Argentina advierte incrementos de beneficios judiciales para exrepresores
BUENOS AIRES (EFE).- La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina manifestó este viernes su preocupación por el incremento de beneficios procesales, como prisiones domiciliarias y libertades condicionales, por parte de la Justicia, a condenados por crímenes de lesa humanidad, según informaron fuentes oficiales.
“Ante el incremento de estos beneficios, se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados y peritos para analizar cada caso e impedir decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial”, indicó en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos.
Se trata de delitos que representan violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar del país (1976-1983).
Desde el año 2006 hasta el 3 de junio pasado, se han condenado a 1,070 personas por crímenes de lesa humanidad y dictaminado la absolución a 161 de 278 acusados por tribunales de Argentina en 3.609 casos investigados, de acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal.
De los detenidos, 565 se encuentran bajo el beneficio de arresto domiciliario, 118 en establecimientos penitenciarios y 67 en otras instituciones, que refiere en su mayoría a guarniciones militares.
Además, 516 están procesados con causas en trámite y hasta el momento solo seis juicios finalizaron este año.
En este sentido, 1.492 personas transitan los procesos judiciales en libertad, mientras que 750 permanecen detenidas y 21 individuos se encuentran prófugos de la Justicia.
“El Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad”, indicó el comunicado difundido.
La Secretaría creó, en agosto de 2021, un cuerpo de peritos que interviene como querellante para mantener un seguimiento y control sobre el otorgamiento de estos beneficios.
La institución trasmite a los tribunales la voz de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado ante un posible reclamo de morigeración de las penas.
“Mediante estas acciones, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y que decida con la mayor rigurosidad antes de otorgar una prisión domiciliaria o una libertad condicional. Beneficios que pueden exponer a las víctimas y que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino”, argumentó la institución.
BENEFICIO PARA EXREPRESOR
La situación que retrata la Secretaría se produce después de que la Cámara Federal de Casación Penal argentina concediera esta semana la prisión domiciliaria al exrepresor Miguel Etchecolatz, condenado por delitos de lesa humanidad en 2006.
El exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar había sido encontrado culpable como coautor de secuestros, tormentos y homicidios de dos personas.
También tuvo a su cargo centros clandestinos de detención del circuito represivo denominado "Circuito Camps". En total, pesan sobre él ocho condenas, de las cuales cinco son a prisión perpetua.
Los jueces beneficiaron a Etchecolatz tras los argumentos que presentó su defensa por la avanzada edad (93 años) del exrepresor y el deterioro de su salud ante la presunta falta de recursos médicos del Servicio Penitenciario Federal.
