China limita su definición de muertes por COVID

China sólo cuenta las muertes de neumonía o fallo respiratorio en sus estadísticas oficiales de muertos por COVID-19, según dijo un responsable chino de salud. Es una estricta definición que limita el número de decesos reportados, en medio de un brote del virus tras el levantamiento de las restricciones contra la pandemia en el país.
Las muertes de pacientes con problemas médicos previos no se incluyen entre los fallecimientos de COVID-19, dijo Wang Guiqiang, responsable de enfermedades infecciosas en el Hospital Número 1 de la Universidad de Peking.
China siempre ha empleado criterios conservadores en sus estadísticas médicas, ya sean para la gripe o para el COVID-19. En la mayoría de los países, como Estados Unidos, las recomendaciones estipulan que cualquier muerte donde el COVID-19 fuera un factor se contabiliza como muerte asociada al COVID-19.
En la práctica, las declaraciones de Wang el martes simplemente aclaraban de forma pública lo que ha hecho el país durante toda la pandemia.
China no reportó decesos por coronavirus el miércoles, y de hecho restó uno del conteo oficial, que quedó en 5.241 personas en total, según el reporte diario de la Comisión Nacional de Salud, que no dio un motivo para la retirada.
La aclaración de cómo registra China oficialmente las muertes de COVID-19 se conoció en medio de un aumento de los casos en todo el país tras el levantamiento de las restricciones. Pero resulta difícil hacerse una idea precisa del brote porque las autoridades han dejado de exigir pruebas frecuentes de PCR y mucha gente se hace las pruebas en casa. Hay datos anecdóticos de muchos enfermos en ciudades como Beijing y Shanghái.
Shanghái se vio golpeada este año por un brote impulsado por la variante ómicron. Mucha gente dijo a AP entonces que sus familiares ancianos que dieron positivo en COVID-19 y murieron no habían entrado en el conteo oficial de fallecidos de la ciudad. Cuando los pacientes tenían enfermedades subyacentes, sus muertes se atribuyeron a esos problemas previos.
Una investigación de AP reveló después que los datos se han visto disimulados por la forma en la que las autoridades de salud hacen sus estadísticas, ya que aplican criterios muy estrechos, poco transparentes y en ocasiones variables, como ocurrió en Shanghái cuando las autoridades cambiaron su definición de casos positivos.
Esos criterios más restrictivos han implicado que la cifra de muertos por COVID-19 siempre será considerablemente más baja que la de otros países.
Un periodista de Associated Press vio cómo se sacaba a varias personas de funerarias en Beijing la semana pasada, y dos familiares dijeron a AP que sus allegados habían fallecido tras dar positivo en COVID-19. Sin embargo, el país no reportó ninguna muerte por la enfermedad la semana pasada.
Cada país cuenta los casos y las muertes de forma diferente, y a menudo las comparaciones directas dan poca información debido a la irregularidad de las pruebas diagnósticas.
Sin embargo, los expertos han reiterado que las autoridades deben errar por el lado de la prudencia cuando cuentan los muertos. Los problemas en esos conteos han provocado dudas en países desde Sudáfrica a Rusia.
La Organización Mundial de la Salud estimó en mayo que casi 15 millones de personas habían muerto de COVID-19 o por la sobrecarga de los sistemas de salud en los primeros dos años de la pandemia. Eso está por encima de la cifra oficial de muertos de 6 millones de personas para ese periodo.
Migrantes en la frontera de México con Estados Unidos buscaban cobijo del frío el miércoles de madrugada, mientras las restricciones que impidieron que mucha gente pidiera asilo en Estados Unidos se mantenían más allá de la fecha prevista.
El gobierno de Estados Unidos pidió el martes a la Corte Suprema que no retirase los límites antes de Navidad, al día siguiente de que el presidente del tribunal, John Roberts, emitiera una orden temporal para mantener las restricciones introducidas durante la pandemia. Antes de que Roberts emitiera esa orden, estaba previsto que expirasen el miércoles.
En Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera desde El Paso, cientos de migrantes seguían haciendo fila con la esperanza de que se retirasen las restricciones y pudieran pasar.
En Tijuana, donde se estimaba que 5.000 migrantes se alojaban en más de 30 refugios y muchos más arrendaban cuartos y apartamentos, la frontera estaba tranquila el martes por la noche, cuando circularon las noticias entre los aspirantes a solicitar asilo de que nada había cambiado. Varios muros coronados por alambre de cuchillas de casi 10 metros (30 pies) de altura colocados a lo largo de la frontera con San Diego convertían la zona en un desafío para los cruces ilegales.
Amparándose en las restricciones, las autoridades expulsaron a solicitantes de asilo que estaban en Estados Unidos en 2,5 millones de ocasiones y rechazaron casi a todos los que pidieron asilo en la frontera con el argumento de impedir los contagios de COVID-19, según una norma de salud pública llamada Título 42. Tanto Estados Unidos como el derecho internacional garantizan el derecho a pedir asilo.
El gobierno federal también pidió al tribunal que rechace los intentos de último minuto de parte de un grupo de estados de tendencia conservadora por mantener la medida. Admitió que poner fin a las restricciones probablemente provocaría "trastornos y un aumento temporal de cruces fronterizos ilegales", pero puntualizó que la solución no es extender la orden de forma indefinida.
Debido a que una decisión al respecto podría darse hasta el último momento, la presión se ha estado acumulando en las comunidades de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.
En El Paso, Texas, el alcalde demócrata, Oscar Leeser, advirtió que los albergues de Ciudad Juárez se encuentran a su máxima capacidad, con unos 20.000 migrantes dispuestos a cruzar a Estados Unidos.
En un momento dado el martes por la noche se permitió que algunas personas entraran en grupos a través de una puerta en el muro entre los dos puentes que conectan el centro de El Paso con Ciudad Juárez, lo que no es inusual en ese punto de la frontera. La noticia de que se había abierto la puerta hizo que cientos de personas corrieran por las orillas de concreto del Río Bravo, dejando atrás hogueras humeantes.
La ciudad texana tomó medidas para ampliar su capacidad para recibir a más gente y adaptó edificios grandes como albergues, mientras que la Cruz Roja puso a disposición 10.000 catres. Las autoridades locales también esperan aliviar la presión sobre los albergues de la zona mediante el traslado de migrantes a otras ciudades grandes de Texas y de estados aledaños, acercándolos a familiares o patrocinadores en coordinación con organizaciones sin fines de lucro.
"Seguiremos preparados para lo que venga", señaló Leeser.
El estado desplegó esta semana a elementos de la Guardia Nacional de Texas en El Paso, donde utilizaron alambre de púas para cubrir una apertura en la valla fronteriza en los márgenes del río Grande (o Bravo), la cual se convirtió en un cruce popular en los últimos días para los migrantes que vadearon las aguas poco profundas para acercarse a los funcionarios de inmigración. Los agentes usaron un altavoz para anunciar en español que es ilegal cruzar por ese punto.
Texas anunció el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad fronteriza luego de que las autoridades locales declararon un estado de emergencia. Leeser dijo que la declaratoria era con el objetivo principal de proteger a los migrantes vulnerables, aunque un comunicado de la Guardia Nacional de Texas señaló que el despliegue incluyó fuerzas utilizadas para "repeler y enviar de regreso a los inmigrantes ilegales".
En San Diego, una sensación de normalidad regresó al cruce fronterizo de mayor actividad del país a pesar de la incertidumbre. La Cámara de Comercio de San Ysidro indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) les informó que la mitad occidental del enorme cruce peatonal, la parte más moderna, reabriría para quienes viajan a Estados Unidos a partir del miércoles a las 6 de la mañana. Los carriles, que llevan a un lujoso centro comercial, han estado cerrados a casi todos los migrantes desde principios de 2020 para facilitar el procesamiento del Título 42.
La reapertura se produce "justo a tiempo para los compradores de último minuto, quienes visitan a sus familiares y para aquellos que trabajan durante las festividades", escribió la cámara a sus integrantes. Indicó que desconocía cuándo se reabriría la zona para quienes viajan a México desde Estados Unidos.
Activistas por los derechos de los migrantes han dicho que las restricciones del Título 42, impuestas en disposiciones de una ley de salud de 1944, van en contra de las obligaciones nacionales e internacionales con las personas que huyen hacia Estados Unidos para escapar de la persecución, y que el pretexto es obsoleto debido a las mejoras en los tratamientos para combatir al coronavirus. Los activistas interpusieron una demanda para poner fin al uso del Título 42. Un juez federal avaló su argumento en noviembre pasado y fijó el 21 de diciembre como fecha para terminar con el uso de la norma.
Los estados de tendencia conservadora argumentaron que el aumento en el número de inmigrantes repercutiría en servicios como la seguridad pública y la atención médica, y advirtieron de una "calamidad sin precedentes" en la frontera sur. Dijeron que el gobierno federal no cuenta con un plan para lidiar con el aumento de migrantes.
El gobierno federal se opuso a la apelación e informó el martes al tribunal que ha destinado más recursos a la frontera sur en preparación para el fin del Título 42. Esto incluye más coordinadores de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, un reforzamiento de la vigilancia y más seguridad en los puertos de entrada, de acuerdo con el gobierno de Biden.
Actualmente hay unos 23.000 agentes desplegados en la frontera sur, según la Casa Blanca.
"La solución a ese problema de inmigración no puede ser prorrogar indefinidamente una medida de salud pública que todos reconocen ahora que ha superado su justificación de salud pública", escribió el gobierno en su solicitud al máximo tribunal.
Sin embargo, el gobierno federal también pidió a la Corte Suprema que le diera algo de tiempo para prepararse en caso de que permita que se levanten las restricciones al asilo. Si la Corte Suprema toma una decisión antes del viernes, el gobierno quiere que las restricciones continúen en vigor hasta el final del día 27 de diciembre. En caso de que la corte tome una determinación el viernes o después de esa fecha, el gobierno quiere que las restricciones sigan vigentes hasta el segundo día hábil posterior a la orden.
En un albergue afiliado a una organización religiosa en El Paso, a unas cuadras de la frontera, el reverendo Michael Gallagher dijo que los líderes religiosos locales han intentado recaudar recursos y adaptar espacios disponibles. El martes, un gimnasio de la iglesia del Sagrado Corazón albergó a 200 migrantes, en su mayoría mujeres y niños.
Las restricciones de Título 42 aplican a todas las nacionalidades, pero se han ejercido en mayor medida a los migrantes de países a los que México acepta recibir tras ser expulsados por Estados Unidos: Guatemala, Honduras, El Salvador, y más recientemente Venezuela, además de México.
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