión celebrada en el mes de marzo del presente año, en la que comprometió a proporcionar una remesa mensual de $10’000,000’’ (diez millones de pesos) durante tres meses” para cubrir el compromiso. La tal remesa no llegó.
En una tarjeta interna denominada “Trámite de Presupuesto para el cierre del ejercicio 2016”, sin membretes pero con rúbricas y expedientada, se explica que en el mes de octubre de 2016 se hizo una proyección del presupuesto necesario para el cierre del ejercicio y se encontraron con un huecote en las finanzas de $36 millones 32 mil 572 pesos con 31 centavos.
Le solicitaron por oficio a la Comisión de Vigilancia del Congreso, el 10 de octubre de ese año, que les autorizaran “en su totalidad el importe requerido”. La Comisión a su vez gira oficio en noviembre a la Junta de Coordinación Política para pedir la ampliación presupuestal para tapar el hoyo, pero esta no les contestó.
El auditor solicitó una reunión con la Jucopo, que le concedieron en el Salón Verde del edificio de plenos. Martínez Loredo se llevó con él a Abraham Reinhardt, su coordinador de Auditorías Especiales; a Jorge Hugo Medrano, jefe de Contabilidad de la ASE y a Gloria Raquel Rivera, su coordinadora de Administración y Finanzas. La tarjeta dice que el auditor expuso el problema y asegura que “en su mayoría” los integrantes de la Jucopo estuvieron de acuerdo en lo solicitado, “pero cuando se encontraba a punto de concluir la reunión se presentó personal de vigilancia solicitando que se desalojara el edificio en razón de riesgo por los manifestantes que se encontraban en la Plaza de Armas”. El desalojo impidió que se concretara un acuerdo. “Posteriormente ya no se recibió respuesta por parte de dicha comisión”, cierra el episodio ese.
Entonces la ASE envió en diciembre de 2016 oficios al director de Control Presupuestal de Finanzas, Raymundo Torres Aragón, y al titular de esa secretaría, José Luis Ugalde Montes, “solicitando autorización para ampliación presupuestal” por 20 millones de pesos “para cubrir los compromisos financieros de remuneraciones al personal de fin de ejercicio, mismos que fueron aprobados y depositados en la cuenta bancarisa No. 021779673” de Banorte, a nombre de la Auditoría.
En efecto, el 7 de diciembre el director de Planeación y Presupuesto, Manuel Algara Cossío, le comunica al auditor que los 20 millones de ampliación presupuestal fueron autorizados a la ASE para cubrir “compromisos financieros de fin de año, en el rubro de servicios personales y en el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado”.
En los oficios de gestión de esos 20 millones no se mencionan nunca el hoyo financiero por deudas a Pensiones, eso era aparte. Cierran 2016 si abonarle un peso, como confirma la Dirección de Pensiones a una solicitud de información sobre los abonos realizados por la ASE de 2015 al primer semestre de este año. No es hasta fines de marzo de 2017 que aparece un abono de 6 millones 596 mil 292 pesos con 02 centavos para bajarle a una deuda que ya iba sobre los 37 millones de pesos.
Pero cuando fue necesario entregar cuentas tras el escándalo de “La ecuación corrupta”, la cronología financiera del tema con Pensiones cambió a la hora de dar explicaciones. Asegura entonces en una tarjeta sobre el tema que los 20 millones que le dieron para cubrir nóminas e impuestos, eran para pagar el adeudo entonces de 36 millones con Pensiones, “quedando un saldo pendiente de $16’118,279 por lo que no fue posible llevar a cabo el pago proyectado correspondiente al ejercicio 2016”.
Expone que en marzo de 2017, convocado a una reunión en Palacio de Gobierno para acordar una solución con la lideresa del SUTSGE, Bernardina Lara, el entonces secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, se comprometió a entregar a la ASE “una remesa mensual de $10´000,000.00 durante tres meses como adelanto del presupuesto autorizado una vez que se contara con autorización de la Jucopo”. El acuerdo, aseguró el auditor en un oficio, estaba pendiente y había que darle seguimiento.
La sucesora de Martínez Loredo se puso a buscar el famoso compromiso que le atribuyeron a Ugalde, quien contestó en enero de 2018 que las remesas mensuales “de adelanto al ejercicio fiscal 2017” no se dieron nunca porque sencillamente “esta Secretaría de Finanzas no conoce el acuerdo de la Comisión de Vigilancia al que hace referencia”.
Desmadejar los adeudos, los enredos para supuestamente solucionarlos y las fantasías financieras para justificar el impago le ha llevado a la ASE una lentísima indagatoria.
Nada más falta que la Fiscalía no se quiera poner a recomponer desde ceros como acostumbran en todos los casos de funcionarios públicos.
Un enredo millonario de recursos públicos sin culpables no será creíble nunca para los ciudadanos.
ROLLOS SUELTOS
LA CUENTA DEL MIJIS. Con tantos atentados que dice haber sufrido el diputado Pedro Carrizales “El Mijis”, solicitamos a la Fiscalía cuántas denuncias penales ha presentado “por atentados contra su vida, agresiones con arma de fuego en su contra; daños propiedades o lesiones entre el 15 de septiembre de 2018 y 18 de septiembre de 2019”.
EL TRUCO. La Fiscalía nos contestó que “no obra estadística” de eso y luego recurrió al leguleyismo de manual para “privatizar” lo que el propio diputado se ha encargado de hacer asunto público. Que no puede contestar porque se trata de cuestiones de persona privada, aunque el legislador ha hecho shows muy publicitables de todo.
A SABER. Si hay una amenaza que atenta contra representantes públicos, los potosinos merecen saberlo. Y también merecen saber si la Fiscalía es una entidad incapaz de atrapar a los “malos” que agreden una semana sí y la otra también al diputado.
NINGUNA. Lo más seguro es que, como todo mundo sospecha, el juego favorito del legislador es la autovictimización y a eso le apuesta, pero todo es más drama que “La Rosa de Guadalupe”.
PROTESTA TRANQUILA. Luego de alguna efervescencia, la elecciones del sindicato administrativo de la UASLP se realizaron de maner tranquila y ayer tomó protesta el nuevo comité.
LA TIRA DE LAS NETAS
FACTURAS DEL TIEMPO
“Echo de menos la marihuana. Si ahora pegase una calada grande, tendría que ir corriendo a esconderme debajo de la cama”.
Iggy Pop, rockero, sobre su vida y los escenarios a los 72 años de edad, cuando ha cambiado las drogas por los jugos naturales y los ejercicios de qigong. ICON (5/X).
YA NI DE HULE…
“Solo tengo este chequesote, pero es de cartón y de qué sirve”.
Edith López Rivera, alcaldesa perredista de Cochoapa, Guerrero, sobre el cheque simbólico por 21 millones de pesos que recibió del presidente López Obrador en julio pasado, de recursos obtenidos de subastar bienes del narco. Los recursos reales no han llegado todavía a la alcaldía. Reforma (5/X).
